Derecho a la vivienda
La PAH exige frente a los Juzgados de Gandia que se paralice el desahucio de una familia con tres menores

La familia de Alisa y José, residentes en el municipio de Oliva y con tres menores a su cargo de cinco, once y trece años de edad, denuncian ser víctimas de un incendio que en abril de 2015 les dejó sin vivienda. Sin otra alternativa que quedar en situación de calle, esta familia decidió ocupar un piso que se encontraba vacío, propiedad del fondo buitre Gramina Homes, del cual Bankia y CaixaBank son accionistas.

Tras cinco intentos de desahucio frustrados por acciones de mediación y desobediencia llevadas a cabo por la familia junto con la PAH, esta mañana el Juzgado de Instrucción Nº2 de Gandia ha vuelto a activar el caso y mantiene la fecha del desahucio de esta familia para el próximo 29 de enero de 2021. “Vivimos con nuestros hijos en una incertidumbre constante”, explican.

Desde julio de 2017, la familia viene reclamando que la entidad le conceda un alquiler social, ya que cumplía con los requisitos estipulados en el Código de Buenas Prácticas que desde 2012 regula este tipo de alternativa

Desde julio de 2017, la familia viene reclamando que la entidad le conceda un alquiler social, ya que cumplía con los requisitos estipulados en el Código de Buenas Prácticas que desde 2012 regula este tipo de alternativa. Dicha solicitud fue apoyada también por los Servicios Sociales, a través de un informe donde se certificaba su situación de precariedad y vulnerabilidad. “Su situación económica les impide costearse cualquier gasto extra que no sea el de cubrir las necesidades básicas”, relataba el documento. A pesar de las mediaciones de la PAH y de las instituciones para conseguir un acuerdo de alquiler social, la plataforma reclama que el fondo de inversión nunca contestó a dicha solicitud.

Un caso de largo recorrido que la plataforma ha llevado incluso al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, que en junio de 2018 solicitó al Estado español que suspendiera el desahucio como medida provisional, ante la falta de alternativa habitacional y la situación de vulnerabilidad documentada por los servicios sociales. Unas medidas provisionales que el pasado mes de octubre quedaban sin efecto tras una nueva resolución del Comité, en la que finalmente desestima la denuncia presentada por Alisa y su familia por no haber fundamentado suficientemente su situación de vulnerabilidad.

El déficit de parque público se traduce en una lista de espera en la que figuran más de 10 mil personas, según ha informado el Comité DESC el pasado mes de octubre

Sin embargo, hace ya más de tres años que la familia se registró como solicitante de vivienda pública de la Generalitat Valenciana, pero el déficit de parque público se traduce en una lista de espera en la que figuran algo más de 10 mil personas, según ha informado el Comité DESC el pasado mes de octubre. “Tres años después, con muchas negociaciones y promesas, continúan sin tener una solución habitacional”, declara Joan Cogollos, portavoz de la PAH Safor-Valldigna.

En 2019, el Conseller de Vivienda valenciano, Rubén Martínez Dalmau, se pronunció sobre este caso, interviniendo en las negociaciones con la entidad bancaria y consiguiendo aplazar el desahucio mientras se buscaba una solución habitacional. También el Ayuntamiento de Oliva se había comprometido, según informa la PAH, a proporcionar una alternativa habitacional de emergencia para esta familia. Una solución que a fecha de hoy sigue sin concretarse.

“Las instituciones deben ofrecer una alternativa habitacional o negociar con estos fondos de inversión para conseguir un alquiler social”, señala Cogollos, y añade: “si no actúan, esta familia, con tres menores a su cargo, quedarán en la calle”. La PAH Safor-Valldigna denuncia además que al menos otras cinco familias se encuentran con fecha de desahucio fijadas para el próximo trimestre.