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Conflicto de intereses en el contrato de BlackRock con la Comisión Europea, según la Defensora del Pueblo

Desde un comienzo levantó sospechas. El concurso que le otorgó a una de las mayores gestoras de fondos del mundo, BlackRock, para elaborar las guías y normas de supervisión bancaria en criterios de gobernabilidad, ambientales y sociales fue criticado y señalado por organizaciones sociales y partidos políticos. Ya no solo despertó protestar por el hecho de que desde muchos sectores se entiende el movimiento como dejar a las ovejas en manos de un lobo y el enorme conflicto de intereses que puede suponer que la accionista mayoritaria de entidades como el Banco Santander sean las que marquen las líneas de la regulación bancaria, sino además porque la oferta era excesivamente barata. La oferta presentada por la gestora de fondos era casi la mitad de lo que la Comisión Europea había calculado y que las presentadas por sus competidores.

Todo ello despertó las sospechas de integrantes del grupo parlamentario europeo de los Verdes/EFA, que llevaron el asunto ante la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly. El 15 de septiembre, O’Reilly publicó un informe de inspección en el que se exponían las respuestas de la Comisión Europea. Hoy, 25 de noviembre, ha publicado sus conclusiones.

La Defensora del Pueblo confirma que la CE que existe un riesgo real de que BlackRock pueda utilizar el contrato para influir en la legislación de la Unión Europea a su favor

El texto es claro: la Defensora del Pueblo confirma que la Comisión no fue suficientemente vigilante en sus comprobaciones y que existe un riesgo real de que BlackRock pueda utilizar el contrato para influir en la legislación de la Unión Europea a su favor. Debido a este claro conflicto de intereses, la Defensora del Pueblo considera “dudosa” la decisión de la Comisión de no excluir a BlackRock del procedimiento de licitación. “Una solicitud de una empresa para llevar a cabo un estudio destinado a alimentar la política que regulará los intereses comerciales de esa empresa debería haber dado lugar a un examen mucho más crítico por parte de la Comisión”, ha declarado O’Reilly.

“Esta decisión es clara: la Comisión debe sacar las consecuencias y cancelar el contrato inmediatamente”, ha declarado el eurodiputado Ernest Urtasun, integrante del grupo parlamentario europeo que realizó la denuncia. “Tanto en el precio anormalmente bajo de la oferta de BlackRock como en lo absurdo de la ‘segregación física’ que se supone que impide cualquier intercambio de información dentro de la empresa”, explica Urtasun en referencia a los argumentos de defensa que expusieron desde BlackRock en los que decían que sus servicios de inversión y los encargados del estudio no eran dos departamentos que compartieran información.

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Normas sobre conflicto de intereses

Aunque, según el Defensor del Pueblo, la CE podría haber hecho más para verificar si no se debía adjudicar el contrato a la empresa, debido a un posible conflicto de intereses, en sus declaraciones hoy también han mostrado su preocupación y ha señalado que el problema subyacente estriba en las actuales normas de la UE sobre contratación pública. Por ello, llevará el asunto a la pata legislativa europea e instigará a las instituciones europeas a que tome cartas en el asunto.

“El riesgo de conflictos de intereses cuando se trata de adjudicar contratos relacionados con la política de la UE debe considerarse de manera mucho más enérgica tanto en la legislación de la UE como entre los funcionarios que toman estas decisiones”, afirma O'Reilly. “No se puede adoptar un enfoque de casilla de verificación para la adjudicación de determinados contratos. Tratar a los licitadores de contratos por igual es importante, pero no tener en cuenta otros factores críticos de manera adecuada al evaluar las ofertas no sirve en última instancia al interés público”.

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