Cárceles
Muere un joven de 32 años en la prisión de Zaballa, ya son 118 en lo que va de año

Un joven navarro de 32 años ha fallecido en la prisión alavesa de Zaballa. Algunos compañeros lo han encontrado ahorcado en su celda y los esfuerzos por reanimarle han sido en vano. La asociación Salhaketa, en defensa de los derechos de las personas presas, ha informado hoy, 15 de septiembre, de que esta persona habría solicitado en vano, desde el momento de su traslado a la prisión alavesa el pasado mes de agosto, la asistencia de un psicólogo.

Salhaketa contabiliza 118 muertes en prisiones en lo que va de año. En 2019 fueron 194 presos –185 hombres y nueve mujeres– las que murieron privadas de libertad, según datos de Instituciones Penitenciarias. La mayoría, señalan desde esta asociación, son personas que aparecen muertas por motivos no naturales. El covid, apuntan, ha exacerbado la falta de información y la opacidad por parte de Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministerio de Interior.

Cuatro concentraciones simultáneas reivindican unas condiciones más justas para los presos

Redacción El Salto

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Redacción El Salto

Las peticiones Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Atsasuko Gurasoak y Sare Herritarra de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas para hacer frente al covid-19 han contado con la adhesión de todos los sindicatos de Navarra, buena parte de los partidos políticos y hasta 24 asociaciones. 

Desde la organización se exige, entre otras medidas, que el Ministerio Fiscal “no se inhiba e investigue siempre de oficio estas muertes la mayoría de ellas en extrañas circunstancias”, que se informe desde las direcciones de las prisiones a las familias “con imparcialidad” y se faciliten a las familias “todos los apoyos necesarios para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del mal funcionamiento de la administración de justicia”.

La inmediata excarcelación, tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas “así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio”, es otro de los puntos que destaca esta organización.

El caso del preso vasco Igor González, fallecido el 4 de septiembre, que había cumplido tres cuartas partes de su condena, que se encontraba enfermo, que ya había intentado el suicidio en dos ocasiones, y que finalmente acabó con su vida en la prisión de Martutene, ha sido el motivo de una declaración que hoy han firmado representantes de diez grupos parlamentarios, encabezados por EH Bildu y PNV, en la que se reclama el deber del Estado “de velar por la vida de las personas privadas de libertad”.

La declaración incluye la exigencia de que se ponga fin a la política de dispersión de presos vascos “para dar paso a una legislación penitenciaria adecuada al nuevo tiempo, respetuosa con los derechos de los y las presas vascas”.