Catalunya
El PSC del Ayuntamiento de Barcelona vota a favor de anteponer el derecho a la vivienda frente a la especulación

El pleno municipal celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado por mayoría absoluta una moción a favor de una Ley de Vivienda que anteponga el derecho a la especulación. Impulsada por la PAH, el Sindicat de Llogateres, la Aliança contra la pobresa energètica, la Marea Blanca y también la pensionista, Nadie sin Hogar y Comisiones Obreras, la moción de esta iniciativa ciudadana ha conseguido obtener los votos favorables de ERC, Barcelona En Comú, Junts per Catalunya y PSC. 

Los votos del Partido Socialista han sido los más difíciles de obtener. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, defendió en febrero el compromiso del Gobierno “con la literalidad de los acuerdos” suscritos entre PSOE y Unidas Podemos, entre ellos el promover una Ley de Vivienda que “garantice su fin social”, sin embargo se hizo famoso su pero: “sin ignorar que también se trata de un bien de mercado”. El Gobierno se encuentra ahora preparando dicha ley. 

La importancia de la moción aprobada hoy radica precisamente en las declaraciones de Ábalos y la redacción del texto legal. La duda es clarísima: ¿qué pesará más, derecho o especulación? Con el pleno municipal de Barcelona y los votos del Partido Socialista de Catalunya, la iniciativa ciudadana espera que el mensaje le llegue a Pedro Sánchez y a José Luis Ábalos. 

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“Hay un consenso generalizado de que la vivienda es un problema en el que es necesario poner soluciones. Y es importante ver unidad política y darse cuenta de esa escucha a la ciudadanía. Llevamos doce años trabajando en la PAH. Somos las conocedoras reales de la vivienda y los partidos políticos han recogido el guante y esperamos que se pueda repetir en otros municipios”, explica Lucía Delgado, portavoz de la PAH.

“Nos ha costado un poco convencer al PSC”, reconoce, y espera que “Pedro Sánchez vea que en los municipios donde el PSC forma parte, le está diciendo que ponga por encima del bien especulativo el derecho a la vivienda”.

La iniciativa ciudadanía incluye ocho puntos de mínimos que considera que toda Ley de Vivienda debería incorporar, como son garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible y accesible, asegurar y ampliar el parque público de alquiler social a como mínimo el 20% en 20 años (España se sitúa a la cola de Europa, con un 2,5%), garantizar los suministros básicos y la participación activa de la población en la política de vivienda y urbanismo, así como una moratoria indefinida para los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.