Consejo General del Poder Judicial
La frontera entre las derechas judicial y política se diluye: el CGPJ se posiciona contra la amnistía

A pesar de la oposición de los vocales progresistas del Poder Judicial, el ala conservadora ha conseguido aprobar un comunicado institucional sin precedentes a pocos días de la investidura. Las fuerzas de izquierda lo tildan de “inaceptable”.
CGPJ Vicente Guilarte
El presidente del CGPJ Vicente Guilarte (de frente) y otros miembros del Consejo reunido el pasado mes de julio.
6 nov 2023 20:58

Parece que la investidura del próximo Gobierno de coalición está cerca y la derecha apura el uso de todas sus armas. Esta semana le ha tocado a los jueces. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones casi cinco años, ha emitido este lunes un comunicado institucional hostil y poco usual en el que se posiciona contra la amnistía que, a esta hora, Junts y PSOE tratan de ultimar. “El CGPJ expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España”, reza la instancia apoyada por la mayoría conservadora del órgano judicial.

La iniciativa que, de facto, diluye la línea que separa las estrategias mediáticas de las derechas judicial y política ha emanado de los ocho vocales conservadores elegidos hace ahora diez años tras ser propuestos por el Partido Popular de Mariano Rajoy. La propuesta de celebrar el pleno extraordinario del que ha salido esta declaración generó dudas sobre su legalidad desde un principio entre los magistrados más progresistas. No sobra decir que este comunicado se realiza sobre una potencial legislación sobre la amnistía para las personas encausadas en el procès, pero sobre la que todavía se desconocen los pormenores y el contenido en general. Pero ha dado igual.

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Tampoco le ha importado a la mayoría conservadora que el vocal del CGPJ Álvaro Cuesta, elegido a propuesta del PSOE, exigiese la “desconvocatoria” del pleno sobre esta declaración por “improcedente e ilegal” durante el fin de semana. De hecho, a última hora del domingo, en otro escrito formal, el presidente del órgano de gobierno de los jueces por suplencia, Vicente Guilarte, sostiene que la convocatoria se realizó “de conformidad” con el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ y que, por lo tanto, no ha lugar esa reclamación. Un presidente inesperado y que como reveló InfoLibre, se encuentra bajo la lupa por tener más de 800.000 euros en acciones sin detallar en qué empresas. “No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013, puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023”, sostenía en su escrito Álvaro Cuesta, transmitiendo un sentir general entre el grupo minoritario de seis vocales progresistas del CGPJ.

Reacciones en las fuerzas políticas

“Que se permitan poder criticar una ley que todavía no existe es sorprendente”, reflexionaba el pasado jueves el secretario general del Partido Comunista y diputado por Sumar, Enrique Santiago, que tacha de “campaña de beligerancia” esta instancia aprobada hoy por el CGPJ. Algo que, recuerda Santiago, no hicieron ni en 1986, ni en 1991, ni en 2012, años en los que Gobiernos de turno aprobaron sendas amnistías fiscales. “Lo que deberían hacer, por decencia democrática, es cumplir la Constitución, dimitir de inmediato y facilitar una renovación que está bloqueada desde hace cinco años”.

En esa misma línea se ha posicionado un grupo de más de 200 juristas ha suscrito un manifiesto en respaldo a la “amnistía, la democracia y la convivencia”. En dicho manifiesto, expresan su preocupación por la “desestabilización de las instituciones democráticas organizadas por la derecha, en todas sus vertientes social, política y judicial”. Entre los firmantes, se cuentan abogados, jueces y expertos en derecho, quienes instan a sus compañeros de profesión a sumarse a su declaración. Sostienen que “en el actual contexto, se está intentando artificialmente crear un problema jurídico por parte de aquellos que violan la Constitución cuando les conviene para sus objetivos políticos”. En el mismo documento, critican la postura del Consejo General del Poder Judicial, al que acusan de generar “posicionamientos políticos”.


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