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Corrupción
Grande-Marlaska desestimó un recurso de Fiscalía contrario a la absolución del narco relacionado con Feijóo
Hasta dos candidatos a la presidencia del Gobierno español, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, han pedido en los últimos meses explicaciones al aspirante conservador Alberto Núñez Feijóo sobre las fotografías en las que aparece el candidato del PP junto a Marcial Dorado en 1995, tomadas en el yate del narcotraficante gallego. Según documentación judicial recabada por Hordago-El Salto, fue un juez vasco, Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro de Interior del Gobierno socialista, quien en 2000 desestimó un recurso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la absolución de Marcial Dorado y dos guardias civiles, acusados de liderar una red de contrabando a la que se decomisaron en Santurtzi cinco millones de cajetillas de tabaco en 1992. Este dato no se había hecho público hasta el momento.
Alijo en Santurtzi
La Guardia Civil detuvo en 1992 a Marcial Dorado al estar reclamado por un juzgado de Barakaldo por su presunta implicación con un alijo de cinco millones de cajetillas de tabaco rubio incautado en el buque alemán Eugen Rothoenhoeper. Previamente, en 1990, Dorado había sido detenido en el marco de la Operación Nécora contra el narcotráfico gallego, aunque días después de su encarcelamiento fue puesto en libertad sin cargos.
Paralelamente, el Servicio de Información de la Guardia Civil detuvo en Santurtzi a dos capitanes de este cuerpo a los que presuntamente había sobornado Marcial Dorado, considerado por las Fuerzas de Seguridad del Estado uno de los jefes históricos del contrabando de tabaco en Galicia, con el objetivo de que permitieran la descarga del tabaco en el puerto del municipio. Los agentes estaban acusados de percibir cerca de dos millones de pesetas por su presunta conducta delictiva. Durante el juicio comparecieron 27 testigos, entre ellos un capitán de la Guardia Civil, quien aseguró que la organización acusada de contrabando le ofreció 150 millones de pesetas si permitía la entrada del tabaco en el puerto vizcaíno.
Durante el juicio comparecieron 27 testigos, entre ellos un capitán de la Guardia Civil, quien aseguró que la organización acusada de contrabando le ofreció 150 millones de pesetas si permitía la entrada del tabaco en el puerto vizcaíno.
El fiscal solicitaba un total de 30 años de prisión, así como 23.000 millones de multa. Sobre Marcial Dorado, acusado de liderar la organización, pesaba una petición fiscal de tres años de cárcel y más de 2.300 millones de pesetas de multa. El valor del tabaco incautado en Santurtzi se estimó en 1.166 millones de pesetas. Una hábil defensa, frente a una instrucción calificada en su día de “penosa” y “vergonzante”, dio como resultado una sentencia del juzgado de Barakaldo absolutoria para los diez acusados. Los dos guardias civiles acusados habían ascendido a comandantes.
Sobre Marcial Dorado, acusado de liderar la organización, pesaba una petición fiscal de tres años de cárcel y más de 2.300 millones de pesetas de multa. Los dos guardias civiles acusados habían ascendido a comandantes
Como indica la documentación judicial recabada por Hordago-El Salto, la Fiscalía y el Abogado del Estado recurrieron la sentencia absolutoria, pero la Audiencia Provincial de Bizkaia, con Fernando Grande-Marlaska como presidente, decidió desestimar el recurso en el año 2000. Pese a estar acompañado de dos jueces para la deliberación, Grande-Marlaska se postuló como magistrado ponente que expresó el parecer de la Audiencia Provincial para desestimar el recurso contra la absolución de los acusados dictada por el juzgado de Barakaldo en 1999.
La intervención de Grande-Marlaska en las investigaciones judiciales sobre Marcial Dorado no terminó en el año 2000. Nueve años después, Marcial Dorado fue detenido por orden de Fernando Grande-Marlaska, entonces juez de la Audiencia Nacional, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Dorado era arrestado por inspectores de la Agencia Tributaria a las puertas de la prisión de A Lama, donde iba a pasar la noche en cumplimiento del tercer grado de una condena de tres años por intentar sobornar a dos guardias civiles entre 1997 y 1998 a fin de que le facilitasen la introducción de tabaco ilegal en Galicia. Por este asunto había sido condenado en 2005, cinco años después de que Grande-Marlaska desestimase el recurso contra la absolución de la acusación de intentar sobornar a guardias civiles en Santurtzi para introducir tabaco en el llamado “narco-oasis vasco”.
La Fiscalía y el Abogado del Estado recurrieron la sentencia absolutoria, pero la Audiencia Provincial de Bizkaia, con Fernando Grande-Marlaska como presidente, decidió desestimar el recurso en el año 2000
Marcial Dorado intentó, sin éxito, que los tribunales obligaran al Estado a resarcirle por la incautación de aquel alijo de tabaco en Santurtzi en 1992. Un contrabandista de origen gallego afincado en Bilbao, que habría ejercido de lugarteniente de Dorado en Santurtzi, denunció al Estado, buscando una indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que fue rechazada.
El negocio de mentir y la ruta de la impunidad
En la década de los años 90, las madres que denunciaban la connivencia de personalidades del PP, miembros de las Fuerzas de Seguridad y jueces, con el narcotráfico, aludidas recientemente por Yolanda Díaz en su reproche a Alberto Núñez Feijóo por su relación con el narco Marcial Dorado, llegaron a desplazarse en autobús a un juicio celebrado en Donostia contra una red vasco-gallega de narcos que se acercaban al PP.
Por otro lado, cabe recordar que la petrolera mexicana Pemex, también aludida en el reproche de la candidata de Sumar, manejó en su día el 34,3% de las acciones de Petronor, la compañía que abrió sus puertas giratorias a diversas personalidades del PNV.
Entre los acusados de pertenecer a la organización liderada por Marcial Dorado en Santurtzi se encontraba un histórico contrabandista de origen gallego afincado en Bilbao. A principios de 2002, dos años después de ser absuelto, la Ertzaintza lo acusó de liderar una red de narcotráfico. Para entonces, este contrabandista ya había concedido una entrevista al periodista gallego ya fallecido Pepe Rei, quien meses antes entrevistó a otro tótem del narcotráfico gallego, Laureano Oubiña.
A principios de 2002, dos años después de ser absuelto, la Ertzaintza lo acusó de liderar una red de narcotráfico
El periodista pasó varias etapas de su vida en prisión preventiva, aunque finalmente fue absuelto de las acusaciones que pesaban sobre él. Llegó a ser detenido en varias ocasiones por orden de Baltasar Garzón, el juez que lideró la operación Nécora, un caso en el que ejercían de acusación particular dos asociaciones vascas conocidas de Pepe Rei, Askagintza y Salhaketa.
En el año 2000, Rei dirigió un documental sobre las relaciones de las cloacas del periodismo con la policía patriótica del PP, titulado Periodistas, el negocio de mentir. Un año después dirigió otro documental, Narcos, la ruta de la impunidad, del PP a Intxaurrondo, cuya emisión estuvo vetada en la televisión pública vasca hasta 2019.
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