Desahucios
Denuncian una detención ilegal en el macrooperativo para desahuciar a una jubilada con discapacidad

Este 25 de enero el barrio del Raval amaneció con el estruendo de los furgones de los Mossos d’Esquadra dirigiéndose hacia el número 13 de la calle Bisbe Laguarda para ejecutar el desahucio de una mujer de 65 años con una discapacidad reconocida del 67% y en situación de extrema vulnerabilidad. Ana Cortiñas, quien llevaba más de un mes esperando a que el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona resolviera un recurso para evitar su inminente desahucio cautelar, ha sido finalmente expulsada de la vivienda, precisamente en el mismo bloque en el que hace unos meses se ejecutó el desalojo de tres familias vulnerables, donde una de las inquilinas acabó en urgencias tras apuñalarse a sí misma.

“Los agentes han tirado la puerta de Ana abajo, que estaba sola dentro del piso con una crisis de ansiedad y amenazando con autolesionarse”, denuncian desde el Sindicat de Habitatge del Raval, colectivo del que algunos de sus integrantes estaban presentes en el momento del desalojo. La situación ha derivado en el traslado en ambulancia de Cortiñas y en enfrentamientos entre policía y manifestantes frente a la sede de Servicios Sociales del Raval, a unos metros del lugar del lanzamiento. “No solo nos echan de casa, sino que nos identifican, nos pegan, nos graban, nos persiguen y nos detienen”, denunciaban.

Junto a Àxel A., ya son al menos 19 los encausados vinculados a sindicatos y colectivos por la defensa de la vivienda solo en Barcelona en el último año

La tensión durante el día ha seguido escalando hasta que, durante el proceso de mediación para realojar a Cortiñas, los Mossos d’Esquadra se han llevado detenido a un integrante de la negociación y militante del Sindicato de Habitatge del Raval y de la organización política independentista Endavant OSAN, Àxel A. Tanto estos colectivos como la defensa del encausado aseguran que se trata de una detención ilegal. Horas después, los manifestantes han cortado la calle principal de Les Corts en la ciudad condal, concentrándose ante la comisaría del distrito.

Irregularidades en el dispositivo

La repentina detención de Àxel A. durante la mediación de realojo ha despertado una oleada de indignación entre las organizaciones sociales en Barcelona, pero también en el resto de Catalunya. En este sentido, Mossos d’Esquadra ha declarado a El Salto que su detención no se debía a su presencia en el desalojo, sino a “otro asunto”, refiriéndose al encausamiento del manifestante en el primer macrodesalojo colectivo de Bisbe Laguarda en mayo de 2021.

Vídeo cedido por Endavant Ciutat Vella

Sin embargo, el problema reside en que esta causa ya había sido judicializada y, por tanto, a efectos legales no procede la emisión de una orden de detención policial sin previa autorización del juzgado. Por esta razón, según denuncian las organizaciones y la defensa del detenido —representada por Carles Hurtado, abogado de Alerta Solidària—, al tratarse de una detención derivada de una orden policial emitida de manera unilateral, extrajudicial y sin fundamento demostrado —ya que el encausado no ha cometido ninguna infracción de ningún requerimiento en el marco del citado procedimiento—, se habría efectuado una detención ilegal.

Posteriormente, en el informe policial también se señala al manifestante por presuntamente acometer delitos contra la autoridad y lesiones, unas acusaciones que han quedado finalmente sin efecto al existir material gráfico que lo refutaba. “Para que no se considerase ilegal esta detención, [los Mossos d’Esquadra] se inventan un atentado a la autoridad consistente en un golpe en la mano derecha a un agente. Sin embargo el informe [médico] dice que, aunque este refiere dolor, no hay ninguna agresión”, explica Hurtado. “También dicen que cuando están saliendo del edificio [la sede de Servicios Sociales, donde se produce la detención], Àxel intenta huir, algo que se ha demostrado que es absolutamente falso por un vídeo que graba toda esa secuencia, publicado en redes sociales”, expone.

Preocupación ante las crecientes represalias

Las organizaciones sociales en Barcelona ya han denunciado en los últimos meses una escalada de desalojos rápidos en casos de personas vulnerables y la falta de alternativas de realojamiento, pero también un aumento sostenido de las medidas sancionadoras a los manifestantes que acuden a detener desalojos. Solo en 2021, el movimiento por la vivienda en Catalunya contabilizaba más de 206.000 euros en multas por la ley mordaza. Además, el Sindicat de Habitatge del Raval ha denunciado que a esto se suma “una estrategia política represiva por parte de un Govern que aseguraba que iba a parar los desahucios y no llamar ni a BRIMO ni a ARRO [Brigadas de Mossos d’Esquadra]”.

El descontento derivado del desalojo y la detención del manifestante ha conseguido aglutinar a decenas de personas frente a la comisaría de Les Corts para denunciar “los perfiles ilegales de activistas”, junto con las cargas policiales y las grabaciones en los desahucios. Desde los Mossos d’Esquadra certifican a El Salto que estas citadas grabaciones, —realizadas por un agente que, en efecto, graba directamente a los manifestantes durante el desarrollo de los lanzamientos—, se ejecutan bajo un “protocolo establecido”, orientado a “poder identificar a las personas que hayan cometido algún tipo de delito”.

Desde el Sindicat de Habitatge del Raval vinculan estas prácticas a la detención de Àxel A, que definen como “absolutamente arbitraria”, orientada únicamente a perseguir “la intimidación y represión de los activistas del movimiento por la vivienda”.

Finalmente, el manifestante ha sido puesto en libertad en la madrugada de este miércoles al no existir fundamentos para mantener su detención. Junto a él, ya son al menos 19 los encausados vinculados a sindicatos y colectivos por la defensa de la vivienda solo en Barcelona en el último año.