Desahucios
Operación policial en Barcelona detiene a cuatro activistas identificados en desahucios

Hace tan solo una semana El Salto publicaba cómo el movimiento por la vivienda en Barcelona denunciaba una detención ilegal de un militante en un desahucio del Raval, Àxel A. Horas después, el manifestante fue puesto en libertad sin cargos. Ante esto, la organización antirrepresiva Alerta Solidària anunciaba una querella contra los Mossos d’Esquadra implicados por detención ilegal y falsificación de documentos públicos, a los que además se ha requerido comparecer en el parlamento catalán por parte de la CUP (Candidatura por la Unidad Popular). Ayer, cuatro militantes vinculados al sindicato de vivienda de Cassoles y a la organización independentista Endavant OSAN fueron también detenidos a primera hora en sus viviendas, sin previo aviso, identificados en el desahucio ejecutado en el bloque Llavors el pasado mayo.

Tras estos hechos ya se registran al menos 23 detenidos vinculados al movimiento por la vivienda y más de 206.141 euros en multas por desahucios

Los Mossos d’Esquadra han anunciado que los cuatro detenidos son acusados de hasta cuatro delitos diferentes: atentado a agentes de la autoridad, daños, resistencia, coacciones y desobediencia grave. Se trata de una causa que, a pesar de no estar judicializada, ha sido impulsada por parte de la Brigada de Información de los Mossos d’Esquadra desde mayo de 2021, según informa a El Salto Carles Hurtado, abogado de los encausados y de Alerta Solidària. Es decir, de la misma forma que la detención de la pasada semana, estas también responden a una orden de detención policial sin autorización ni causa judicial previa.

Los detenidos han pasado la noche en la comisaría de Les Corts y pasarán hoy a disposición judicial. Tras estos hechos ya se registran al menos 23 detenidos vinculados al movimiento por la vivienda y más de 206.141 euros en multas por desahucios en el último año solo en la provincia de Barcelona. A pesar de esto, no se descartan nuevas detenciones durante las próximas semanas.

Revuelta en las esferas políticas

Tras las detenciones, la CUP comunicó de forma inmediata “no compartir” el enfoque de la legislatura actual de Esquerra Republicana y Junts Per Catalunya en la Generalitat de Catalunya, alegando su rechazo a la represión llevada a cabo contra el movimiento por la vivienda y sus integrantes: “Mientras no se garantice el derecho a la vivienda, este Govern seguirá participando en la persecución contra los únicos que la defienden y garantizan”, han declarado desde la organización. “El Govern de la Generalitat no puede seguir tratando la emergencia habitacional como un problema de orden público, enviando al cuerpo de Mossos d’Esquadra, ni deteniendo a activistas en defensa de los derechos fundamentales”, denuncian.

Las organizaciones convocaron diversas concentraciones en Barcelona y otras ciudades de Catalunya exigiendo la puesta en libertad de los encausados

Horas más tarde, las organizaciones convocaron diversas concentraciones en Barcelona y otras ciudades de Catalunya exigiendo la puesta en libertad de los encausados. El dispositivo para detener a los activistas coincidió, además, con al menos dos desalojos simultáneos en el centro de la Ciudad Condal: en el barrio del Raval y en Poble Sec, este último ejecutado. “Prometieron que no enviarían Mossos a los desahucios y hoy mismo ha habido uno en Poble Sec, sin garantías ni alternativa habitacional. Eso es lo que pasa cada día, semana tras semana” ha expuesto la formación Endavant OSAN en la rueda de prensa frente a la comisaría de Les Corts. “Este Govern es un gobierno títere a las órdenes de las oligarquías de la vivienda que se están comiendo la ciudad y nos echan de nuestra casa todas las semanas. Que el Govern de Pere Aragonés no está del lado de la gente lo sabemos desde el primer día de su gobierno, cuando mandaron desalojar el bloque Llavors”, reclaman.

El militante de Endavant OSAN Àxel A., desahuciado en el bloque Llavors y detenido la semana pasada sin orden judicial, también ha destacado el papel del Govern en la persecución de la organización independentista. “El Govern de la Generalitat funciona como mercenario de las empresas del Ibex35 y el gobierno de Pedro Sánchez, actuando a través del brazo armado de los Mossos d’Esquadra para desahuciar familias, despedir a trabajadores, detener a militantes y destrozar vidas” denuncia. “Ahora que todas las posiciones se difuminan, nos están señalando como su principal enemigo político, están señalando a Endavant a través de esta batalla contra el movimiento por la vivienda”.

 El desalojo del bloque Llavors, ubicado en el número 38 de la calle Lleida y propiedad del fondo buitre Vauras Investment, concentró a más de 200 activistas y una veintena de furgones de Mossos d’Esquadra, incluyendo además la frustrada visita de la empresa de desalojos ilegales Desokupa. El balance represivo contabiliza hasta el momento siete personas investigadas por atentados contra los agentes, trece por desórdenes públicos y más de sesenta manifestantes denunciados administrativamente por desobediencia a la autoridad a través de la Ley Mordaza. También cabe destacar las denuncias al Ajuntament de Barcelona por parte del fondo buitre, alegando hasta ocho delitos entre los que se encuentran extorsión, prevaricación y tráfico de influencias, todas desestimadas por la jueza del caso al carecer de rigor, precisión y de “una mínima e indiciaria apariencia penal”, según informa La Directa.

Una causa que tensiona aún más relaciones políticas, pues el desalojo se ejecutó el día posterior a la toma de posesión de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat, -aún con Miquel Sàmper como consejero de Interior en funciones-, y fue él mismo quien anunció como uno de los primeros encargos “un nuevo protocolo de desahucios para evitar situaciones como la de hoy en Poble Sec, realizada por orden judicial”. A este respecto la CUP, una de las formaciones que resultó clave para la investidura de Aragonés, ha reclamado que los acuerdos con el Govern “no solo no se están cumpliendo, sino que además se siguen priorizando los intereses de los fondos buitres y de los especuladores a los de la mayoría de la población”.

Crisis social y falta de recursos residenciales

El aumento de las detenciones y procedimientos sancionadores coincide con una carencia de medios de realojamiento adecuados para las personas que son desahuciadas. El Ajuntament de Barcelona ha comunicado a El Salto que actualmente existe una deuda por parte de la Generalitat en cuanto a las alternativas habitacionales en el marco de la Mesa de Emergencia, principal recurso de realojamiento en la ciudad. “Se trata de un órgano del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, participado al 60% por la Generalitat y al 40% por el Ayuntamiento. Desde el 2016 al 2020, el Ayuntamiento ha aportado el 75% de todas las viviendas adjudicadas por la Mesa, por lo que la deuda de la Generalitat para llegar al 60% que le correspondería asciende a más de 1.000 pisos, bastantes más que familias a la espera de vivienda de Mesa, más de 600”, confirman desde el Ajuntament.

Por otra parte, cabe destacar que Catalunya cuenta con la cifra más alta de desahucios de todo el Estado. El Consejo General del Poder Judicial señala un aumento de hasta un 1.673% y un 74,7 % en los últimos trimestres registrados de 2021 conforme al año anterior, y un total de 1.951 lanzamientos solo en la comunidad autónoma. En este sentido, y según confirman desde el Ajuntament de Barcelona, las políticas de vivienda tanto en la ciudad como en el resto del Estado han continuado dirigiéndose a la promoción de VPO (Vivienda de Protección Oficial de Venta), que con los años ha ido descalificándose y acabando en el mercado libre, culminado la mercantilización de los recursos públicos de realojamiento.