Desahucios
Paralizado el desalojo de las familias del Cortijo de la Nocla

Después de 24 intensas horas de tensión y gestiones por parte de grupos políticos y organizaciones sociales, la paralización del desahucio de las familias que habitan unas chabolas de autoconstrucción en el Cortijo de la Nocla, y entre las que se encuentran menores, parece lograr un alivio momentáneo y pone el acento en un asunto pendiente para las instituciones granadinas, la carencia de vivienda pública con la que gestionar las necesidades habitacionales de los más desfavorecidos. 

Las familias, y las organizaciones sociales que les asisten, recibieron como un mazazo la orden emitida ayer por la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada donde se desestimaba una a una todas las alegaciones presentadas contra la orden inicial de desahucio, con ayuda del equipo jurídico de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos como Médicos del Mundo, APDHA, la Fundación del Secretariado Gitano o Anaquerando.

La orden les emplazaba a que en 72 horas, “desde las 14 horas de ayer, para que procedan al desalojo inmediato con la advertencia de que pasado ese plazo, si no se ha producido el desalojo, se llevará a efecto por este ayuntamiento por sus propios medios y que todos los gastos que se originen a este ayuntamiento para hacer efectivo el desalojo serán repercutidos a los ilegítimos ocupantes”, según el Decreto al que ha tenido acceso este medio. 

A las alegaciones presentadas en enero, el Ayuntamiento respondió a grandes rasgos: que los errores de forma alegados a la orden anterior ya han sido corregidos y que el copropietario de la parcela de titularidad pública —el Arzobispado— no se ha opuesto al desahucio, “es más, es el que ha denunciado la ocupación del inmueble solicitando la actuación del Ayuntamiento”. Además, señala que la instalación, tanto en los informes de inspección como de la policía se describe como insalubre, sin licencia alguna, ninguna medida de seguridad e higiene, sin suministro de luz ni agua potable, pudiendo desembocar en un problema de salud pública y un foco de ocupación y poblado chabolista. También apunta a que, consultado el padrón de habitantes, no consta a fecha del inicio del expediente ninguna de las personas contra las que se ha iniciado el procedimiento  y que los servicios sociales del CMSS Zaidín han tramitado un expediente en el que informan que las personas y familias no acuden a los programas de cobertura de necesidades básicas y se niegan a acogerse a las soluciones habitacionales ofrecidas.

Con esos antecedentes, el Consistorio señalaba que habiendo rechazado la alternativa habitacional y expresando su voluntad de permanecer en las viviendas, se desestimaba también la alegación que hacía referencia al Real Decreto-ley 37/2020, que establece “la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio”. 

Ante este Decreto sólo cabía legalmente interponer un recurso de reposición ante la concejala delegada de Urbanismo, Eva Martín Pérez, o un recurso contencioso-administrativo, siendo este último, según fuentes jurídicas consultadas por este medio, el más efectivo a la hora de paralizar el desahucio forzoso. 

Médicos del Mundo planta cara

La organización ha activado todos los recursos, y contestando a este medio, dicen encontrarse muy disgustados por el informe de los Servicios Sociales del Zaidín que ha puesto el foco en el rechazo de las familias “a todo lo que les han ofrecido”. Para Pablo Simón, de Médicos del Mundo, “en materia de alternativa habitacional lo que les ha ofrecido Servicios Sociales es ir a unos albergues, separando a los hombres por un lado y las mujeres y los niños por otro, al otro extremo de la ciudad, y que renuncien a sus posesiones personales que son lo que les generan los escasos ingresos con los que pueden subsistir”. La organización, junto con otras concienciadas con el asunto como APDHA o Stop Desahucios, entre otras, afirman que van a plantar cara, movilizar recursos y continuar trabajando para conseguir una verdadera alternativa habitacional digna. 

Pablo Simón (Médicos del Mundo): “En materia de alternativa habitacional lo que les ha ofrecido Servicios Sociales es ir a unos albergues, separando a los hombres por un lado y las mujeres y los niños por otro, al otro extremo de la ciudad, y que renuncien a sus posesiones personales”

Por otro lado, y respecto al sentir de los habitantes de la Nocla, Pablo Simón nos cuenta que han pasado momentos de mucho miedo y estrés, y “han estado devastados imaginando que vienen en plena noche con las excavadoras y no pueden conservar nada”.

Prevalencia de derechos fundamentales de vivienda y educación

Elisa Cabrerizo, concejala de Unidas Podemos y Nuria Gutiérrez, del Grupo Socialista, son las que han ofrecido una propuesta a la Delegación de Urbanismo. “Básicamente porque hay menores escolarizados y no se entiende la urgencia de la medida adoptada por el Ayuntamiento, y más en tiempos de pandemia. Por lo menos, que se detenga hasta que los menores puedan ser escolarizados en otro centro y se les ofrezca a la familia una solución habitacional que garantice la unidad familiar”, ha declarado Gutiérrez. 

La concejala de UP nos explica que se trata de trabajar en la defensa de los derechos fundamentales de vivienda y escolarización de los menores y por esto han emprendido varias acciones. Han solicitado al Arzobispado que exprese por escrito su negativa al desahucio, que ya ha expresado verbalmente, y estudiado las posibilidades jurídicas de los dos recursos. 

Para Cabrerizo, los Servicios Sociales no han dado una respuesta adecuada porque el problema en esta ciudad es que no hay recursos de vivienda pública, no hay alternativa habitacional donde ubicar la chatarra —su actividad laboral— y, al mismo tiempo, lograr no separar a las familias. No considera que la oferta de que los hombres vayan varios días al albergue Madre de Dios de forma temporal y que las mujeres y menores se trasladen al albergue de Ocrem que, aunque puede cobijarles durante más tiempo, se encuentra en la zona norte de la ciudad, mientras que los niños están escolarizados en el Zaidín. Su propuesta, junto a la de Nuria Gutiérrez, es valorar, sabiendo que es una ocupación de suelo público, que si no hay una necesidad perentoria de uso inmediato de esa propiedad, el retraso del desalojo hasta que los menores finalicen el curso escolar para que no sufrieran desarraigo de su escolarización y “mientras tanto, en estos meses, buscar una alternativa habitacional digna, viviendas que puedan pagar ellos mismos con sus sueldos de la chatarra y lo que puedan conseguir, y trabajar en la búsqueda de un lugar donde puedan almacenar y guardar la chatarra hasta su venta”. 

La Delegación de Protección Ciudadana y Movilidad ha valorado finalmente esta propuesta y su titular, César Diez, ha contestado esta tarde a las dos concejalas anunciando la paralización del desahucio.