Economía social y solidaria
Yolanda Díaz se reúne con el cooperativismo de vivienda de la Economía Social

El modelo de viviendas cooperativas es una realidad que está creciendo de manera exponencial en España. En la actualidad existen 179 proyectos en marcha en el Estado, de los que 40 están ya habitados y 59 consolidados con suelo disponible o edificio en construcción. Las cifras han pasado desde las apenas 100 viviendas habitadas en 2020 a superar las 2.000 unidades cuando muchos de esos proyectos se finalicen en 2025.

Es por ello que la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz convocó a los agentes del sector de la vivienda cooperativa del ámbito de la economía social este pasado jueves en Madrid, para tratar las necesidades sectoriales para “el impulso de la vivienda cooperativa en cesión de uso sin ánimo de lucro, como opción transformadoras e integrales en el marco de la actual crisis habitacional y ecosocial”. En el encuentro, Díaz, reafirmó “su apoyo a los modelos de vivienda cooperativa por su contribución a la asequibilidad, la gestión comunitaria y la justicia social”.

A la reunión han acudido representadas la confederación Cepes, las federaciones Hispacoop y Concovi, así como REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. En el encuentro también han participado personas socias habitantes de iniciativas de viviendas colaborativas, como las cooperativas Sostre Cívic de Barcelona, Entrepatios y Trabensol de Madrid, Brisa del Cantábrico, A Cobijo de Aragón o Ametxe de Euskadi.

Cohousing senior, un envejecimiento hiperactivo

Sara Plaza Casares

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Vejez

Vivienda Cohousing senior, un envejecimiento hiperactivo

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En España ya funcionan más de una decena de iniciativas de vivienda colaborativa para mayores. Grupos de amigos y amigas se juntan para pasar la vejez, buscan un terreno, montan una cooperativa y construyen apartamentos en cesión de uso, con los que no se puede especular. Y todo con la autoorganización por bandera.

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Entre las demandas que las organizaciones plantearon a la ministra, se exigió “la implementación de una política integral y un marco fiscal específico que reconozca y regule el modelo de vivienda en cesión de uso, concretando sus características, protegiéndolo de la especulación y corrigiendo desigualdades con otras opciones”. Para ello, explican desde REAS, “es fundamental otorgarle la calificación de ‘especialmente protegidas’ en el régimen fiscal, dado que actualmente las SOCIMIs y empresas de arrendamiento tributan menos que estas iniciativas sin ánimo de lucro”.

Las organizaciones ha pedido un mayor apoyo financiero al Gobierno mediante financiación, avales públicos, apostar por una fuerte inversión pública y facilitar el acceso a suelos

La financiación es uno de los principales escollos que se encuentran los grupos de personas que deciden organizarse de forma colectiva para abordar un proyecto de vivienda cooperativista. Por ello, desde las organizaciones ha pedido un mayor apoyo financiero al Gobierno mediante una mayor y mejor financiación, un sistema de avales públicos, apostar por una fuerte inversión pública y facilitar el acceso a suelos y patrimonio. Ayudas que, tal y como proponen, podrían ir incluidas en programas de ayudas específicos que se integren en el Plan Estatal de Vivienda.

Las entidades han trasladado sus propuestas de impulso con una política transversal y la necesidad de implicación y trabajo de coordinación interministerial. Además de Trabajo y Economía Social, se reclama la implicación de las áreas de Vivienda, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Economía y Hacienda entre otros. Las personas habitantes de los primeros proyectos en convivencia, han podido contar en primera persona su experiencia, explicando las múltiples ventajas que aporta esta configuración habitacional bajo el régimen cooperativo y también las necesidades que demandan para que llegue a más ámbitos y sectores sociales.