Educación pública
Extremadura: gentrificación educativa

La Consejería sabe que tiene un problema. Lo sabe desde hace tiempo. Se veía venir. Pero entre que las cosas de palacio, ya se sabe, van despacio, que vino la pandemia y dejó para mañana tareas urgentes, y que los que deciden y debieran prever con tiempo lo que se nos viene no lo hacen y cuando lo hacen deciden estrategias cortoplacistas y sin arriesgar, pues nada, aquí tenemos la tormenta perfecta.

Raúl Gijón

Desmontando la escuela pública II

Educación pública

Raúl Gijón

Desmontando la escuela pública II

En una semana clave para la educación pública extremeña, y frente a las agresiones contra la misma, una llamada a su defensa y a un diálogo necesario.

A esto hay que añadir que la Conserjería, desde que la gestionan quienes la gestionan, vienen aplicando una política templada y más bien cobardica en lo referente a la asignación de líneas y la reestructuración de centros en las grandes ciudades. No le quieren meter mano al asunto de la todopoderosa voluntad de las familias, aplicando reajustes que generen más equidad y eviten que los centros más vulnerables encuentren su espacio en este inestable escenario.

Tampoco parece que quieran abrir la caja de Pandora de los concertados, que tarde o temprano será una patata que les explotará en las manos. Es evidente que ante el efecto perverso de la bajada de natalidad sobre la escolarización un sistema educativo público debiera ser prioritario en contextos de competencia por la obtención de líneas frente a la asignación a centros concertados. No sé si este principio educativo lo tienen claro en la Consejería. Que lo aclaren.

Es evidente que ante el efecto perverso de la bajada de natalidad sobre la escolarización un sistema educativo público debiera ser prioritario en contextos de competencia por la obtención de líneas frente a la asignación a centros concertados

Por último, resulta relevante que el compromiso de futuro de la Consejería se centre en la puesta en marcha de proyectos integrales de dotación y formación TIC y no en atender retos urgentes que claman al cielo y que degradan la calidad del sistema educativo y su necesaria equidad e inclusión. Ya antes de la pandemia, el desgaste competencial era preocupante, afectando con mayor crudeza a familias vulnerables. La pandemia ha agravado esta distopía en las familias que ya estaban en riesgo de pobreza, pero también está afectando a familias de clase media que antes podían con más o menos ingenio llegar a fin de mes. Esto propicia una situación realmente preocupante; los alumnos/as que sufren estas circunstancias tienen mucha más dificultad para afrontar sus déficits competenciales, y no digamos acceder a estudios superiores.

El gran reto de la Consejería debiera ser la reducción urgente de esta brecha educativa, que en su raíz lo es económica y social. Y hacerlo más allá del ineficaz intento de reducir la innovación a la competencia digital, sabiendo como se sabemos que en alumnos vulnerables son las estrategias analógicas y de proximidad las más eficaces para reducir esta brecha educativa. Es vergonzoso oír de numerosos centros extremeños cómo son ninguneados por la Consejería cuando 'mendigan' un medio refuerzo en los departamentos de orientación y reciben en respuesta un no con justificaciones que claman al cielo.

La solución no pasa por comprar la complacencia del docente con 25 horas y reducciones a mayores de 55 años. El problema es sistémico y requiere soluciones de largo alcance y valientes

Extremadura requiere ya un plan integral de lucha contra la pobreza y la exclusión educativa, social y económica. Esto pasa también por arbitrar programas sistémicos en materia educativa que reduzcan esa brecha. Cuando cierra un centro, es un fracaso flagrante para todos, empezando por la Consejería que articula, nutre y cuida del sistema. Pero no solo eso, estamos impidiendo la posibilidad de que esas comunidades se autogestionen y mejoren sus condiciones de vida, recurriendo al cómodo e inútil recurso a la “gentrificación educativa”.

Si no están dispuestos desde la consejería a atajar estos graves problemas, la educación en Extremadura está condenada a la indigencia, y con ello a no ofrecer a los menores más vulnerables herramientas de futuro. Lo que supone un mayor esfuerzo para el profesorado, sometido ya de por sí a una cantidad insufrible de burocracia y racionamiento. La solución no pasa por comprar la complacencia del docente con 25 horas y reducciones a mayores de 55 años. El problema es sistémico y requiere soluciones de largo alcance y valientes que por ahora ni por asomo se ven en el horizonte.