Agricultura
Carta de una pareja campesinos-agricultores desde La Vera, en Cáceres

El campesinado está prácticamente enterrado. Además es un debate que hoy carece de interés. Aunque quizás en esa pregunta hay una parte de la solución del conflicto campo-ciudad que es en realidad el meollo de la cuestión. Las generaciones jóvenes no quieren el campo, desean ser más valorados y estar  mejor remunerados.

La realidad del campo es muy compleja. Se puede analizar desde diversos ángulos: social, político, económico, filosófico. Sería necesario un tratado extenso para recorrerlos todos. Así que vamos a enumerar sucintamente algunas ideas.

Una de ellas sería la fractura ideológica que se concreta en una forma de vida diferente entre lo urbano y lo rural. Estamos pensando en las pequeñas granjas familiares (dejando de lado el mundo que rodea a las macroexplotaciones cuyos propietarios no las trabajan y, en algunos casos, ni las pisan). También pasamos por alto las consideraciones del tan maltratado colectivo jornalero, y las recolectoras de la fresa y de otros cultivos.

Estas personas alejadas absolutamente de las realidades del mundo rural son las que legislan las normas que regulan la vida campesina

Aquella diferencia de vida (campo ciudad) a la que nos referíamos se manifiesta por ejemplo en estas pequeñas granjas familiares donde no hay fines de semana, ni vacaciones, ni viajes de turismo, ni la famosa jornada laboral de 8 horas por citar algunos de los asuntos que vertebran las reivindicaciones de las personas urbanas. Precisamente estas personas alejadas absolutamente de las realidades del mundo rural son las que legislan las normas que regulan la vida campesina. En estas protestas de agricultores y ganaderos, se están mezclando muchas y diversas reivindicaciones.

Reducción o no de los pesticidas. Al parecer se va abrir la mano, pero a quien beneficiara esa mala decisión será a las industrias agroquímicas. Bruselas está vendida a ellas. Seguirá habiendo intoxicaciones entre los trabajadores y pagaremos entre todos en la sanidad pública las enfermedades laborales derivadas de estas intoxicaciones. Los agricultores-as para producir tienen que emplear fitosanitarios (herbicidas, fungicidas, pesticidas...) y abonos y querrán ir al lo más económico que  son los no ecológicos, lo cual se traduce en envenenar la tierra y lo que en ella se cría.

Impedir los Tratados de Libre Comercio. Pero cualquier tratado implica reciprocidad, yo te compro si tú me compras. Si nosotros no compramos, ¿qué hacemos con todo lo que exportamos?

Acabar con las desigualdades sanitarias exigidas a productos de otros países. Se habla de que las hortalizas y frutas marroquíes llegan con fitosanitarios prohibidos aquí. Resulta que las macroempresas españolas, francesas y otras producen esas frutas y hortalizas en Marruecos con ese perfil sanitario más bajo hundiendo al pequeño agricultor de allá. Después esos productos conseguidos con salarios de hambre se venden aquí  más baratos.

Reducir la burocracia. Una autentica locura a la que hay que sumar que muchos tramites hay que hacerlos por internet obligatoriamente. El resultado es rocambolesco: para la gestión de estas pequeñas granjas tienen que recurrir a alguna gestoría porque la mayoría del mundo rural no maneja con soltura el ordenador o incluso no llega la conexión a internet a todos los lugares. La burocracia ha aumentado, las inspecciones, papeleos... nos marean.

La solución a algunas de estas reivindicaciones es evidente: pagar un justiprecio por los productos del campo. Si fuera así se podría contratar a gestorías para el tedioso y complicado papeleo, se podría reducir el uso de fitosanitarios y asumir una cosecha más reducida, se podrían pagar salarios más justos a los jornaleros.

El encarecimiento de insumos debido a la creciente crisis energética hace cada vez más inviable este modelo

El encarecimiento de insumos debido a la creciente crisis energética hace cada vez más inviable este modelo. La dependencia de los insumos químicos y de las semillas, controlados por la industria agrícola, ejerce una presión cada vez mayor sobre las agricultoras y agricultores.

Los consumidores y las consumidoras son exigentes en precios, calidades y tamaño de la fruta y verdura. Para conseguir los calibres demandados por el mercado, hace falta mucho abono químico,  fitosanitarios y agua. Los productos que no alcanzan esos tamaños no son comercializables, lo que supone un enorme desperdicio

Pero la realidad es que ni las grandes distribuidoras, ni las grandes superficies quieren reducir los grandes beneficios, están concentradas en muy pocas manos, con un poder desmesurado a la hora de imponer sus precios y condiciones, que han abocado a miles de explotaciones agroganaderas a la ruina y una llamativa falta de control de intermediarios y grandes grupos de distribución y los consumidores tampoco quieren pagar más por su comida, necesitan su dinero para hipotecas, cañas y viajes.

Una solución sería organizarse con pequeñas cooperativas para vender a un precio más beneficioso o vender a grupos de consumo que entienden la problemática del productor/a a quién compran la comida, que se controlaran los beneficios de las distribuidoras. Esto no va a suceder porque a dichas distribuidoras los gobiernos de turno no les van a obligar a reducir márgenes y los consumidores no están dispuestos pagar más por la comida y algunos, directamente, no pueden hacerlo.