Memoria histórica
Los destacamentos penales de Chozas de la Sierra y Las Jarillas para la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos

“La redención de las penas por el trabajo entraña una reforma sustancial en el régimen penitenciario español, la cual, aunque provocada inmediatamente por las dolorosas circunstancias actuales, responde a principios morales y jurídicos de carácter permanente y habrá de aplicarse con los penados llamados comunes después que España haya absorbido y reintegrado a sus hogares a los delincuentes de la revolución roja”. Los ideólogos franquistas hablan de “un hondo sentido de reparación moral y de justicia histórica pues se hace participar en la restauración material de España a aquellos mismos que directamente contribuyeron a destruirla”.

Memoria de la Dirección General de Prisiones de 1939.

Según la RAE, redención es sinónima de: liberación, salvación, exención, recuperación; también de: remedio, recurso, refugio; y como su antónima figura el sustantivo: condena. Es obvia la connotación religiosa del término que el ideólogo jesuita Pérez del Pulgar recuperó durante la guerra de 1936 elaborando un corpus jurídico penitenciario que empleó el régimen desde 1938 para “reconstruir la nueva España” con el trabajo de los presos políticos que abarrotaban las cárceles y prisiones habilitadas. 

En este contexto, se crearon los Destacamentos Penales de trabajadores en condiciones de semiesclavitud en lo que algunos historiadores han denominado como “cárceles sin rejas”, y que constituye uno de los capítulos más penosos y proporcionalmente menos divulgados de la represión franquista de posguerra. Ello es en parte debido a la complejidad de la figura, cuya dimensión poliédrica abarca no solo la específicamente represiva basada en el castigo o condena a los partícipes de la “revolución roja”, sino que directamente estas “soluciones” penales fueron factores indispensables para el desarrollo del plan económico que la élite política y empresarial afecta al régimen, precisaban. Ello implicó unas derivas que iban mucho más allá del objetivo de expiación de la culpa por el trabajo adoptado por el régimen nacional-católico, ya que ellos (y por extensión sus familiares), fueron los protagonistas de la realización de obras públicas de utilidad nacional, que de otra manera no hubieran podido ser abordadas por el Estado en la misión o “destino manifiesto” que se arrogó tras el golpe de Estado y para conversión del “enemigo vencido”.

Los destacamentos penales proporcionaban la fuerza productiva a ese binomio empresarial, iniciativa privada-estado, que sin pudor trabajaba en condiciones para-carcelarias a lo largo y ancho del territorio allí donde se estimaba necesario un canal, un pantano, una vía de comunicación, una central eléctrica, una iglesia, un túnel o una acequia… Además de convertir a los presos en mano de obra barata, se aseguraba la misma eludiendo los inconvenientes de las leyes de la oferta y la demanda, y “vaciaba” las abarrotadas cárceles, imposibles de sostener para el Estado. Por su parte, las empresas concesionarias de las obras se valieron de los presos en condiciones económicas ventajosas a sus beneficios. Las propias administraciones públicas tanto estatales como regionales, la Iglesia, instituciones “afectas”, empresas y particulares, se beneficiaron de este sistema de trabajos forzados durante dos décadas principalmente. Los presos políticos (y a partir de 1944 también los presos comunes) fueron los sujetos “productores” a las órdenes del corpus jurídico penitenciario que establecía el trabajo, como deber y función. A través del “Patronato de Redención de Penas por el Trabajo Nuestra Señora de la Merced”, institución dentro del organigrama de la Dirección General de Prisiones (DGP), y como tal, dependiente del Ministerio de Justicia, creado con anterioridad a la finalización de la Guerra Civil (por Orden de 7 de octubre de 1938), se desarrolló y reglamentó el axioma de la expiación de la culpa a través del trabajo.

Castigo, adoctrinamiento y rentabilidad económica fueron la ecuación del sistema fascista de posguerra, con los presos políticos y la población reclusa en general como protagonistas imprescindibles para su éxito.

Un “rosario” de once destacamentos penales para 70 kilómetros de vía férrea del tren directo Madrid-Burgos

El cordón de los once destacamentos penales para la construcción de las obras del ferrocarril directo Madrid-Burgos que jalonaron el tramo de 70 kilómetros desde Chamartín hasta Garganta de los Montes, forman un conjunto de lugares de memoria con unas características muy similares, que atestiguan la existencia de trabajos forzados de los presos políticos entre 1941 y 1955 durante el régimen de la dictadura.  Varios son los autores que han escrito sobre el tema no pudiendo dejar de mencionar a los pioneros en las investigaciones en la primera década de este siglo, Alicia Berta Quintero Maqua o Juanjo Olaizola Elordi. Avanzando el tiempo, otros historiadorxs y arqueólogxs han profundizado en relación a obras y lugares concretos. De mención obligada los trabajos sobre los Destacamentos Penales de Bustarviejo (2022) y Chozas de la Sierra-Soto del Real (2024).

Desde la Asociación Cultural Chozas de la Sierra se aportan novedades y más información relevante a la luz de los recientes trabajos de vaciado de archivos, recogida de testimonios orales de hijos y nietos de los trabajadores y de la recopilación de fuentes dispersas. Ven la luz los planos de las instalaciones y la información de la memoria de las obras, así como se puede hacer un recorrido detallado de las transformaciones que experimentó la construcción de la vía a lo largo de los años por motivos presupuestarios y bajo la dirección de dos diseñadores del paisaje: el palentino Emilio Alberto Kowalski Carón (1888-1955) y el navarro Miguel Escudero Arévalo (1900-1963). También sus vicisitudes, cuando el proyecto de unir Madrid y Burgos atravesando estos pueblos constituyó una cuestión no solo de orgullo patrio, como se creía, sino de estrategia militar ante el imponderable de una guerra contra Europa. Sea como fuere, desde su planeamiento en 1926 dentro del Plan Guadalhorce, el asunto de la rentabilidad de una línea que se inauguró obsoleta allá por 1968, nos sigue interpelando en la actualidad en que el debate sobre su recuperación está abierto.

Pero … ¿Cómo interiorizó un pueblo de apenas 400 habitantes, eminentemente rural y conservador, la llegada de estas realizaciones? ¿qué sinergias se establecieron entre los obreros libres y los penados, así cómo con sus familias? ¿qué papel jugaron las oligarquías locales en sus nuevos cargos como gestores de las Delegaciones Locales de Redención de Penas o de las Juntas Locales de Libertad Vigilada? ¿en qué consistieron los transtierros de penados y familiares, unas veces meros transeúntes, pero otras engrosando los padrones y echando nuevas raíces porque nunca regresaron a sus lugares de naturaleza o vecindad? ¿y las esposas y los infantes: cómo crearon esas redes de solidaridad y apoyo mutuo que, analizadas 80 años después, todavía pueden rastrearse en forma de lazos más fuertes que los de la sangre? ¿cómo vivían en los chabolares levantados alrededor de los destacamentos? ¿quién era la empresa concesionaria de obras Elizarán (OCESA) y cómo “gestionaba” a presos y libertos con obreros y capataces, algunos directamente venidos del País Vasco?

Con la guerra, retirados abruptamente del campo, una gran mayoría de los presos políticos se convirtieron en peones en diferentes oficios, y así es muy habitual que figuren dos profesiones para el mismo penado en momentos diferentes: jornalero y mecánico, labrador y chofer, campesino y albañil, pastor y peón, etc. Serán los futuros obreros de las fábricas de los años 50 y 60, que ya no regresarán al campo. Pero no solo cualquier preso válido para picar piedra era destinado a los trabajos exteriores, sino que la demanda de obreros especializados fue una constante preocupación para el régimen. Y es que esta élite del proletariado español constituía el grueso de la población reclusa: maestros, mineros, canteros, curtidores, barreneros, zapateros, barberos, panaderos, metalúrgicos, sanitarios, jornaleros especializados… y un largo etcétera de oficios y obreros especializados que habían participado en la llamada “rebelión marxista”.

Presos y familias se vieron en la necesidad de tomar decisiones sobre sus destinos forzados por las circunstancias. En general, dependían del tipo de libertad condicional que les fuese concedida, pues siendo con destierro lo habitual era quedarse en los pueblos en torno al destacamento y que la esposa e hijos migrasen al lugar, para iniciar una nueva vida lejos de los pueblos de su naturaleza o vecindad. Y aun habiendo sido liberados del destierro, también era común no regresar al ambiente asfixiante, de recio control social y eminentemente cainita en que se habían tornado sus pueblos de origen. Muchos optaban por difuminarse en los suburbios de la capital y otros permanecían en la comarca de sus últimos encierros, donde también nuevos arraigos entre compañeros correligionarios se habían afianzado en forma de amistades sin revés.

Los destacamentos penales eran establecimientos con vocación temporal, lo mismo que los chabolares al pie del Puente de los Once Ojos (viaducto de Valdesaelices), donde se ubicaban algunas familias de los presos y libertos que transterraban para estar cerca. Eran verdaderas chabolas construidas por los presos con cualquier material del entorno a base fundamentalmente de piedras y restos de materiales, “como podían”. Los restos arqueológicos y os testimonios evidencian un espacio 2 o 3 metros cuadrados con un hogar y un lugar para dormir. Vivían en condiciones de miseria, pendientes de las asignaciones familiares que el Patronato les proporcionaba por el trabajo de los presos y en su mayoría sobreviviendo del estraperlo. Igualmente arrancadas de sus entornos familiares y locales, algunas consiguieron emplearse en el tejido local sociolaboral de Chozas de la Sierra (hoy Soto del Real) o Colmenar Viejo como lavanderas o sirvientas para mantenerse a ellas y a sus hijas e hijos. Siempre esperando y señaladas como las “familias de los rojos” y marcadas por el sufrimiento y el ensañamiento con que el régimen las trató. También dieron a luz en esos chabolares como evidencian los registros civiles, informantes y familiares. Las asignaciones familiares o los abastecimientos a través del Economato minero nº 73 de la empresa concesionaria de las obras configuraron la vida de diario y la supervivencia en medio de la miseria generalizada de esos años.

La población civil convivió con la presencia de esta mano de obra formada por los presos políticos de la rebelión marxista. En cada uno de esos establecimientos se desplegó un entramado de relaciones sociales y mercantiles tanto internas dentro del aparato burocrático y punitivo estatal y local, como externas en conexión con los entornos rurales y locales en donde se instalaron estas “cárceles sin rejas”. 

La implicación de los políticos locales en el organigrama circuncarcelario de este sistema penitenciario se estableció básicamente con dos instrumentos: las Delegaciones Locales del Patronato de Redención de Penas y las Juntas Locales de Libertad Vigilada. Ambos dependientes de la Dirección General de Prisiones (Ministerio de Justicia) y con funciones complementarias. El control social se ejerce desde este ámbito local pues “se encargarán de la entrega del subsidio a las familias de los presos, ejerciendo a la vez una tutela moral y material sobre ellas”. De estas instituciones también dependía la mejor o peor suerte del preso a través de los avales y certificados de conducta que determinaban su destierro o no tras la obtención de su libertad condicional. Eran nombramientos en consonancia con el modus operandi del franquismo en estos primeros años de posguerra: colocar en los cargos municipales y con fuerte proyección social a personas que habían sufrido la violencia republicana directamente o en sus allegados. La garantía de éxito de los instrumentos de control social, represión y adoctrinamiento del régimen estaban de esta manera asegurados, como también los sentimientos de venganza y odio acrecentados.

Principio y fin

En general los presos políticos “ingresaron” a sus biografías penitenciarias con un principio: el consejo de guerra, y “remataron” con un fin: el certificado de liberación definitiva; y, entre ambos, las reseñas penitenciarias estudiadas de más de 200 presos, nos enfrentan a un corpus jurídico penitenciario con importantes connotaciones religiosas acorde al estado confesional católico y a un capitalismo de estado facilitado por una serie de empresas alineadas con el régimen o que simplemente antepusieron el beneficio a los principios éticos que deben regir las relaciones laborales. La casuística, una vez más, viene en auxilio del incumplimiento estricto de la norma y tiñe de grises la Historia, de excepciones la pesada burocracia y agrieta los cimientos del régimen.

En el caso de las recientes investigaciones de los Destacamentos Penales de Chozas de la Sierra-Soto del Real y Colmenar Viejo un vaciado de los Boletines Oficiales del Estado entre 1940 y 1950 ha permitido relacionar más de mil cien penados que obtuvieron sus libertades condicionales en alguno de ellos. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Muchos otros no han podido ser recogidos porque su periplo penitenciario por cárceles y destacamentos no terminó en Chozas de la Sierra o en Colmenar y no podemos seguirles la huella.

La llamada de la libertad

A nadie se le escapa que el primer deber de un preso es intentar la fuga. Conocemos del coraje de estos trabajadores a través de los expedientes de las evasiones en las que su realidad supera nuestra ficción. Las características de los espacios geográficos en que se asentaban los destacamentos penales, relativamente aislados en el territorio, cercados por la orografía más que por alambradas, así como las fisuras en los sistemas de vigilancia, ligado a la precariedad de las construcciones, hacían que este deseo de libertad se convirtiese en una realidad nada infrecuente, siendo la naturaleza del terreno una perfecta aliada. En sus expedientes transitamos por la intrahistoria de estos penales en los que se investiga además de sobre la posible falta de celo o negligencia en el proceder de guardias y funcionarios de prisiones, sobre si había indicios de que los fugados pertenecieran a un grupúsculo subversivo o guerrillero en connivencia con elementos rebeldes en el exterior; también sobre posibles elementos revolucionarios o de excitación marxista en el interior que les hubieran incitado a la evasión; o bien si simplemente el impulso de fuga se debía a una decisión individual y emocional propia de su condición de presos.

Las sombras

Como colofón de la cara oculta de este aleph penitenciario, inescindible de los rostros de los penados, las sombras pululan y fluyen atravesando la historia de este capítulo de la represión franquista de la inmediata posguerra. Son entre otras muchas, las mujeres de los presos. La Asociación ha querido recuperar todos los nombres que han podido ser encontrados en sumarios y fichas penitenciarias, y han sido puestas al lado de sus maridos, también en letras negrillas, como corresponde. En este primer trabajo de investigación son 64 mujeres las que igualmente nos interpelan a una reflexión de muy largo aliento, que incluye a los bebés nacidos en los chabolares, así como a su supervivencia en estos lugares como sirvientas, costureras, lavanderas, o administrando la miseria o lo poco que tenían. Ellas, que tan poco tuvieron qué ver en la guerra y que tanto sufrieron las consecuencias.

La cultura material e inmaterial que se desprende de estos y otros destacamentos penales activos entre los años 40 y 50 del siglo XX, así como su encaje en la economía nacional de posguerra, debe ser de obligado conocimiento en colegios, academias, universidades, foros de divulgación porque forma parte de lo que hemos sido y de lo que somos las nuevas generaciones, y que nos interpela sobre lo peor y lo mejor del ser humano.