Energías renovables
“Nos van a robar hasta el sol”: la Junta continúa abriendo puertas a los macroproyectos energéticos

“Van a poner un proyecto horroroso donde hacemos la romería de la virgen de las cabezas y otro a 200 metros de las casas”. Maricarmen González es vecina de Zújar, Granada, uno de los más de 90 municipios afectados por la creación de macroproyectos energéticos en Andalucía que presentaron el pasado noviembre una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) en el parlamento de la Comunidad para pedir moratoria de estas instalaciones. Estos vecinos llevan desde 2021 luchando contra la instalación de doce aerogeneradores en el cerro del Jabalcón, en cuya ladera se encuentra el municipio. “Estamos desde el principio en la lucha porque nos van a hacer polvo la zona”, sostiene esta vecina.

Proyectos como este llevan proliferando los últimos años en toda la cartografía rural de Andalucía. El pasado septiembre más de 90 localidades, lo que supone más de 420.000 electoras, se unían para presentar en el parlamento de Andalucía una ILM para regular los macroproyectos de energías renovables que superen los 5 MW y no estén asociados a comunidades energéticas en Andalucía. La iniciativa fue redactada por el equipo jurídico de la Alianza Energía y Territorio (Aliente). Se trata de la primera vez en la historia de la Comunidad andaluza que más de 90 consistorios de todas las provincias andaluzas y de todo el espectro político presentan conjuntamente una Proposición de Ley solicitando la planificación, la ordenación y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la instalación de macroproyectos industriales eólicos y fotovoltaicos en suelo andaluz.

El pasado 8 de febrero la ILM fue debatida en el parlamento andaluz con una respuesta contraria por parte del PP, con mayoría absoluta en la institución. Su portavoz, Julia Ibáñez, ha tachado la proposición de “ilógica” y que además “estigmatiza el desarrollo de las energías renovables solo contribuye a la desinformación y animadversión”. El portavoz de la ILM en el parlamento andaluz y alcalde de Coria del Río, Modesto González Márquez, responde a las palabras de Ibáñez recordando que la iniciativa no está en contra de las energías renovables, sino que está a favor de “la democratización de la energía y hacia la soberanía energética de nuestro territorio, para que cada ciudadano pueda hacerse hasta donde pueda de su propia energía, eliminando cada vez más la dependencia externa en un bien necesario”.

“Estamos desde el principio en la lucha porque nos van a hacer polvo la zona”, sostiene una vecina

González Márquez, además, ha criticado el uso de la emergencia climática por parte del gobierno andaluz para justificar sus intereses económicos y le achacan una falta de planteamiento: “Las voces interesadas en no dar luz a la moratoria nos dicen que no podemos parar y además ponen como excusa la emergencia climática. Esa emergencia climática que tanto pregonan ahora no se ha planificado en los últimos 20 años. Si la administración hubiera planificado el caos que tenemos y que estamos generando no habría surgido, antes se ha tenido tiempo y no se ha querido planificar posiblemente para llegar al momento presente y tener estas excusas de que hay que cumplir con la agenda 2030 y no tenemos tiempo y hay que acelerar de cualquier manera”.

La ILM promovía una demora en la puesta en marcha de los más de mil macroproyectos energéticos que se van a poner en marcha en los próximos meses en Andalucía hasta que se cuente con una planificación que cuente con la participación de la ciudadanía implicada y que solo se construya en zonas específicas de energías renovables evaluadas y certificadas. Se trata de un requerimiento que no está cumpliendo el gobierno andaluz y que está recogido en el Reglamento Europeo, UE 2022/2577.

Andalucía, zona de sacrificio

Durante la votación de la ILM decenas de vecinos procedentes de los municipios afectados se manifestaron frente al parlamento andaluz bajo lemas como “renovables sí, pero no así” o “la placa en los tejados y las vacas en los prados”. Los vecinos se encuentran preocupados por el futuro de sus localidades y se niegan a ser convertidos en “zonas de sacrificio”, un término acuñado por la sociedad civil chilena en 2019 y popularizado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como “áreas de sacrificio a todos aquellos territorios habitados que sufren impactos negativos socioambientales como consecuencia de algún tipo de actividad industrial contaminante”.

La problemática de los macroproyectos se repite desde Zújar (Granada), Higuera de la sierra (Huelva) y en el valle del Guadalhorce (Málaga). José Luis es vecino de Alora (Malaga) y se queja de la falta de información que reciben los afectados y de las falsas promesas de progreso que envuelven los macroproyectos de energía: “No están informando a los afectados, queremos que la gente tome conciencia de que esto va a ser una ruina para el municipio”. Juana vecina del municipio, añade: “Además esto no va a bajarnos la factura de la luz a nosotros, es para venderla fuera, estos proyectos no crean trabajo, lo destruyen y una vez se usa la tierra, para esto se muere y no se puede volver a usar”.

Eduard Roses es vecino de Gaucín (Málaga), y forma parte de la plataforma de SOS Jimena, Campo de Gibraltar y Gaucín, varias zonas afectadas por la imposición de macroproyectos. Roses insiste en el agravio que supone la creación de estos proyectos en la protección de la biodiversidad y en la falta de implicación del resto de la sociedad con esta cuestión: “Cuando algo no te afecta de cerca, la gente no suele implicarse, los medios de información no tratan estos temas y la gente de la ciudad tiene otro tipo de vida en el que no caen en la cuenta de lo importante que es esto”.

A pesar de la negativa del gobierno andaluz a la moratoria de los macroproyectos energéticos desde los municipios afectados son tajantes: “Para nada la batalla está perdida, todo lo contrario es tan solo el inicio de una lucha por la defensa de la justicia”.