Extremadura
Las ayudas sociales y el mercado de trabajo (según la patronal extremeña)

Para los líderes de los patronos extremeños, se necesita más mano de obra poco especializada en nuestro mercado laboral. Según ellos, la culpa de este estado de cosas la tienen los propios trabajadores y trabajadoras que no quieren aceptar ciertas tareas porque tienen la cobertura que les ofrecen los ingresos que reciben de la Renta Básica y otros tipos de subsidios. De este modo, lanzan un recadito al gobierno regional para que se piense y recorte las ayudas sociales, y le presionan con la proliferación de afirmaciones públicas en los medios de comunicación expresando de forma contundente que la Renta Básica altera el mercado laboral.

Estos señoritos extremeños satisfacen y justifican sus pensamientos analizando y criticando lo que hacen los de abajo, no quieren ver otras cuestiones que de manera mucho más importantes alteran el mercado laboral, y que influyen decisivamente en el funcionamiento de las relaciones de producción en la economía.

Las alteraciones del mercado laboral las sufren las clases trabajadoras, y las hacen aquellos empresarios que realizan contratos de dos o tres horas o pagan jornales de miseria aprovechando el elevado desempleo y las condiciones laborales que empeoraron, cualitativa y cuantitativamente, desde la aprobación de las diferentes reformas laborales que hicieron el PSOE y el PP.

Las alteraciones del mercado laboral las sufren las clases trabajadoras, y las hacen aquellos empresarios que realizan contratos de dos o tres horas o pagan jornales de miseria

Estas reformas favorecen exclusivamente los intereses económicos de los empresarios, con leyes y normativas que han reducido la capacidad de la clase trabajadora para la negociación colectiva, han certificado contratos que degradan la dignidad del trabajador/a y han permitido el despido libre que pone en manos del empresario toda la fuerza legal de la libre contratación.

Los dirigentes de las organizaciones empresariales, Francisco Javier Peinado y Luis Cortes, seguro que favorecidos por subvenciones públicas, están obsesionados con la supresión de programas públicos de ayudas sociales porque consideran que así estará rebosante el mercado de mano de obra barata y fácil. En esta vorágine por el logro de cómodos beneficios a base de jornales de miseria, sin mejoras de la productividad, algo que no viene de ahora sino que es un problema que arrastra la clase capitalista española desde el siglo XIX, los representantes más vociferantes de las patronales extremeñas descuidan la crítica a sus comportamientos sociales y omiten desde su privilegiado púlpito la responsabilidad que ellos pudieran tener en la situación social de la región, y en concreto, en el numeroso paro existente, en la precariedad laboral y, en consecuencia, en la pobreza y exclusión social que sufren las capas sociales más bajas de nuestra sociedad.

Mientras tanto, la economía extremeña poco cambia con el paso del tiempo y su avance es lento, tanto o más que los trenes que circulan por nuestras antiguas y maltrechas vías. En los polígonos industriales de nuestras ciudades y pueblos emergen muy lentamente actividades y negocios, lo que no es óbice para que los esfuerzos propagandísticos de nuestros alcaldes intenten hacernos creer que todo va sobre ruedas y que pronto los valores de nuestro PIB quedarán a años luz, perdidos y olvidados en el tiempo como los céntimos y las pesetas.

Los dirigentes de las organizaciones empresariales, Francisco Javier Peinado y Luis Cortes, seguro que favorecidos por subvenciones públicas, están obsesionados con la supresión de programas públicos de ayudas sociales

La instalación de grandes empresas en algunas localidades se realiza a base de bajos salarios que proporcionan grandes beneficios a los capitalistas, dueños de las fábricas, pero repercuten muy poco en el consumo y en la mejora de la vida de los pueblos. Además, lo que no somos capaces de superar son ciertas reminiscencias históricas relacionadas con el despotismo y el autoritarismo que siguen apareciendo en el mundo rural obstaculizando el frágil desarrollo democrático y entorpeciendo el crecimiento económico. 

El caciquismo permanece y se reproduce en nuestros pueblos con nuevas formas que, en la mayoría de los casos, tienen apariencia de democracia y asociacionismo de barrio pero que, en el fondo, son nuevos instrumentos en manos de algunos personajes que de este modo hacen del clientelismo su principal base electoral para el control de la administración municipal. Y, como siempre, tanto nuestros empresarios como nuestros dirigentes institucionales, cada cierto tiempo, nos alimentan espiritualmente con historias, con promesas y sueños que, al final, solo son fantasmas que nos enfrentan, son relatos que tienen como protagonistas grandes mecenas que vendrán a darnos fuerzas y oxígeno para que salgamos del letargo económico en el que llevamos cientos de años.

Frente a la sonoridad y estruendo con que se publicitan las miserables ayudas que reciben los pobres, de manera callada y silenciosa llegan buenas subvenciones públicas para la financiación empresarial, procedentes de Europa y de la propia Junta de Extremadura. Un ejemplo de todo esto es la PAC, que distribuye en una proporción notable fondos europeos de los que se benefician, mayoritariamente, los grandes propietarios agrícolas, muchos de ellos dueños de notables producciones o de considerables extensiones de tierras. Esta gente, a pesar de los muchos millones de euros que reciben, tiene grandes dificultades y encuentran múltiples obstáculos, incluso morales, con continuos regateos, para pagar los bajos salarios a los trabajadores o trabajadoras, establecidos en el desastroso convenio colectivo agrícola.

Frente a la sonoridad y estruendo con que se publicitan las miserables ayudas que reciben los pobres, de manera callada y silenciosa llegan buenas subvenciones públicas para la financiación empresarial, procedentes de Europa y de la propia Junta de Extremadura

Ahora que se están tramitando los Presupuestos regionales, las manifestaciones realizadas hace unos días por el presidente de la CREEX y del dirigente de la organización agraria la Unión, además de que quieren influir en el gobierno regional para que tenga en cuenta las cantidades asignadas a ciertas partidas presupuestarias, nos reflejan el pensamiento tan mezquino con el que cierta clase empresarial juzga y valora la pobreza y las ayudas sociales. Para esta gente, las políticas públicas de protección social son “evaluadas” como inconvenientes que impiden que en el mercado de trabajo haya una mano de obra libre y a precio de saldo; en sus opiniones verbales, dan la impresión de que no tienen suficientes desempleados y desempleadas con los más de 100.000 que hay en Extremadura, sino que además preferirían una mayor desprotección institucional para así facilitar la contratación.

No tienen en cuenta que muchas de las personas que cobran la Renta Básica están fuera del mercado de trabajo y que de no ser por estas ayudas sociales, como la Renta de Inserción Extremeña, estarían en la total indigencia. De todos modos, nos parece mentira que tanto el empresario como el dirigente sindical tengan en tan poca estima a la clase trabajadora; no están convencidos de que un trabajador/a lo que quiere es trabajar, y de que no rechazará un puesto de trabajo si cobra la Renta Básica o cualquier tipo de subsidio; a no ser que se le quiera pagar un salario de indigencia y humillante para su dignidad; en estos casos, es obvio que los trabajadores y las trabajadoras eventuales rechazarán miserable ofrecimiento.

Como decíamos inicialmente, el presidente de la CREEX y el dirigente agrario lanzan un recadito a la Junta de Extremadura para que se piense las cantidades que en los presupuestos regionales irán destinadas a estas ayudas sociales. No obstante, deben estar tranquilos porque el gobierno extremeño quiere que se cumplan sus previsiones, y además contará con la vigilancia y el control exhaustivo que realiza la Administración regional para que las familias humildes no se salten ninguna línea roja en el cobro de las ayudas sociales. Así, para que no haya ligereza ni picaresca, y para que nadie se aproveche de esta renta mínima, cuyas cantidades oscilan entre los 430 euros y algo más de los 600, el censo está actualizado y la transparencia a la orden del día.

No tienen en cuenta que muchas de las personas que cobran la Renta Básica están fuera del mercado de trabajo y que de no ser por estas ayudas sociales, como la Renta de Inserción Extremeña, estarían en la total indigencia

En todo caso, no desconocen que lo aprobado en el presupuesto de 2018 no cumplía con lo legalmente establecido en la Ley de Exclusión Social ni en la Ley de Emergencia Social de la Vivienda. Las cantidades presupuestadas no alcanzaron a la mitad de lo previsto en las leyes; ni sabemos si se ejecutaron totalmente o solo parcialmente.

En los presupuestos para 2019, se vuelven a destinar cantidades semejantes a las de 2018, unos 47 millones de euros. La realidad es que estas cuantías para ayudas sociales son muy insuficientes porque no responden a las necesidades vitales que se dan en buena parte de la población extremeña, y porque, como hemos comentado, no se ajustan a lo prometido y asignado en las normativas que fueron aprobadas en su momento por quienes hoy se responsabilizan del gobierno extremeño.

Conviene recordar que en estos momentos alcanzamos unos niveles de pobreza y exclusión social que se aproximan al 50 % de la población extremeña. En Extremadura, más de 400.000 personas ingresan menos de la cantidad que sirve de referencia al umbral de la pobreza. A pesar de la inutilidad de tantos pactos y protocolos que firman la Junta, sindicatos y empresarios con la justificación de mejorar la economía y el mercado laboral extremeño, tenemos en nuestro territorio más de 100.000 personas desempleadas. Según los datos estadísticos, más del 60 % de desempleados que cobran el subsidio de desempleo están en riesgo de pobreza, entre ellos los que están cobrando la Renta Básica extremeña, que son aproximadamente unas 6.000 personas. Es fácil imaginar que con los pocos ingresos que reciben subsistan con enormes dificultades, necesitando en muchos casos recurrir al banco de alimentos.

Según los datos estadísticos, más del 60 % de desempleados que cobran el subsidio de desempleo están en riesgo de pobreza, entre ellos los que están cobrando la Renta Básica extremeña, que son aproximadamente unas 6.000 personas

Por último, no se corresponden las manifestaciones de este jefe de la patronal extremeña el, Sr. Peinado, con la firma del protocolo por la responsabilidad social empresarial con CCOO, UGT y la Junta de Extremadura. Pero no hay problemas, todo a su debido tiempo. La Consejera se va a gastar casi 300.000 euros para que los empresarios obtengan esa acreditación empresarial, y para que aprendan que la responsabilidad social empresarial no es otra cosa que llevar a la práctica una forma de gestión empresarial que busque la armonía entre los diferentes grupos sociales que participan en la producción de bienes y servicios, y el conjunto de la sociedad.

Pero claro, la dificultad que hay en todo esto es inherente y está en la propia naturaleza del sistema capitalista, y en su modo de producción. Los intereses objetivos de la clase capitalista son diferentes y opuestos a los de la clase trabajadora, por lo que seguiremos con la misma dialéctica y con la lucha de clases.