El monte de Castro Valente, en el municipio de Padrón (A Coruña), es desde hace siglos un punto de referencia en la memoria colectiva local. Situado a orillas del río Ulla a su paso por Herbón, el emplazamiento estratégico de la cumbre, a casi 400 metros de altura, permite tener un control visual de la ruta fluvial del Ulla hasta su desembocadura en la ría de Arousa.

El historiador Antonio López Ferreiro lo describió en el año 1898 como “un formidable Castro [...] que todavía conserva gran parte de la muralla que lo rodeaba”, y se preguntaba si “sería un campamento, o un lugar de refugio para los Irienses en caso de apuro”. Manuel Murguía, en su obra Historia de Galicia, también realiza una descripción detallada del yacimiento. Catalogado en el Servicio de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio, el hallazgo se ve amenazado ahora por la posible construcción de un parque eólico aupado por Iberdrola y la Xunta de Galicia.

En el año 2020, bajo el proyecto de investigación Castillos en el aire —financiado por la Deputación da Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela— los arqueólogos Mario Fernández-Pereiro y José Carlos Sánchez-Pardo sacaron a la luz una imponente fortaleza altomedieval que permanecía oculta entre la vegetación. Con una extensión de casi 10 hectáreas y una muralla de más de 1.200 metros de perímetro, Castro Valente destaca por sus estructuras defensivas: 30 torres y varias puertas distribuidas estratégicamente.

La primera campaña de excavación permitió confirmar la técnica constructiva de la muralla, de hasta tres metros de grosor, y localizar restos de una estructura intramuros. Además, los restos materiales como tejas y fragmentos cerámicos apuntaron a una ocupación situada entre el final del Imperio romano y la Alta Edad Media, entre los siglos V y VII.

El año pasado, se llevó a cabo una nueva campaña de excavación con el objetivo de profundizar en la cronología y función de esta monumental fortaleza altomedieval, ya que los expertos consideran que Castro Valente presenta “unas características únicas y muy interesantes para estudiar el fin del Imperio Romano y el comienzo de la Alta Edad Media gallega”. 

Molinos de viento encima de un yacimiento milenario

A comienzos del 2021, la Xunta de Galicia sometía a información pública el parque eólico Castro Valente, promovido por Iberdrola Renovables Galicia, S.A. El proyecto contempla la instalación de 4 aerogeneradores de más de cien metros de altura con una potencia total instalada de 18 MW.

“En el momento en que un yacimiento está inventariado dentro del Servicio de Patrimonio, tiene una protección estándar de 200 metros alrededor del mismo”, explica Mario Fernández-Pereiro. Según el documento presentado por Iberdrola, los molinos se situarían a 259 metros.

Castro Valente ya fue afectado por la reciente instalación de una línea de alta tensión, durante la cual se descubrió una segunda muralla de la fortaleza. “Cada vez que se limpia monte aparecen más estructuras asociadas al yacimiento”, afirma Fernández-Pereiro, quien advierte de que la instalación de las torres de alta tensión fue una “intervención mínima en comparación de lo que supondrá la instalación de un parque eólico”.

En las alegaciones presentadas por la asociación ecologista Petón do Lobo, acusan al proyecto de vulnerar directivas europeas sobre hábitats, biodiversidad y aguas, y cuestionan su “interés autonómico”, considerando que se trata de una iniciativa industrial más dentro de una “expansión eólica descontrolada” sin una evaluación ambiental estratégica actualizada.

Además de la afección a la fortificación histórica de Castro Valente, alegan que el proyecto afectaría severamente a los ecosistemas fluviales y humedales, fundamentales para el abastecimiento de agua y la biodiversidad local. La instalación se asentaría sobre hábitats prioritarios de conservación europea, cuya destrucción sería irreversible.

Las alegaciones también destacan la amenaza directa a zonas de cría y tránsito del lobo ibérico y advierten de la fragmentación de explotaciones agropecuarias y la pérdida de tierras productivas debido a las cimentaciones de hormigón y a los movimientos de tierra necesarios.

El arqueólogo Fernández-Pereiro remitió además un escrito al Consello da Cultura Galega, solicitando la paralización de la autorización para la instalación del parque eólico. El documento apela a la legislación estatal y a los tratados internacionales de protección del patrimonio —como la Carta de Venecia o la Convención de la UNESCO de 1972— que obligan a preservar tanto los bienes culturales como su entorno.

En abril de 2024 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó la suspensión cautelar de la autorización otorgada por la Xunta para el proyecto del parque eólico, y elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si la legislación gallega y española cumplen con las exigencias de participación pública y evaluación de impacto que marca la normativa comunitaria.

A pesar de la suspensión decretada por el TSXG, la Xunta de Galicia declaró en mayo la utilidad pública del parque eólico Castro Valente, lo que implica la posibilidad de expropiar terrenos para su construcción. Esta decisión, adoptada mientras el proyecto sigue pendiente de resolución en el TJUE, generó malestar entre el vecindario y colectivos ecologistas, que denuncian una estrategia para acelerar la implantación del parque sin esperar al pronunciamiento europeo.

“No pusieron los informes sectoriales a disposición pública”, denuncia Luis Magariños, vecino afectado. “Esta declaración de utilidad pública la vamos a apelar”, añade. Para el vecindario resulta incongruente que se avance en un proceso expropiatorio mientras pende la incertidumbre sobre la legalidad ambiental y procedimental del proyecto.

La asesoría jurídica de la Xunta emitió un informe en febrero en el que concluye que la suspensión cautelar de las autorizaciones no impide la tramitación de la declaración de utilidad pública, ya que este trámite se puede realizar de forma independiente. No obstante, se suspende la resolución del procedimiento de expropiación hasta que se levante la medida cautelar o se dicte sentencia firme que resuelva los recursos pendientes.

Este caso se enmarca en un contexto de creciente tensión entre la Xunta y el TSXG, ya que actualmente son más de 60 los parques eólicos paralizados en Galicia. De hecho, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusó recientemente a los “activismos ecológicos” y al TSXG de obstaculizar el desarrollo del “futuro energético” de la región.