Industria
Los ecologistas califican el nuevo plan renove como ayudas a la contaminación

Hace apenas unas semanas la concentración CO₂ en la atmósfera terrestre alcanzaba un nuevo y alarmente máximo histórico: 417 partes por millón. Unos kilómetros más abajo, en la superficie del planeta, los peculiares seres causantes del rápido e incesante aumento de estos gases de efecto invernadero, con consecuencias catastróficas para la vida terrestre, continúan —con alguna limitación respecto a fechas anteriores, todo sea dicho— fomentando las prácticas que producen dichas emisiones.

La última es la que se ha conocido este 15 de junio en el país que ocupa la mayor parte de la península situada en el suroeste del continente europeo: España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayudas milmillonarias en un nuevo Plan de Automoción para fomentar el consumo de vehículos, un paquete que está previsto que quede aprobado hoy en la Cámara baja. En concreto serán 3.750 millones de euros, con una inversión directa de 515 millones de fondos públicos, sumada a líneas de crédito ICO, exenciones fiscales y ayudas a I+D. 260 de esos millones se destinarán al mayor plan renove de vehículos particulares —incluidos diésel y gasolina— jamás aprobado.

Este no es el camino para las organizaciones ecologistas. Greenpeace ha querido dejar el mensaje claro desplegando este martes en las inmediaciones del Congreso de los Diputados —donde se celebra una nueva sesión de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica— una pancarta de más de 200 metros cuadrados desde una grúa a 50 metros de altura con el mensaje: “No más dinero público a empresas contaminantes”. 

“Mientras toda Europa está subvencionando solo vehículos eléctricos para potenciar su industria nacional y evitar caer en la obsolescencia, nosotros seguimos apostando por una tecnología obsoleta como es el diésel y la gasolina”, señalaba a primera hora de este martes el portavoz de la organización, Adrián Fernández, en las inmediaciones del Congreso. “El motor a combustión debe dejar de venderse para cumplir con los objetivos de la crisis climática. No podemos destinar dinero público para su compra”, continuaba.

El sector más contaminante

El transporte supone el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y, como recuerda Ecologistas en Acción (EeA), los automóviles son los responsables del 60% de esas emisiones. “Aunque el argumento de la industria es que un plan de renovación de la flota ayudaría a reducir emisiones, lo cierto es que los coches vendidos en los últimos años son menos eficientes y emiten más  CO₂, debido fundamentalmente al incremento de la masa y el volumen de los vehículos nuevos”, denuncia la confederación ecologista.

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Un borrador del plan, filtrado a EeA, señala que las ayudas llegarían a los vehículos que emiten hasta 120 gr CO₂/km, una cifra por encima del objetivo que la UE había puesto a la industria: una media de 95 gCO₂/km en la flota de coches vendida este año. Las ayudas supondrán un ahorro de hasta 1.000 euros para coches gasolina, diésel o híbridos de hasta 35.000 euros.

Las ayudas al sector del automóvil se suman a los mil millones en avales recibidos por las aerolíneas —750 para Iberia y 260 para Vueling, a través del Instituto de Crédito Oficial— y a un posible rescate de Iberia que está aún en el aire pero que fuentes del sector consultadas por este diario dan por hecho. Todo ello a pesar de que International Airline Group (IAG), grupo al que pertenece la aerolínea junto con Vueling, obtuvo un beneficio de 1.715 millones de euros solo en 2019.

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“El Estado financia a industrias contaminantes con dinero público en el contexto de la Covid-19, comprometiendo los objetivos de reducción de emisiones firmados por España”, señala el portavoz de Greenpeace. Esta organización alerta además del riesgo de seguir basando las exportaciones españolas en vehículos de conmbustión interna frente a la estrategia de otros países —principalmente Francia y Alemania— que se centran en los modelos menos contaminantes.

“Si esta situación se refuerza, además, con subvenciones públicas, podría condenar a la obsolescencia a un sector que supone el 10% del PIB nacional”, señalan desde la ONG ambientalista. “Lo sucedido en Nissan podría repetirse si no se aborda la transformación del sector hacia vehículos de cero emisiones”, alerta Fernández.

Por suparte, Ecologistas en Acción demanda que el dinero público destinado al sistema de transporte y movilidad se invierta “en medios sostenibles como infraestructuras y medidas que prioricen los desplazamientos a pie y en bicicleta y ayudas al transporte público”, y ponen el ejemplo de las ayudas de 250 millones de libras que el gobierno británico ha otorgado para infraestructuras peatonales y ciclistas. Esta exigencia de los ecologistas coincide con las demandas de más del 80 % de la población, según una encuesta realizada por la empresa especializada en análisis de datos internacional YouGov en 21 países.

Además, Ecologistas en Acción exige que los fondos públicos “sean utilizados ahora más qe nunca para proteger a las personas, mejorar el sistema sanitario y el resto de los servicios públicos y a prepararnos para afrontar la emergencia climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos”.