Infancia
Las familias monomarentales exigen que la Ley de familias garantice un mínimo marco protector

El pasado 9 de febrero, las entidades que agrupan a las familias monoparentales y defienden sus derechos tenían una cita importante. Estaban convocadas en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para informarse sobre los avances de una ley que les resulta de vital importancia, la Ley de Familias. En esta iniciativa legislativa, de la que el gobierno lleva hablando desde principios de legislatura y que ha acabado llegando a un proceso de urgencia ante la inminencia del ciclo electoral, las organizaciones habían depositado muchas expectativas.

El pasado octubre, como resultado del acuerdo en torno a los presupuestos del Estado para 2023, el gobierno anunció que desde 2023 las familias monoparentales con dos hijos o hijas serían consideradas familias numerosas. Así se recogía finalmente una demanda histórica de las organizaciones: la equiparación de estas familias con otras que ya gozaban de esta consideración, pues las mujeres que quedaban viudas ya eran consideradas familias numerosas si tenían al menos dos menores a su cargo. Las entidades celebraron la medida, si bien recordaban que ya había una disposición que instaba a hacer este cambio en los presupuestos de 2008. Consideran, sin embargo, que el cambio es insuficiente y que se debe de proteger a todas las familias monoparentales, pues comparten, con uno o más hijos, la característica de que solo cuentan con una persona adulta para satisfacer las necesidades económicas y de cuidados que requieren las familias, situación que tiene consecuencias: un 54% de las familias monomarentales están en riesgo de pobreza y exclusión, unos datos que duplican a los de la totalidad de familias con menores a cargo.

Las familias monomarentales exigen que su modelo de familia sea tenido en cuenta en las políticas públicas

Sarah Babiker

Cuidados

Cuidados Las familias monomarentales exigen que su modelo de familia sea tenido en cuenta en las políticas públicas

Sarah Babiker

El gobierno incorpora algunas de las demandas de las familias monomarentales a los presupuestos, los colectivos fiscalizan que las mejoras se materialicen, mientras demandan un plan más ambicioso para la nueva Ley de Familias.

Demanda de un marco de protección común

“Esta ley es necesaria”, destaca Carmen Flores, al frente de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS); quien reconoce como “muy positivo”, que haya habido un reconocimiento a las familias monoparentales. “Pero al final”, lamenta, “ese aspecto positivo se ha convertido en incompleto”. Y es que el anteproyecto de ley apenas nombra finalmente a las familias monoparentales, enumerándolas como una forma más de situación familiar. Desde las entidades denuncian que las familias monoparentales son una modelo de familia más, y que por tanto deben ser definidas. Con el reconocimiento de este modelo de familia también apuntan a la necesidad de que exista protección “desde el primer hijo, no desde el segundo, como alega el capítulo de las Familias con necesidades especiales de apoyo a la crianza”. Desde las organizaciones no entienden que no se incluya a las familias de un hijo o hija en este marco, que representan hasta el 70%  de la monoparentalidad.

Para la presidenta de FAMS, es prioritario corregir una exclusión que consideran discriminatoria, y que establecería “categorías de familias monoparentales de primera o de segunda”. Aterriza esta realidad: “el hecho de solamente tener una persona adulta a cargo de esos menores, lo que hace es que las pone permanentemente en situaciones de riesgo. Porque en cuanto tengas que pedirte un permiso, ya estás exponiéndote en el trabajo a un despido”. Es decir, es la circunstancia de que haya una sola persona adulta responsable, no el número de hijos e hijas, la condición que supone un riesgo para familias que difícilmente llegan a cubrir necesidades económicas y de cuidados, pues “las mujeres muchas veces no se pueden permitir una reducción de jornada o una excedencia porque no tienen economía para sustentar a su familia”, mientras, denuncian, siguen sin contemplarse la duplicidad de permisos.

“Si se aprueba el proyecto de Ley de Familias tal y como está, el gobierno sacará una ley que sigue discriminando nuestro modelo de familia”. Miriam Tormo, presidenta de Madres Solteras Por Elección

“Si se aprueba el texto tal y como está, el gobierno sacará una ley que sigue discriminando nuestro modelo de familia”. Miriam Tormo, presidenta de Madres Solteras Por Elección, que también pertenece a la FAMS, comparte diagnóstico sobre la reunión con el Ministerio, “no teníamos grandes expectativas de que hubiera cambios por la urgencia con la que quieren aprobarlo, salimos decepcionada, sabemos que era difícil pero teníamos algo de esperanza en que hubieran cabido alguna de nuestras reivindicaciones”, y es que las organizaciones presentaron sus alegaciones en tiempo y forma antes del 25 de diciembre, sin embargo, los tiempos no permiten “cambios de calado”, pues no hay tiempo para reabrir las negociaciones con los distintos ministerios implicados.

“Para nosotras era fundamental un marco protector claro e inmediato que supusiera la llegada de recursos básicos, entendíamos que ese marco era adaptarse al marco que disfrutan las numerosas, desde el primer hijo”, explica Tormo. “Nuestras dificultades vienen por ser una sola persona adulta, de la falta de disponibilidad de tiempo. No se trata de una cuestión solo laboral, implica muchas consecuencias también en lo personal, que está olvidado”. La presidenta de MSPE desarrolla por qué considera necesario, para que exista una equidad efectiva, la existencia de este marco mínimo protector: “Como únicas adultas en la unidad familiar, estás expuesta a un espiral: si pierdes el trabajo te quedas sin recursos para pagar cuidados, y entonces deviene muy difícil encontrar empleo. Hay que prevenir esa espiral, lo que pedimos es un marco preventivo”. Tormo considera que en la ley hay “un vacío muy grande, porque no se está abordando esa brecha”. En su opinión son de hecho tres las grandes carencias que trae el proyecto:  no enfrentar la brecha económica, no tener en cuenta la diferencia en cuanto a disponibilidad de tiempo —en cuanto a no garantizar la duplicación de todos los permisos— y ni siquiera mencionar la penalización fiscal que sufre este modelo de familia, frente a las biparentales.

En la nota de prensa difundida por la FAMS tras la reunión, la federación recordaba sus principales alegaciones no comprendidas en el proyecto de ley. A parte de las ya mencionadas, criticaban otra forma de exclusión de las familias monoparentales con un hijo o hija a cargo del título de Familias con mayores necesidades de apoyo en la crianza. En particular “En lo referente a discapacidad (de persona adulta o menor) o bajos ingresos”. Exponen que “en el anteproyecto actual se crea una discriminación, pues en familias biparentales cuando uno de los miembros tiene discapacidad o los ingresos familiares no superan un umbral se “cuenta” como si en la familia hubiese un menor más, algo que no se hace cuando la familia es monoparental.

Otra gran ausente en el anteproyecto sería, como apuntaba Tormo, la revisión de una fiscalidad que, consideran, penaliza a las familias con una sola persona adulta que “soportan una mayor presión fiscal en comparación con las familias biparentales con iguales ingresos familiares”. Para ello, consideran necesario que se incluya la opción de Familia Monoparental propia, y que se equiparen las reducciones de tributación, que para los matrimonios es de 3.400€ cuando la declaración es conjunta, y para las familias monoparentales, de 2.150€. “Proponemos la aplicación de un trato igualitario y la misma deducción que se contempla para las numerosas actualmente, es decir, 1.200 € año con un hijo/a, y el doble a partir de dos”.

Las organizaciones de familias monoparentales lamentan que la Ley de Familias, una normativa de la que se lleva hablando desde inicio de legislatura y en torno a la que se han manifestado consensos, haya acabado absorbida por las lógicas internas del gobierno

Víctimas colaterales de pulsos en el gobierno

La ley de familias, ha estado entre aquellas iniciativas legislativas defendidas por Unidas Podemos que se ha encontrado con dilaciones y complicaciones, llegando Ione Belarra a publicar en sus redes sociales un vídeo en el que apremiaba a los socios mayoritarios de gobierno a la acción. Sin ánimo de repartir responsabilidades, las organizaciones sí lamentan que una normativa de la que se lleva hablando desde inicio de legislatura y en torno a la que se han manifestado consensos, haya acabado absorbida por las lógicas internas del gobierno. “Esa es la lectura que hago yo”, apunta Flores, “así se lo hemos hecho saber a ambos partidos. Lo que no se puede hacer es que los conflictos internos nos acaben perjudicando a nosotras”.

Se prevé que la ley sea presentada en segunda vuelta el próximo marzo, para que entre en trámite parlamentario. Las alegaciones que se presentaron en diciembre, pues, deberán ser trasladas a los grupos parlamentarios, para que las incluyan en las enmiendas, que serán debatidas una a una. Flores lamenta, que en lugar de haber llegado a un consenso mínimo en el gobierno para incorporar las alegaciones, se les emplace a recorrer una vía “complicada y muy muy extensa”.

Esperan, no obstante, a la vista de consensos previos que se han dado en el congreso, que haya algunos temas más fáciles, como los relativos a la duplicación de los permisos. “Pero en el resto de cosas, no lo sabemos, la verdad. Nos toca reunirnos con los grupos políticos y ver qué podemos conseguir. Porque es verdad que ahí hay veces que sí que encontramos empatía y afinidad. Pero luego eso no se traduce en los papeles y en las votaciones”.

La definición de la monoparentalidad y otras urgencias

Entre los principales reclamos de las organizaciones está una definición clara de qué es una familia monoparental, algo que, señalan, no queda establecido en el proyecto de Ley. Recuerdan que las definiciones restrictivas tienen consecuencias en las vidas de estas familias, privándolas de derechos. Por ejemplo, la definición que usa la Agencia Tributaria que “considera familia monoparental aquella que tenga a su cargo menores que no tengan derecho a pensión de alimentos”, expone Flores.

Esta mirada restringida deja a fuera muchas realidades, para empezar la de las mujeres cuyos hijos tienen reconocimiento paterno pero los padres no pagan la pensión, o la pagan “en los tiempos en los que la ley establece para evitar la denuncia por impago. O bien estos señores desaparecen y se van incluso del país, con lo cual es complicado hacer una denuncia y que esa denuncia prospere”. Y es que, recuerda la presidenta de FAMS, los tiempos de la justicia se dilatan perjudicando a madres niños y niñas.  Por ello, considera que aún cuando se cobra una pensión, que en muchos casos es muy reducida, habría que tener en cuenta a estas familias, cuando “el padre no está ejerciendo”. La FAMS conmina a la administración a tomar nota de las diversas definiciones incluidas en las leyes de las comunidades autónomas.

Las familias monomarentales pierden la paciencia mientras empeoran sus condiciones de vida

Sarah Babiker

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Exigen una respuesta urgente ante la situación del colectivo, con más de la mitad de los hogares monomarentales en riesgo de pobreza y exclusión social.

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Precisamente, un poco “por sorpresa” les ha encontrado, en la Comunidad Valenciana, la tramitación de una ley de familias autonómica presentada en paralelo a la estatal. Se da el caso de que esta comunidad autónoma cuenta con su propio reglamento en materia de protección de las familias monoparentales. Desde esa experiencia, se muestran especialmente críticas con el proyecto estatal que, “no define ni protege la familia monoparental, la menciona sin más. Lo que han hecho es decir que existen distintos tipos de familia, y nombrarlos”, condena Cristina Reyes, presidenta de la Asociación de familias monoparentales de Valencia: “no es más que una declaración de intenciones”.

En el proyecto de ley valenciano, sin embargo, la mayor parte del articulado se refiere a las familias monoparentales, explica Reyes, pues una vez que se apruebe esta normativa, el decreto existente decaerá. De este reglamento pre-existente las organizaciones critican un aspecto que desean desparezca de la nueva legislación: se trata del baremo económico que se aplica a las familias monoparentales.

“Cuando en 2011 se hizo por primera vez el carnet monoparental en la Comunidad Valenciana, era muy restrictivo, el gobierno lo aprobó con la condición de que tenía que haber un baremo económico, nosotras lo aprobamos porque más vale eso que nada”. Más tarde se reformaría y mejoraría la norma, pero el baremo económico, aunque más amplio, seguía existiendo. “Nosotras somos un único tipo de familia”, explica Reyes, disconforme con que haya un criterio económico que impida que determinadas familias monoparentales sean consideradas como tales. “La monoparentalidad no va con la economía, es cierto que con dinero no lo vives igual, no es lo mismo tener dinero para pagar cuidadora que no tenerlo, pero al final de todo, estas tu sola encargándote de todo”. Considera que este baremo tiene sentido para excluir o incluir en determinadas ayudas, pero no para definir la monoparentalidad. 

Respecto a las medidas relativas a los permisos o a Hacienda, estas deben ser reguladas por el marco estatal. A las monomarentales valencianas les preocupa que el marco que se define a nivel de gobierno central suponga un retroceso respecto a la situación valenciana. Desde la FAMS piden claridad en la transposición de la futura ley a las comunidades autónomas. “La ley nos nombra como sujeto de protección, pero no alienta a las comunidades autónomas a establecer medidas concretas ni las acota en el tiempo”, explica Flores, expresando decepción por la falta de concreción. Tormo lo expresa de otro modo: “vamos a tener un título como familia monoparental y ahora podremos acceder a medidas que recoge la ley”, pero estas medidas —que competen a cuestiones de vivienda, conciliación, educación— estarían aún por definir, y temen que, al ser transpuestas por las comunidades autónomas sin un marco mínimo común, acaben generando familias monoparentales de primera y de segunda en función de su lugar de residencia. 

“Las expectativas de las familias monomarentales eran muy importantes, entendimos que nuestro momento era este, que se iban a solucionar nuestras problemáticas, pero la Ley de Familias se ha quedado muy corta”

Para las entidades esta situación se podría haber evitado si, como reclamaban ya a principios de la legislatura en continuidad con sus demandas, se hubiese legislado su situación en una Ley específica de familias monoparentales, en lugar de integrar su marco de protección en un marco más amplio que abarca a todas las familias. Cuatro años después, señalan esta decisión como una de los detonantes de la problemática actual. “Nuestras expectativas eran muy importantes, entendimos que nuestro momento era este, que se iban a solucionar nuestras problemáticas, pero la ley se ha quedado muy corta”, apunta Tormo.

Ha sido una legislatura difícil, con el coronavirus marcando el inicio de la andadura del gobierno de coalición, y la guerra de Ucrania entrando en escena a mitad de ciclo. Pero también han sido cuatro años particularmente complicados para las familias, que expresan cansancio por el pasado reciente, y por la idea de que les toca a ellas convencer a los grupos parlamentarios que incluyan en sus enmiendas lo que el gobierno no llegó a incluir en el texto de la ley: “hemos sufrido dos crisis sin que se aborde ni una medida urgente para afrontarlas, a pesar de que nuestras tasas de pobreza duplican las del resto de familias, hemos hecho todo este sobre esfuerzo, y ahora se está poniendo todo el peso sobre nuestros hombros otra vez”,  apunta Tormo.

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Patricia Reguero Ríos

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Dos madres de familias monoparentales de Galicia podrán disfrutar de las 12 semanas de permiso que correspondían el segundo progenitor en 2020.

Aún decepcionadas, son conscientes, explica la presidenta de MSPE de que, la Ley de familias, les sitúa en un momento crucial a nivel histórico ,  por lo que están recabando apoyos de otros colectivos —LGTBI, personas con discapacidad— entre los que hay muchas familias monomarentales, así como de entidades que trabajan en el ámbito con la infancia. “Nos parece excesivo la responsabilidad y esfuerzo que  se nos está pidiendo a entidades como la nuestra por la incapacidad de gobierno para sacar una ley que está a la altura del abandono histórico que sufrimos y de los datos de pobreza infantil”, lamenta. 

Y es que, la agenda de las familias monomarentales tiene todo que ver, defiende Tormo, con la Agenda 2030 a la que apunta el Ministerio de Derechos Sociales: tanto para la equidad de género como para la lucha contra la pobreza infantil, proteger a las familias monomarentales es clave. ¿Por qué está costando entonces tanto avanzar en este sentido?. Desde Valencia Reyes opina que hay cuestiones económicas de fondo, pues son muchos los recursos que deberían destinarse para financiar deducciones, becas o ayudas. “El porcentaje de monoparentales con solo apellidos de una familia o viudas es mínimos, el grueso son madres separadas que viven en situación de monoparentalidad, pero si incluyen a estas familias se multiplica el coste”. Opina a nivel personal que este no querer destinar más recursos se corresponde con una falta de sensibilidad hacia la realidad de muchas madres.

Junto a la cuestión económica, en lo relativo a cuestiones como la duplicación de los permisos, Flores señala límites ideológicos. “Nos dicen que puede perjudicar la empleabilidad de las mujeres en general. Cosa que no podemos entender y nos parece un poco mezquino”, apunta la portavoz de FAMS. Con la cuenta atrás activada, las organizaciones seguirán dando la batalla legislativa para que la ley ofrezca el marco protector que esperan y necesitan.