Juicio del 1 de Octubre
Diego Pérez: “El dispositivo de los Mossos estaba más enfocado en facilitar el referéndum que en evitarlo”

La onceava sesión del juicio al Procés ha estado centrada en los operativos policiales que tuvieron lugar en Catalunya desde el 20 de septiembre de 2017 hasta que se dejó de aplicar el artículo 155 en junio de 2018. El coronel del Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial del 1 de octubre, ha sido el testimonio más esperado en un día en el que también se ha contado con las intervenciones del delegado de Gobierno en Catalunya Enric Millo, y José Antonio Puigserver, técnico de Interior.

“Estoy seguro de que los cuerpos y fuerzas de seguridad cumpliron pofesionalmente y actuaron proporcionalmente”, ha afirmado hoy en el Tribunal Supremo Enric Millo en referencia a la actuación de los 6.000 agentes de la Guardi Civil y Policía Nacional que fueron enviados a Catalunya para en referéndum. La jornada acabó, según han denunciado distintas organizaciones ante la ONU, con cerca de un centenar de personas agredidas por la policía, algunas de gravedad, como Roger Español, que perdió un ojo a causa del disparo de una bala de goma por parte de la Policía Nacional, armamento cuyo uso está prohibido en Catalunya desde diciembre de 2013.

Millo, delegado de Gobierno en Catalunya, ha abierto la onceava sesión del juicio del Procés, después de que el pasado 4 de marzo pasara por la sala de la Sección Segunda del Tribunal Supremo José Antonio Nieto —secretario de Estado de Seguridad, actualmente secretario electoral del PP de Casado—, Roger Torrent —presidente del Parlamento catalán—, José María Espejo —vicepresidente primero de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña, también de Ciudadanos—, David Pérez Ibáñez, miembro de la Mesa del Parlamento de Catalunya, del PSOE—, Antonio Bayona —letrado mayor del Parlament catalán hasta junio de 2018— y Xavier Muro i Bas —secretario general del Parlament, que habría advertido a Forcadell de las consecuencias legales de convocar el referéndum—.

El delegado de Gobierno ha explicado que, cuando Joaquim Forn asumió la conselleria de Interior en el verano de 2017, le afirmó, en relación al día del referéndum, que “ese día vamos a garantizar que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad”. Una frase que, según ha subrayado, se le quedó grabada. Millo ha afirmado que, además de las jornadas del 20 de septiembre, cuando tuvo lugar el registro de la Conselleria de Economía, y el 1 de octubre, hubo más movilizaciones, muchas pacíficas pero también “grupos violentos”. “Pintar en una pared ‘Millo muerte’, muy pacífico no es”, afirma.

Millo señala que había manifestaciones “pacíficas”, pero también grupos “violentos”. Cita algunas pintadas amenazantes que parecieron contra él. “Pintar en una pared 'Millo muerte' muy pacífico no es”, se queja. “Se empezó a generar un clima de conflictividad que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a episodios de acoso, hostigamiento y violencia en muchos ámbitos, no solo el día 20”, relata. “Prácticamente en todas se concentraban grupos numerosísimos de personas en diferentes modalidades, más de 150 acciones distintas en diferentes municipios, ante diferentes edificios, a veces con artefactos incendiarios, acosos a las comitivas judiciales y a sus vehículos, a los hoteles donde había guardias hospedados, hubo que desalojar algunos, a la propia Delegación del Gobierno”, continúa.

Subraya el papel de WhatsApp y redes sociales en las movilizaciones y acusa a Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural de alentar las movilizaciones. También de la “gran importancia” que adquirieron los Comités de Defensa de la República (CDR). “La capacidad de movilización era extraordinaria a través de las redes sociales y de las cadenas y los grupos de WhatsApp”. “Aparentemente son células autónomas, pero un estudio detallado de su funcionamiento, de cómo evolucionan, permite deducir que detrás hay una estructura y una organización. Esto de espontáneo tiene poco”, continúa. El exdelegado admite que es difícil generalizar, porque hay todo tipo de personas en los CDR, violentas y no violentas. “En 20 minutos eran capaces de ubicar a 500 personas en un sitio y en 30 cambiarlas de sitio, eso revela la capacidad de las personas que lo organizaban (...), segurísimo que hay muchísima gente de buena fe y pacifista que participa en ellos, pero también hay personas que no tienen problema en utilizar la violencia y que están camuflados en ellos”.

Sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra el 20 de septiembre de 2017, Millo afirma que le consta que “se pidió el apoyo de los Mossos para mantener la seguridad ciudadana y proteger el trabajo de las comitivas judiciales y la policía judicial, y que en muchas ocasiones, aunque tardaron en llegar, hubo un apoyo, pero no siempre lo eficaz que debería haber sido. Me viene a la cabeza el registro de Unipost, los Mossos tardaron horas en llegar y había un gran número de personas que impedía la entrada, pasaron horas hasta que llegaron". El delegado de Gobierno ha acusado a los Mossos de no haber actuado “diligentemente”.

A preguntas del abogado de Joaquim Forn, Javier Melero, Millo ha defendido la profesionalidad y proporcionalidad de los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque ha admitido conocer que hay una gran cantidad de estos agentes imputados por su actuación el 1 de octubre, ha señalado que hasta ahora ninguno de ellos ha sido condenado.

Millo ha afirmado que el plan de los agentes era llegar a los “más de 2.000 locales” donde había votaciones para requisar el material. “Tenía que ser una actuación de una duración breve, pero lo que se encontraron en un número importante de centros fue que, aparte de las personas que estaban ahí para votar, se habían movilizado personas que formado auténticas murallas que tenían como objetivo impedir esa actuación. Eso obligó a utilizar un tiempo mucho mayor”, explica, reiterando que “los cuerpos actuaron de acuerdo con la ley, con profesionalidad y proporcionalidad”. Millo apunta que fueron más de 30 colegios en los que “hubo necesidad de usar, de manera, razonable la fuerza”.

Sobre el auto de la instructora que ordenaba a la clausura de los locales de votación. Millo señala que la orden es “impedir el uso de los espacios destinados a la votación del 1 de octubre”. “Yo entiendo que tenían que estar cerrados hasta el 1 de octubre, y si hubiera sido así, no habría habido ningún problema”, añade.

—Sabe cuántas detenciones hubo el 20 en la Conselleria de Economía —le pregunta Melero en relación al clima de violencia descrito anteriormente a preguntas de la Fiscalía—.
—Ninguna
—¿Y esto se corresponde con el clima que ha descrito?
—Habrá que preguntarle a la Policía por qué no las hubo.

Sobre la jornada de referéndum y la actuación de los Mossos d’Esquadra, Millo afirma que Josep Lluís Trapero dijo que no usaría la fuerza para hacer cumplir el mandato judicial si había personas mayores o niños.

“Un agente dijo que había caído en la trampa del Fairy, que era verter detergente en la entrada de un colegio para que resbalaran, cayeran y le patearan la cabeza”

En cuanto a la violencia sufrida por policías nacionales y guardia civiles, dijo haber escuchado “testimonios estremecedores”. “Un agente dijo que había caído en la trampa del Fairy, que era verter detergente en la entrada de un colegio para que resbalaran, cayeran y le patearan la cabeza”, dijo a modo de ejemplo.

Tras Millo, ha comenzado la declaración de Neus Munté, ex portavoz del Gobierno catalán que dimitió en julio de 2017. Después de lamentar la presencia de Vox como acusación popular en el juicio, Munté ha afirmado que su dimisión fue debida a una “sobrecarga de trabajo”. “Solicité mi relevo a Puigdemont. Había hecho una reflexión personal y con mi familia, y se lo comuniqué”, afirma la exconsejera, que niega haber sido destituida. “El primer semestre de 2017 fue especialmente duro a nivel familiar porque perdí a mi padre. Creía que no estaba en disposición de ejercer mis responsabilidades”.

Sobre su postura ante el referéndum, Munté señala que se estaba trabajando en “una vía de diálogo para acordar un referéndum con el Estado y yo comparto esa vía”, y concuerda con lo ya expresado por Artur Mas ante la sala del Supremo, recordando que, en mayo de 2017, celebraron en Madrid una conferencia de Puigdemont, Junqueras y Romeva en la que se hacía una oferta de diálogo permanente: “Estábamos dispuestos a hablar de todo, de la fecha, de la pregunta, de las condiciones de la votación…”. También que el escenario que ella se esperaba ante la convocatoria era la acusación por desobediencia, al igual que con el 9N de 2014 y Artur Mas.

Juan Antonio Puigserver, técnico en el Ministerio de Interior y responsable de Interior en Catalunya con la aplicación del artículo 155, ha seguido a Munté. “Puigdemont insistió en que era necesario preservar la convivencia ciudadana, que calificó como derecho de los ciudadanos que compete garantizar al presidente de la Generalitat, y que un mandato judicial no puede anteponerse a los derechos de los ciudadanos”, afirma Puigserver. También que el mayor Trapero dijo que se iban a cumplir el mandato judicial “preservando la normal convivencia ciudadana, haciendo un uso proporcional de la fuerza, que creo que él entendía solo para evitar daños a los ciudadanos por parte de terceros o a las fuerzas actuantes”, ha explicado a preguntas del fiscal Jaime Moreno. Sobre el uso de la fuerza por parte de los Mossos, Puigserver ha reiterado que Trapero dijo a Pérez de los Cobos —coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre— que no se haría uso de esta ante personas vulnerables, como ancianos o niños.

—No —responde Puigserver—.
—Ninguno de ustedes quería el uso de la fuerza frente a colectivos vulnerables, supongo —le pide aclarar el abogado Xavier Melero—.

A preguntas de este abogado, el responsable de Interior durante el 155 ha confirmado que los cargos de los Mossos fueron “leales” a él en el tiempo que estuvo en ese cargo. “¿Tuvo conocimiento de la instrucción del secretario de Estado para los criterios de preservar la seguridad de ciudadanos y agentes primaban sobre la eficacia?”, pregunta el abogado sobre el operativo del 1 de octubre. “Era uno de los criterios de actuación”, responde.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de la coordinación el dispositivo policial del 1 de octubre, fue el último testigo de la jornada. “Trapero reaccionó entendiendo como una injerencia”, afirma en cuanto a su propio nombramiento como coordinador del dispositivo policial. Sin embargo, afirma que su posición no suponía jerarquía.

Diego Pérez afirma que en una de las reuniones celebradas en septiembre, el jefe de los Mossos presentó su plan de actuación, pero él le recrimina que “ese plan de actuación no parece enfocado para evitar un referéndum sino de unas elecciones normales”, ante lo cual Trapero se dirigió al fiscal superior para señalarle que no le aceptaba —a Diego Pérez— como superior jerárquico, y este le respondió que su superior jerárquico era él, y le instaba a modificar el plan de actuación.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de la coordinación el dispositivo policial del 1 de octubre, fue el último testigo de la jornada. “Trapero reaccionó entendiendo como una injerencia”, afirma en cuanto a su propio nombramiento como coordinador del dispositivo policial a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. Sin embargo, afirma que su posición no suponía jerarquía.

“Las dudas sobre la actuación de los Mossos el 1 de octubre venían de mucho antes, era la pregunta que se hacía todo el mundo desde que se anunció que se iba a ir adelante el desafío de la convocatoria del referéndum ilegal”, ha afirmado Pérez de los Cobos.

Sobre la Junta de Seguridad convocada de cara al referéndum, afirma que fue “kafkiana” y que la convocó el presidente de la Generalitat unilateralmente. En ella se habría abordado dos grandes asuntos: “Por un lado el presidente de la comunidad dijo que el bien superior era la convivencia ciudadana y que como presidente de la Generalitat, debía garantizarlo. Yo le dije que nos e podía confundir lo sustantivo como lo adjetivo, y lo sustantivo era hacer efectivo el mandato judicial”.

Diego Pérez de los Cobos ha continuado cargando contra Trapero, a pesar de que no es una de las personas acusadas en este juicio: “Los que estaban al otro lado de la mesa estaban los convocantes de la acción ilegal que estábamos tratando de impedir, y en mi lado de la mesa estábamos yo y Trapero, que a pesar de haber recibido el mismo auto que yo, se había sentado en el lado de la Generalitat e hizo unas intervenciones en la línea de los que se sentaban en su lado, que eran los convocantes”.

“Llevábamos un rato hablando de la convivencia ciudadana, de si era un bien superior o no, y cuando dijeron que un mandato judicial no puede pisotear los derechos de los ciudadanos, yo le dije que hay una forma de hacer cumplir el mandato judicial y no pisotear los derechos ciudadanos: desconvoque usted”, continúa Diego Pérez de los Cobos.

Diego Pérez señala que, ante el referéndum, plantearon dos grandes hipótesis: que los Mossos d’Esquadra adoptaran las medidas para evitar el referéndum, y Guardia Civil y Policía Nacional les dieran apoyo, o, si se tenía la constatación de que el dispositivo de Mossos era insuficiente, inapropiado o ineficaz, asumir ellos la tarea. “Todo pareció indicar que nos acercábamos al escenario b” y, por lo tanto, “teníamos que actuar”.

Suspendió todas las reuniones de coordinación de la mañana del 1 de octubre porque afirma que no tenía ya sentido mantener la coordinación porque había desaparecido la unidad de propósito por parte de uno de los actores, los Mossos. A las 9 de la mañana de ese día, Trapero envió un listado de 200 colegios electorales en los que necesitaban apoyo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. “No parecía lógico que, después de estar desde las 6 de la mañana en los colegios, se nos enviara un listado de esa embergadura, y decidimos continuar con la propia iniciativa”. El coronel afirma que los dos Mossos que había en cada local parecía más de unas elecciones al uso.

“Cuando comenzamos a actuar nos encontramos la segunda sorpresa del día, el grado de virulencia que tuvimos de hacer frente cuando nuestras unidades llegaban a estos locales para tratar de acceder para cumplir el mandato judicial”, continúa. “A pesar de que nuestras unidades trataron de ser lo más escrupulosas posible”, añade, afirmando que no se trató de desalojar los locales, ni cerrarlos, ni se atacó a las personas que estaban allí. “Dentro de esas murallas humanas había grupos perfectamente organizados, una jerarquía, con gente que impartía instrucciones y gente que actuaba, gente encapuchada y gente encargada de alertar de nuestra llegada”. Afirma que, “no en pocos casos, dado el alto grado de hostilidad y agresividad en algunos de estos locales, decidieron abortar la intervención para evitar males mayores”. Y afirma que “nunca se actuó contra pacíficos votantes”. También niega que hubiera cargas policiales, a pesar de los numerosos vídeos en los que se ve a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil atacando a la ciudadanía catalana. “Hubo un uso exquisito de la proporcionalidad”, insiste.

El día del referéndum, en imágenes

Redacción El Salto

Referéndum del 1 de octubre

El día del referéndum, en imágenes

Redacción El Salto

El 1-0 dejó atrás imágenes de brutalidad policial, pero también de solidaridad y participación en el referéndum por la independencia.

“El dispositivo de los Mossos estaba más enfocado en facilitar el referéndum que en evitarlo”, vuelve a la actuación del cuerpo autonómico de policía. Sobre la oposición a la actuación policial, la fiscal pregunta si captaron que se estuvieran organizando talleres de resistencia, a lo que responde que sí. También que el binomio de mossos que iba a cada colegio hacía paradas para comer. Los 99 colegios cerrados por los Mossos d'Esquadra, Diego Pérez afirma que analizándolo, la inmensa mayoría se correspondían con municipios muy pequeños en los que había una única mesa, en algunos dos, y curiosamente en la inmensa mayoría de ellos, según datos de la Generalitat, no solo se había producido la votación y con más votos que censo, el doble o el triple”.

El coronel afirma que la actuación de los mossos fue esperar a que terminara la votación y cerrar entonces los centros de votación con el apoyo de los organizadores. Y en algunos casos los mossos intentaron obstruir la actuación policial. Madrigal le pregunta sobre lo sucedido en el Pau Claris, en Barcelona, donde supuestamente un mosso habría increpado a un policía nacional. Diego Pérez de los Cobos también hace referencia a un episodio del referéndum en el que un guardia civil, antes de que comenzaran las cargas —que minutos antes él mismo había negado que hubieran existido—, le dijo a un padre que sacara de ahí a su hijo. “Hay imágenes de esto”, señala.

La abogada general del Estado, Rosa María Seoane, toma el relevo. A preguntas suyas, Pérez de los Cobos afirma que la hostilidad se acrecentó a principios de septiembre. “Las situaciones de hostilidad cada vez fueron más y más virulentas”. Sobre la decisión de manda principales unidades de antidisturbios a Catalunya, el coronel dicen que fue porque son “muy versátiles” y por su condición de antidisturbios porque cabía la posibilidad de que fuera necesario que tuvieran que intervenir.