La semana política
Colchones y suelos

Un colchón abandonado invita a imaginar una historia. Puede ser una historia de estrés, la historia de una espalda dolorida y un muelle flojo. Puede ser el feliz o el tormentoso final de una pareja o el paso de la condición de bebé a la de niña o niño. El colchón apoyado contra un alcorque, una farola o un contenedor puede ser también un monumento mortuorio y efímero. A menudo es una historia de enfermedad. Si un virus se ha propagado por una ciudad, la profilaxis recomienda que la casa del contagiado sea desinfectada. Al final de esa exigencia, la cama termina en el contenedor.

Durante el estado de alarma y hasta junio, especialmente en las últimas semanas, el Ayuntamiento de Madrid ha recogido 17.360 colchones abandonados en la calle. Son ocho por cada hora de pandemia. El servicio municipal ha decidido dejar de contarlos. 

Lo que ha ocurrido en Madrid no ha sido, sin embargo, una excepción. Es algo que sucede, con mayor intensidad, en ciudades del litoral en los meses de verano. En 2019, el Ayuntamiento de Torrevieja retiró cien colchones cada día de verano: 9.100 en tres meses.

Hay una clase alta y un séquito aspiracional que han borrado de su plan cualquier proyecto de país y han apostado todas sus fichas a la economía financiarizada y patrimonialista

La cama se va, los turistas vienen y van, se mueren los ancianos, se separan las parejas... pero la vivienda es la constante. Los expertos sugieren que las muertes del coronavirus tendrán un efecto reseñable sobre el mercado. Un puñado de nuevas oportunidades en un sector que desde hace una década se mueve más rápido que la economía productiva y que seguirá haciéndolo mientras el cuerpo aguante. Explica José Manuel Naredo en Taxonomía del lucro que por cada euro que se mueve en la economía productiva, se “crean” seis euros en torno a la propiedad y la especulación sobre pisos, casas e inmuebles. 

Ático con vistas al mercado financiero

Esta semana, los medios de comunicación destacaban el fino olfato de Amancio Ortega en sus movimientos para diversificar su fortuna: la rama inmobiliaria de Ortega, Pontegadea, que posee la mitad de Inditex, ha anunciado que tiene un portafolio de 15.200 millones de euros en inversiones inmobiliarias, cinco veces el beneficio que obtuvo Inditex vendiendo ropa en 2019. La mayor fortuna de España se ha convertido en el tiburón inmobiliario de Europa. La carrera está reñida, Blackstone, el mayor gestor de fondos del mundo, ha anunciado en julio que dispone de 150.000 para “intervenir” en el mercado.

Demanda del Sindicato de Inquilinas contra Blackstone, el gigante de los 250.000 millones de euros

Pablo Elorduy

Derecho a la vivienda

Demanda del Sindicato de Inquilinas contra Blackstone, el gigante de los 250.000 millones de euros

Pablo Elorduy

El Sindicato de Inquilinas presenta una demanda contra las cláusulas abusivas que la mayor compañía inmobiliaria del planeta, Blackstone, incluye en los contratos de decenas de familias en Torrejón de Ardoz (Madrid).

El lobby inmobiliario y los pequeños rentistas cuentan con varios aliados poderosos para que las expectativas de lucro no se revisen a la baja: primero, los medios de comunicación que, en su mayoría sitúan a su audiencia en la posición de posibles inversores, cuando la mayor parte de la sociedad es la principal perjudicada de la inflación de los activos inmobiliarios.

En segundo lugar, las administraciones, que oscilan entre la resignación ante el poderoso sector del ladrillo al abrazo entusiasta de sus condiciones. En tercer lugar, una clase alta y un séquito aspiracional que han borrado de su plan cualquier proyecto de país, el viejo adagio de construir, fabricar o inventar cosas, y han apostado todas sus fichas a la economía financiarizada y patrimonialista que amenaza con arrastrar a la sociedad a la ruina. (Pero eso, dirán, no es su problema)

Coste cero y coste inasumible

En la llegada de la pandemia, durante las primeras semanas, el Gobierno equiparó la situación con una guerra. En un artículo publicado en la New Left Review de mayo/junio, el periodista Marco d’Eramo, establece la diferencia fundamental: “En tiempos de guerra, tanto el capital financiero como el material es demolido: infraestructuras, fábricas, puentes, puertos, estaciones, aeropuertos, edificios. Pero una vez que la guerra termina comienza un periodo de reconstrucción y es esta reconstrucción la que desencadena un rebote económico. Sin embargo, la epidemia actual se parece más a una bomba de neutrones, que mata a los seres humanos, pero deja intactos (a la par que vacíos) los edificios, las carreteras y las fábricas. Por lo tanto, cuando la epidemia termine no habrá nada que reconstruir, ni en consecuencia recuperación alguna”.

El Gobierno no se da por enterado. A través del ministro de Fomento José Luis Ábalos, ha anunciado que cederá suelo público “a coste cero” a las empresas privadas para que construyan viviendas de alquiler social. David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, esclarecía esta semana la fe subyacente detrás de esta información: “Siempre he creído que la mejor política para contener los precios es aumentar la oferta”. 30 años intentando que las necesidades del mercado se adecúen a una población con salarios descendentes, varias décadas después de plantear el mercado del alquiler como un impuesto de lujo para la emancipación de las personas jóvenes, no disuaden al poder político de repetir la misma fórmula. Aunque España sea el país con más vivienda construida por habitante.

Tras presentar, a principios de julio, el índice de precios del alquiler, una medida necesaria pero aún insuficiente para controlar la escalada de precios que ha tenido lugar tras la crisis hipotecario, el mensaje de esta semana del Ministerio de Fomento ha servido para tranquilizar al sector. La derecha desacomplejada, que encabeza simbólicamente Isabel Díaz Ayuso, aumenta la apuesta: dice que la solución a la crisis es liberar más suelo para la construcción y no limitar precios. Si no tienen casa, que respiren polvo de ladrillos.

Menos optimista y con otra táctica para solucionar el problema, lo que propone el Ayuntamiento de Barcelona sigue la misma línea de aceptar el mandato del lucro para tratar de parchear un problema. La alcaldía de Ada Colau se ha ofrecido a pagar hasta 1.200 euros mensuales a los propietarios de pisos de alquileres turísticos para que los ocupen familias en condiciones de vulnerabilidad social. La primera oferta, de 900 euros, solo fue aceptada por dos pisos turísticos. La patronal sabía que la propuesta iba a mejorar y se encargó de comunicar a los medios de comunicación, con toda la soltura del mundo, que pueden ganar hasta 120 euros diarios alquilando por días. 

Con la reducción de masa salarial que conllevan los ERTE (que volatilizan un tercio de los sueldos) y los despidos, 400.000 hogares tendrán problemas inmediatos para pagar el alquiler, según ha proyectado Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB. Para los hogares más pobres, las cuentas no cuadran desde hace mucho más tiempo: un 63,9% del quintil con la renta más baja (que cobran menos de mil euros) destina más del 40% a pagar la mensualidad.

El mensaje que lanza el sector no debería ser asumible para unas administraciones que todavía tienen encima de la mesa la posibilidad de un rebrote y la necesidad de un confinamiento masivo. La pregunta que se hacía Ter García el 18 de marzo sigue vigente cuatro meses después: ¿Qué pasa con las miles de personas que no van a poder pagar su vivienda? ¿Qué va a pasar cuando esos hogares tengan que escoger entre comer y pagar el alquiler? Lo más previsible: que aumenten las noticias sensacionalistas sobre los okupas.

Nueva normalidad

Hay margen: el porcentaje de vivienda en alquiler social en España es del 1,5% sobre el parque total, el de Francia, el 16,8%, en Holanda, tres de cada diez viviendas funcionan bajo esa fórmula. Pero, como se ha demostrado con la irrupción de Blackstone en el sector de la vivienda protegida, es incompatible cumplir con las exigencias de revalorización y, al mismo tiempo, hacer efectivo el derecho a un techo. 

Un colchón en la calle puede ser también la historia de alguien sin hogar, pero con colchón. O la historia de uno de los más de cien desahucios que se ejecutan cada día de normalidad. Los colchones permanecen pero las viviendas permanecen: no se han volatilizado, no son necesarias más, solo que se abran sus puertas, que su valor se relacione con los salarios de las mayorías y no con las expectativas de ganancia de una minoría.

No hay que descartar que se proponga de nuevo esa cuadratura; la invención de la pólvora de compatibilizar el lucro privado y el interés general. No hay que descartar que esa sea la salida por más que no vaya a solucionar problemas, sino a crearlos. Hay una íntima relación entre los partidos políticos y la creación de burbujas en torno a la vivienda: caciquismo, clientelismo, acciones en el negocio de los votos. Por eso, cada vez que alguien dice que los pisos nunca bajan, lo que expresa es su creencia de que ningún poder quiere, o va a intentar, hacer que los alquileres bajen.