Ley de Vivienda
El CGPJ advierte que la falta de concreción de la ley de vivienda pone en peligro su aplicación

La tramitación de la ley de vivienda del Gobierno avanza, una vez más, saltándose sus propios plazos y términos. El anteproyecto de ley, que tendría que haber vuelto al Consejo de Ministro el 28 de diciembre, se vio retrasada por un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no terminaba de llegar. 

Finalmente será este viernes 14 de enero cuando el CGPJ emita su veredicto final en una sesión extraordinaria que contará como ponente al vocal Álvaro Cuesta. Miembro de PSOE desde 1974, Cuesta fue diputado por Asturias y Secretario Ejecutivo de Libertades Públicas y Derechos de Ciudadanía del PSOE. 

Este 11 de enero, el CGPJ adelantó algunas de las conclusiones de esta entidad sobre el anteproyecto de ley. La propuesta de informe, señala el comunicado del Consejo, “parte de una consideración favorable” dado que constituye, en su opinión, “un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda, que la Constitución recoge en su artículo 47.1.” 

El informe del CGPJ advierte sobre la “inconcreción e imprecisión” que afecta a algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, algo que “dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar”

Sin embargo, el informe del CGPJ advierte sobre la “inconcreción e imprecisión” que afecta a algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, algo que “dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar”. Como ejemplo, el órgano de los jueces señala “la ausencia de un mínimo grado de concreción” en la definición de los conceptos de ‘infravivienda’, ‘vivienda digna y adecuada’ o de las ‘condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero’. 

El CGPJ también indica una falta de concreción en los medios “que se utilizarán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda”. Pese a su carácter básico, señala la propuesta de informe, “el anteproyecto requiere un mayor grado de claridad, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado y respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho”.

La vaguedad de los términos, advierten, se aprecian sobre todo, en las reglas de intervención de precios del mercado del alquiler. “En ese punto, el prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento. Esta solución, advierte la propuesta de dictamen, tendrá una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada”, dicen en el informe.

El CGPJ indica una falta de concreción en los medios “que se utilizarán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda”. Pese a su carácter básico, señala la propuesta de informe, “el anteproyecto requiere un mayor grado de claridad

Sin embargo, el análisis de los jueces entierra uno de los principales argumentos de la oposición de derecha y el lobby inmobiliario para criticar la ley de vivienda: “El anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad del art. 33 de la Constitución”. Pese a esta afirmación, el CGPJ recomienda establecer un periodo de prueba de la regulación de los alquileres “para poder evaluar su resultado e incidencia”.