Ley de Vivienda
La ministra Raquel Sánchez se muestra favorable a mejorar la ley de vivienda, según los sindicatos de inquilinos

“La ley que presenta el Gobierno no funcionará, tiene demasiados agujeros. Es necesario mejorarla para que tenga efecto”. Este fue el resumen de la reunión mantenida entre los sindicatos de inquilinos de Catalunya y Madrid con la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, principal responsable del Gobierno en materia de vivienda, aunque ha mantenido hasta ahora un perfil bajo en la elaboración y negociación de la ley que fue aprobada definitivamente por el Consejo de Ministros el 1 de febrero.

“Y el Gobierno no se puede permitir aprobar una regulación de precios que después acabe no bajando los precios”, declaraba la portavoz del Sindicato de Llogaters de Catalunya, Carme Arcarazo, a la salida de la reunión. Por ello, subraya, la ley debe incluir en el proceso de enmiendas “cambios imprescindibles sin los cuales la regulación no va a funcionar”.

La respuesta de la ministra ha despertado expectativas en los sindicatos de que todavía haya tiempo para salvar la ley, la primera en este ámbito en cuatro décadas de democracia. “La ministra ha admitido que se necesitan mejoras de la ley para que pueda mejorar los precios y se ha abierto a las propuestas presentadas por el sindicato de inquilinas”, añade Arcarazo.

La respuesta de la ministra ha despertado expectativas en los sindicatos de que todavía haya tiempo para salvar la ley: “La ministra ha admitido que se necesitan mejoras en la ley para que pueda mejorar los precios y se ha abierto a las propuestas presentadas por el sindicato de inquilinas”

El principal problema que tiene la regulación de los alquileres en la ley de vivienda es que, con los requisitos actuales, nadie podrá beneficiarse de ella, explica esta activista. En primer lugar, por los criterios exigidos para considerar “tensionada” una zona, requisito imprescindible para aplicar los topes y bajadas de precio. En el actual texto, se podrá declarar como zona tensionada aquella en la que el pago de la hipoteca o del alquiler suponga más del 30% de los ingresos medios de los hogares de ese ámbito y donde el alquiler haya subido un 5% por encima del IPC autonómico en los últimos cinco años. Además de las dificultades derivadas de establecer las medias de ingresos, según Arcarazo, “los criterios son tan altos que ninguna ciudad en todo el Estado podría regular el precio del alquiler”. Este cambio en los criterios para declarar zonas tensionadas es una de las principales demandas de los sindicatos de inquilinos.

Otro aspecto del actual texto de la ley de vivienda que limita su aplicación es que las bajadas de precio solo se aplican a las empresas propietarias de más de diez viviendas, algo que dejaría al 70% de los inquilinos fuera. Según defiende Arcarazo, “las bajadas deberían ser obligatorias para todos los arrendadores. No hay que discriminar entre tipos de arrendadores sino entre quien especula y quien no, entre quien tiene un precio exorbitado y quien no”.

La inexistencia de un régimen sancionador también ha centrado las críticas de los sindicatos, que trasladaron a la ministra Sánchez la necesidad de que se multe a quien vulnere la ley de vivienda. “Una ley que no cuenta con un régimen sancionador es una ley que no se cumple”, dice esta representante del Sindicat de Llogaters. Otras propuestas para incluir en la norma es la posibilidad de que un municipio se adhiera a la regulación aunque la comunidad autónoma a la que pertenece no lo haga, el blindaje de la ley catalana de alquileres y eliminar el periodo de gracia de 18 meses previsto para la aplicación de la regulación desde la aprobación de ley en el Congreso.

Además, los sindicatos de inquilinos llaman a no desaprovechar la oportunidad de esta ley para incluir otras de sus históricas demandas, como repercutir honorarios de las inmobiliarias a la propiedad o incorporar en la ley contratos renovables automáticamente y con un crecimiento anual limitado al 2%. 

“Creemos que es una muy buena señal que el PSOE esté dispuesto a regular los alquileres y que diga que la ley se tiene que mejorar y que las enmiendas del sindicato de inquilinas son necesarias, ahora hay que ver en qué se plasma esto”

De forma paralela, los sindicatos de inquilinos se han reunidos con diversos partidos del bloque de investidura, en especial con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para trasladar las enmiendas de estos colectivos. “Estamos plenamente en sintonía, ellos están de acuerdo en que estas enmiendas son imprescindibles para que esta ley funcione y en las próximas semanas estaremos acordando que si esas enmiendas no se incorporan no valga la pena votar por una ley que finalmente no va a beneficiar a los inquilinos”, sostiene Arcarazo.

Las perspectivas no son malas, pero no hay nada seguro, afirman. “Creemos que es una muy buena señal que el PSOE esté dispuesto a regular los alquileres y que diga que la ley se tiene que mejorar y que las enmiendas del sindicato de inquilinas son necesarias, ahora hay que ver en qué se plasma esto”, indica. El próximo jueves 17 volverán a reunirse para intentar acordar los detalles de estas enmiendas.