Medio ambiente
Castilla y León convalida la supresión de las licencias ambientales para actividades molestas e insalubres

Castilla y León se suma a las comunidades autónomas que aprovechan la crisis del covid-19 para relajar la legislación ambiental. El pasado 24 de junio, los votos de PP, Cs y Vox convalidaban el decreto firmado unos días antes que, según Ecologistas en Acción, “suprime” la licencia ambiental en la región.

Frente la intención del Gobierno y sus socios parlamentarios de dar un “mensaje de confianza a los emprendedores”, PSOE, Unidas Podemos y Unión del Pueblo Leonés votaron en contra de una medida que, según denuncian, se aprovecha de la pandemia para aplicar recetas del liberalismo “más salvaje” y reducir garantías ambientales.

La salida de la crisis vuelve a cimentarse en el ladrillo

Martín Cúneo

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Especulación urbanística

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Las patronales del turismo, del negocio inmobiliario y de la construcción consiguen que ocho comunidades autónomas aprueben medidas sin apenas debate público que dan facilidades a la especulación urbanística y limitan la protección del medio ambiente, del patrimonio y de la salud pública.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, defendió el decreto alegando que “no elimina un solo requisito medioambiental” sino que “agiliza los trámites” para todo tipo de emprendimientos empresariales. En concreto, con la nueva ley en la mano, las explotaciones ganaderas no tendrán que obtener una licencia ambiental previa para iniciar su actividad ni pasar por los procesos de audiencia pública. Bastará que emitan una comunicación responsable que deberá ser inspeccionada posteriormente, al menos en teoría.

Proyectos de macrogranjas y otras actividades insalubres o molestas podrán iniciar su actividad con una simple comunicación a las autoridades locales, sin licencia ambiental, sin información pública, sin informes previos ni audiencia a los vecinos

La oposición en el Parlamento regional cuestionó la fórmula de agrupar en un único decreto la modificación de hasta ocho leyes y un decreto. “Una cosa es facilitar la dinamización y otra esto”, criticó el socialista Luis Briones, quien advirtió de un posible “efecto llamada” para la creación de macrogranjas que traigan “la riqueza para las empresas” y la “ruina para nuestros pueblos”. “Este decreto huele muy mal”, resumió Briones en el Parlamento de Castilla y León.

En la misma sesión, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, llamó “antisistema” al Gobierno de la Junta por “conculcar el ordenamiento jurídico” para beneficiar a inversores privados. Entre ellos, ha nombrado a “primos” del presidente nacional del PP, Pablo Casado, en referencia al proyecto de macrogranja que quiere impulsar el alcalde de Meneses de Campos (Palencia) Alberto Blanco, primo del líder popular. El proyecto cuenta con la oposición de los grupos ecologistas que consideran que el emprendimiento podría ocasionar grandes impactos ambientales en la zona.

La excusa del covid-19

Con el pretexto de la “reactivación productiva” y “aprovechando que el covid-19 ha pasado por Valladolid”, denuncian desde Ecologistas en Acción, el Gobierno de esta comunidad autónoma ha conseguido recuperar una iniciativa, tumbada dos veces por los tribunales, que permite desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres y peligrosas, suprimiendo de facto y por decreto ley la licencia ambiental en vigor desde 1961.

Según esta organización ecologista, el decreto de “impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva” lo que hace realmente es “desmantelar” la regulación ambiental contenida en el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de la comunidad. Se trata, denuncia Ecologistas en Acción, de una “nueva intentona” del Gobierno regional después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazara en dos ocasiones —en abril y en mayo de 2019— la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y de las industrias agroalimentarias.

La nueva nueva ley exime de licencia ambiental, cuentan desde Ecologistas, a todas las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias “no sujetas por la legislación del Estado a autorización ambiental integrada”. La medida también elimina obstáculos a una “multitud de actividades susceptibles de ocasionar molestias considerables” como son los casos de de la industria textil, la hostelería o las gasolineras. En estos y muchos otros casos, podrán iniciar su actividad con una simple comunicación a las autoridades locales, “sin información pública, sin informes previos ni audiencia a los vecinos”.

Se trata de una “nueva intentona” del Gobierno regional después de que la Justicia rechazara en dos ocasiones la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y de las industrias agroalimentarias, según Ecologistas en Acción

Esta nueva legislación permitirá la proliferación de macrogranjas como la de Noviercas, en Soria. Con 20.000 vacas de leche y un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superior a la ciudad, “podría empezar a funcionar sin información pública ni audiencia a los vecinos”. La supresión de los trámites de regulación ambiental también afectará, según Ecologistas en Acción, a cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves, que “podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan hasta que las vean y huelan funcionar”.

Un Eurovegas de la leche

VV.AA.

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Ganadería

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La empresa planea el mayor emplazamiento de este tipo en toda Europa en un pueblo de 155 habitantes.

Para esta organización ambientalista, la nueva norma significa un “retroceso que nos lleva hasta 1961”, hecha a medida del lobby agroalimentario y que conllevará “un aumento de la conflictividad social, un incremento de la litigiosidad y en definitiva una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos”.