Opinión
El error de María Guardiola en memoria histórica

La muerte no trata a todo el mundo por igual. Santiago Cea Flores y Fidel Martín Martín eran farmacéuticos municipales. El primero regentaba la farmacia de Montijo y el segundo la de Lobón, ambas localidades de la provincia de Badajoz que apenas distan unos kilómetros una de otra. Santiago Cea, con 39 años, fue asesinado en la noche del 29 de agosto de 1936 por los fascistas que secundaron el golpe de Estado, después de una misa pública en honor a la patrona del pueblo. Fidel Martín, de 63 y en compañía de su hijo, Ángel Martín, de 32, mancebo, lo habían sido apenas unos días antes, asesinados “por los rojos en su huida hacia Talavera la Real”. Ambos fueron ejecutados vilmente, pero la muerte no les trató de igual modo.

El farmacéutico de Lobón y su hijo, Fidel y Ángel Martín, aparecieron ya reconocidos en el acta de la sesión de pleno por la que se constituía la comisión gestora de Lobón, de 26 de agosto de 1936. La nueva corporación y los asistentes guardaron un minuto de silencio en repulsa de su “cruel y vil asesinato, a manos del gobierno criminal marxista-azañista”. El nombre de Santiago Cea se lo tragó la tierra de un lugar impreciso entre las tapias del cementerio de Montijo. En los años siguientes, cuando se le llama a declarar en los procesos seguidos contra quienes prestaron “auxilio a la rebelión”, no acude. En los documentos se cita su condición: desaparecido.

Sin embargo, tenemos la certeza de que el farmacéutico de Montijo murió aquella noche en la que se festejaba a la patrona del pueblo. Lo sabemos por el testimonio directo de quienes le vieron cuando se lo llevaron en el camión que hizo la primera saca fascista, esposado junto a su amigo Miguel Merino, alcalde constitucional del pueblo. Cea gritaba “¡asesinos, criminales!” al pelotón que después le fusilaría a las puertas del cementerio. Casi medio siglo después, en 1980, en la exhumación que se hizo de las fosas comunes, se encontraron sus gafas, junto a los restos óseos y jirones de ropas de numerosos asesinados, todos ellos sin identificar. Todo fue a un arcón común, todo mezclado, sin determinar procedencia alguna. Eran otros tiempos y algún juez podía parar aquella exhumación casi clandestina. A día de hoy Santiago Cea, aunque sabemos que está allí, sigue desaparecido.

De todos y de todas es sabido que la señora María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, no tiene palabra. Su estrategia de donde dije digo, digo Diego responde a una exigencia política que antepone los intereses de partido a los intereses de la ciudadanía, acorde a la máxima de que París bien vale una misa. La venta de la dignidad y la reparación de las víctimas que se debe a tantas familias de Extremadura, especialmente castigada durante la Guerra Civil y el franquismo en su vertiente más represiva, a cambio de la aprobación de los presupuestos con el apoyo de un partido que niega dicha represión, demuestra la falta de credibilidad de sus principios.

Hasta la fecha nadie del Gobierno extremeño ha preguntado a las familias de estas víctimas ni a las asociaciones memorialistas que las representan qué opinan de su intención de cambiar la Ley de Memoria que les acoge por otra Ley de Concordia que, ya solo en el nombre, muestra rémoras de la nostalgia franquista

Hasta la fecha nadie del Gobierno extremeño ha preguntado a las familias de estas víctimas ni a las asociaciones memorialistas que las representan qué opinan de su intención de cambiar la Ley de Memoria que les acoge por otra Ley de Concordia que, ya solo en el nombre, muestra rémoras de la nostalgia franquista. Las declaraciones de los miembros de este gobierno, junto a las boutades revisionistas de los diputados de VOX, que avergonzarían a cualquier estudiante de 1º de Historia, reflejan un desconocimiento absoluto del carácter y vivencias de estas familias, que hasta hace pocos años tuvieron que guardar silencio sobre lo ocurrido y jamás supieron dónde estaban sus seres queridos. Madres, viudas, hermanas, hijas, sobre todo mujeres, de los asesinados tuvieron que limitarse a llevar en silencio flores al cementerio o a alguna cuneta, a algún lugar guardado por la memoria que no aparece en ningún registro documental.

Al contrario de lo que opinan quienes quieren acabar con el derecho a la memoria, los familiares que se acercan a las asociaciones para buscar algún desaparecido o desaparecida no forman parte “ni de un bando ni de otro”, como suelen expresar quienes sí tienen aún en la genealogía de su partido a sostenedores del franquismo y firmantes de penas de muerte. Si mayoritariamente son familiares de víctimas represaliadas por las derechas, es porque a las víctimas de las izquierdas ya se les reconoció su muerte y se les dio un lugar donde descansar, durante los cuarenta años de la dictadura.

Extremadura cuenta con un amplio movimiento asociativo en torno a la cuestión de la Memoria Histórica, fuerte y unido. Su fuerza radica en la diversidad y procedencia de los familiares que lo animan, con miembros y allegados de todos los rincones del país, e incluso de más allá.

Tanto con vistas al presente como a las próximas elecciones, vender la dignidad de esta amplia y variada familia en cuestión de reparación de familiares muy queridos y derechos humanos no es un buen negocio para quienes solo buscan un puñado de votos.