Migración
La demanda de regularización extraordinaria de personas migrantes vuelve al Congreso

La cita es hoy martes 12 de marzo ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, y lo que van a contar las y los portavoces de la Plataforma Esenciales no es nuevo, ya han estado antes ahí, en el anterior ciclo legislativo. En esta ocasión “llegamos con la misma energía y la mismas ganas de ver que se haga lo que se tiene que hacer: Otorgar derechos a las personas en exclusión social”, sostiene la activista Edith Espinola, una de las portavoces de la Iniciativa Legislativa Popular Regularización Ya. Menos de un año después de que la ILP se presentara ante la Comisión anterior, el pasado mayo, la portavoz explica que piensan “seguir peleando por estos derechos que nos merecemos”.

La plataforma Esenciales, cuya comisión promotora de la ILP está formada por Regularización Ya, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, la Fundación porCausa, Alianza por la Solidaridad y el partido Por Un Mundo Más Justo, logró en 2022 un hito, conseguir hacer de su ILP por la regularización de las personas migrantes una de  las más respaldada de la historia de la democracia. El adelanto electoral del año pasado supuso una pausa a la tramitación parlamentaria de la ILP, pero con el nuevo gobierno ya formado y a principios de legislatura, los procedimientos deberían seguir su curso.

Las 611.581 firmas válidas que Esenciales presentó ante la Junta Electoral Central, llevan más de un año esperando que el Congreso aborde sus demandas

Las más de 600.000 firmas conseguidas a lo largo de 2022 refrendaban una demanda social que el movimiento autoorganizado de personas migrantes y racializadas Regularización Ya, lleva reivindicando desde hace casi cuatro años, cuando durante el confinamiento se dirigían al Gobierno para exigir la regularización de las 500.000 personas que se calculaba vivían en situación administrativa irregular en aquel momento —una estimación que se mantiene a día de hoy. El marco trascendía el Estado español, con un debate que se reproducía en países como Italia o Portugal sobre la necesidad de regularizar a quienes habían quedado desamparados en plena crisis sanitaria, muchas de ellas y ellos trabajadores esenciales para el funcionamiento de la sociedad, como resultó evidente durante la pandemia.

Después de la misiva al ejecutivo, Regularización Ya comenzaría a concretar su Proposición No de Ley para la Regularización, respaldado por algunos partidos.  El documento fue debatido aquel mismo septiembre en el Congreso de los diputados, y rechazado en la votación final, con el voto en contra del PSOE, hoy también en el gobierno. Desde Esenciales, una vez presentada la ILP ante esta nueva Comisión, deberán continuar su trabajo para convencer a los partidos de que la apoyen una vez la misma llegue al pleno.

“No existe realmente un impedimento para regularizar a las personas migrantes”, recuerda Espinola, quien considera “dolorosa” la aparente “falta de interés en otorgar derechos a la ciudadanía”. “Esto se ve en la regularización, se ve en la vivienda, se ve en la salud, se ve en todo. Hay un descontento por parte de la ciudadanía por la forma en que se aplican las políticas públicas”, afirma la portavoz de Esenciales, antes de expresar su esperanza en que los nuevos integrantes de la mesa vengan “realmente a trabajar por la población”.

Las 611.581 firmas válidas que Esenciales presentó ante la Junta Electoral Central, llevan más de un año esperando que el Congreso aborde sus demandas. Reunirlas fue el resultado de un intenso trabajo por parte de hasta 14.000 personas voluntarias, que venían de 900 organizaciones con presencia en todo el territorio. La ILP no solo consiguió atravesar el difícil umbral del medio millón de firmas necesario por ley para que el trámite legislativo inicie en el Congreso —solo una de cada diez iniciativas logran pasar este primer filtro— sino que también consiguió el respaldo de más de 80 ayuntamientos españoles, un cabildo insular, una diputación y un parlamento autonómico, a través de la aprobación de mociones en numerosos plenos. Así, municipios como Bilbao, Valencia, Barcelona,o Santiago de Compostela, o administraciones como el Parlamento Vasco, la Diputación de Cádiz, o el Cabildo de de Tenerife, harían llegar su aval a la iniciativa al congreso de los Diputados. 

Con semejante bagaje detrás, Espinola recuerda que, sin embargo, encontraron un cierto desconocimiento entre diputados del Congreso de lo que suponía la ILP: “durante la comparecencia en la Comisión, nos dimos cuenta que había personas que ni siquiera tenían claro que la ILP es una herramienta ciudadana para modificar una ley. Ahí te das cuenta de que hay mejoras que se pueden hacer. Esperamos que esta nueva comisión tenga realmente las ideas claras, y que trabajen por la ciudadanía”.

“Nos gustaría realmente escucharles a todos los partidos políticos qué piensan, más allá de todos los bulos, del aporte que damos como ciudadanía las personas migrantes”

Si bien Espinola recuerda que su reivindicación para regularizar a miles de personas que ya forman parte del mercado laboral atiende a una cuestión de derechos humanos, y no a razones instrumentalistas, desde la Plataforma Esenciales han mostrado que dar este paso contribuiría a la economía del Estado, pues permitiría que miles de trabajadoras y trabajadores, que en muchos casos se integran en sectores de difícil ocupación pagasen impuestos, lo que implicaría —según los cálculos derivados de una investigación reciente a cargo de la Fundación por Causa, junto a la Universidad Carlos III— una aportación fiscal neta media de 3.400 euros anuales por persona.  Por otro lado, explican, la regulación extraordinaria no es tan extraordinaria realmente: desde 1996 se han producido hasta nueve regularizaciones de este tipo, tanto a iniciativa del PSOE como del Partido Popular.

A partir del día de hoy 12 de marzo, la Comisión tendrá seis meses para elevar un informe sobre la ILP, después el trámite parlamentario desembocará en el debate en el Congreso de los Diputados. “Ese es nuestro deseo”, explica Espinola, “nos gustaría realmente escucharle a todos los partidos políticos qué piensan, más allá de todos los bulos, del aporte que damos como ciudadanía las personas migrantes”.