Opinión
Un plan solo para víctimas

Han pasado ya 40 días desde que se decretase el estado de alarma y comenzara el confinamiento. Para muchas trabajadoras, también para las del sexo, este encierro ha significado el cese de nuestra actividad laboral y, por tanto, la ausencia de ingresos. 

Llevamos 40 días recaudando dinero de donaciones particulares, de personas que creen en el apoyo mutuo y la solidaridad. En este tiempo, no solo hemos recaudado dinero, sino también fortalecido una red de apoyo entre nosotras que ha tratado de dar soluciones a los múltiples problemas que nos han ido surgiendo. Lo más inmediato fue asesorarnos y asesorar al resto de compañeras que nos llamaban porque les habían amenazado con echarlas de sus viviendas —pisos, habitaciones, clubs, etc.—. En poco tiempo, conseguimos que el mensaje fuese claro: “Nadie puede echarte mientras dure el estado de alarma, denuncia. Si persiste la amenaza, ofrecemos nuestros recursos para la mediación y/o denuncia”. 

Inmediatamente después, hubo que gestionar la comida. La mayoría de nosotras vivimos al día, lo poco que teníamos ahorrado desaparecía. Nuestro siguiente paso fue contactar con las entidades locales de nuestros respectivos territorios para saber qué iniciativas y recursos tenían y así poder asesorar a las compañeras que nos contactaron. Entidades con las que hemos trabajado codo con codo durante estos 40 días. Muchas llamadas, gestiones, contactos por uno y otro medio. Muchas horas de videollamadas y de escritos para conseguir que el manido lema del Gobierno se hiciera real: que no se quede nadie atrás. Que no se quede ninguna compañera atrás. Conviene recordar en este punto que ninguna de las asociaciones, colectivos o sindicatos de trabajadoras sexuales de este país vive de subvenciones públicas ni cuenta con infraestructuras propias suficientes. Agradecemos y valoramos el trabajo de los equipos técnicos de estas entidades locales, pero aún así nos parece importante destacar que todas estas personas reciben un sueldo por ese trabajo y nosotras lo hemos hecho como parte de nuestro activismo, sin descansos de fin de semana y a costa de desatender nuestra propia situación económica y laboral.

Ya en la primera semana de confinamiento, desde diferentes colectivos y diferentes medios y plataformas, comenzamos a explicar, difundir y denunciar lo que estábamos viviendo las trabajadoras sexuales a causa de la crisis del covid-19. Hemos utilizado todos los cauces a nuestro alcance, desde lo más formales —dirigiéndonos directamente a las autoridades competentes— hasta medios de comunicación y redes sociales.

La Liga Feminista Proderechos, junto a Afemtras y el sindicato OTRAS, exigíamos el 2 de abril que se regulase la situación de las mujeres sin papeles y que se ofreciese una renta básica universal 

La Liga Feminista Proderechos, junto a Afemtras y el sindicato OTRAS, exigíamos el 2 de abril, tanto al Gobierno como a las administraciones locales y municipales, que se habilitasen los recursos públicos necesarios, que se regulase la situación de las mujeres sin papeles y que se ofreciese una renta básica universal, entre otras reclamaciones. Se puso sobre la mesa la necesidad y la urgencia de ser escuchadas y tenidas en cuenta para cualquier decisión que afectase a nuestras vidas. Esto, que parece una regla básica de la democracia, adquiere más importancia, si cabe, cuando nuestra experiencia es que las medidas habitualmente propuestas y decididas por administraciones y ONG con la supuesta intención de proteger nuestros derechos nunca han servido, hasta el momento, para mejorar nuestras condiciones de vida. 

Sin embargo, el martes 21 de abril, el Ministerio de Igualdad ha publicado un documento de ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante el covid-19, dirigido a las víctimas de trata, explotación sexual y “mujeres en contextos de prostitución”. Una ampliación que se hace, de nuevo, sin ponerse en contacto con ninguna organización ni colectivo de prostitutas. Se nos invisiviliza y se aprovecha esa ausencia para, una vez más, confundir trata, explotación sexual y trabajo sexual. 

Se podría decir que escribimos sobre un texto invisible. Un texto que se ha hecho llegar a las comunidades autónomas, a la prensa, a las ONG pero que, sin embargo, no ha recibido ninguna de las organizaciones de trabajadoras sexuales del Estado. Ni tampoco ninguna de las organizaciones de derechos humanos que trabajan con ellas.

Llama la atención, no obstante, que en el texto sí se aluda a entidades que, según el documento, se especializan en la detección, atención e intervención con mujeres víctimas de trata o explotación sexual. Son las mismas entidades que han tardado casi un mes en detectar y denunciar la situación de desprotección y las necesidades que se derivan de dicha situación. Una situación que, desde el mismo día 14 de marzo, las organizaciones de trabajadoras sexuales estamos tratando de paliar y que no hemos dejado de denunciar.

Entre las medidas a adoptar, se habla de garantizar el derecho a la información para las víctimas de trata y explotación sexual, y de otras mujeres en contextos de prostitución; de garantizar la detección e identificación de las víctimas de trata y explotación sexual y de casos de extrema vulnerabilidad en contextos de prostitución, además de garantizar la asistencia integral y protección de las víctimas de trata y explotación sexual, así como la atención a casos de especial vulnerabilidad. 

El plan del Gobierno está orientado exclusivamente a las víctimas de trata y explotación sexual desde una postura abolicionista y sus medidas son apenas unas migajas

Se trata de un plan orientado exclusivamente a las víctimas de trata y explotación sexual. Un plan que, bajo el prisma de una postura abolicionista, considera implícitamente a toda trabajadora sexual como una víctima, como demuestra la tímida alusión a las “mujeres en contextos de prostitución”. Ha pesado más el sesgo ideológico de las personas al frente del Ministerio de Igualdad que el compromiso con los derechos humanos materializado en políticas que protejan y garanticen los derechos de todas las personas, incluidas las trabajadoras sexuales.

La cosa empeora cuando entramos a analizar las medidas concretas que se plantean. Son apenas unas migajas de las medidas sociales que no se han tomado anteriormente. Unas medidas que se focalizan en asegurar una alternativa habitacional y facilitar el Ingreso Mínimo Vital. No vamos a ocultar que nos parecen unas medidas del todo justas a la par que ambiciosas y que sin duda creemos que han sido fruto del trabajo y la presión social de los colectivos de trabajadoras sexuales y aliadas. Sin embargo, nos parecen también un brindis al sol por parte del Ministerio, que refuerza aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”. Basta una lectura atenta del Plan para darse cuenta de que ambas medidas llegarán a muy pocas trabajadoras sexuales en el caso de concurrir circunstancias muy específicas. 

Cómo usar el covid-19 para estigmatizar a las putas

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Trabajo sexual

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Algunos sectores feministas están utilizando la pandemia del covid-19 como forma de justificar políticas prohibicionistas desde una supuesta perspectiva de salud pública. Negar a las trabajadoras sexuales su condición de trabajadoras supone dejarlas fuera de cualquier ayuda mientras los propietarios de clubs y pisos pueden beneficiarse de las medidas del Estado.

¿Cuáles son los requisitos reales para el acceso a una alternativa habitacional? ¿Podrán acogerse a esa alternativa las trabajadoras sexuales que se encuentran arrendando habitación en alguno de los clubs en los que antes trabajaban para poder dejar de acumular deuda? ¿Serán consideradas en “extrema vulnerabilidad” aquellas mujeres que malviven en habitaciones subarrendadas y que ahora no pueden pagar? ¿Cómo será el acceso al Ingreso Vital Mínimo? ¿Será necesario “dejar” la prostitución? ¿Se exigirá el empadronamiento previo, tan imposible para muchas de nosotras como conseguir un cuerno de unicornio?

Son muchas las incógnitas que suscita este Plan. Quizás porque ni siquiera se trata de un documento con disposiciones legislativas claras, o porque no hay o no hemos tenido acceso a ningún otro documento que lo complemente, o porque tampoco se conoce el presupuesto asignado para aplicarlas. 

Lo que sí parece quedar claro es que todas las medidas contempladas en la ampliación del plan serán implementadas y fiscalizadas por las ONG “de rescate” y por los servicios sociales, que son, precisamente, quienes más daño nos hacen en nuestro día a día. Son las denominadas ONG especializadas las que, trabajando estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los servicios sociales, deberán elaborar un informe sobre la situación de la persona indicando si se cumplen o no los requisitos para la concesión de la renta mínima (Ingreso Vital Mínimo) o la solución habitacional. Esos mismos servicios sociales a los que tantas trabajadoras sexuales temen acudir por miedo a perder la custodia de sus hijes. Lo que se está proponiendo aquí es un gran listado pormenorizado de putas, un gran listado de muchas compañeras en situación irregular. Perdonen si tenemos serias dudas sobre qué se planea hacer con toda esa información, ¿deportaciones masivas, tal vez?

Y, por si esto fuera poco, se establecen una serie de requisitos para las ONG que puedan realizar estos informes y, por lo tanto, entendemos que para optar a las subvenciones, que acotan el listado de una manera muy significativa. ¿Quiénes serán las grandes beneficiadas de estas medidas, las putas o las entidades?

No basta con nombrar a las mujeres en situación administrativa irregular para solucionar mágicamente las barreras que cierran el paso a los derechos

También se menciona, hasta en un par de ocasiones, a las mujeres en situación administrativa irregular. Pero no basta con nombrarlas para solucionar mágicamente las barreras que cierran el paso a los derechos. Para ello es necesario ir más allá e implementar políticas antirracistas que pongan efectivamente la vida en el centro y sigan la estela de las propuestas realizadas de una regularización urgente y con derechos. Porque de nuevo parece que las mujeres migrantes importan, pero solo cuando se las puede rescatar o cuando sirven para colgarse, literalmente, medallas. La protección de las víctimas de trata nunca ha sido una prioridad, sino una cuestión más de seguridad nacional. 

No somos víctimas. No necesitamos ni rescates, ni tutelas. Somos sujetos políticos y exigimos derechos en tanto trabajadoras, pero también en tanto personas. Exigimos ser consultadas y escuchadas, porque nunca más una política sobre nosotras sin nosotras.