Partidos políticos
El PSOE y ERC llegan al acuerdo para una investidura a la que solo falta el 'sí' definitivo de Junts

La primera semana de noviembre está viendo cómo, a pasos acelerados, se certifica lo que será, si no hay sorpresas de última hora, la investidura de Pedro Sánchez, sin fecha definida pero que llegará en tiempo y forma antes de que se cierre el plazo de 60 días abierto tras el 'no' del Congreso a Alberto Núñez Feijóo. 

En la tarde del 2 de noviembre se ha presentado el que hace unas semanas parecía el más difícil de los acuerdos. Félix Bolaños, ministro de Presidencia en funciones y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han rubricado un pacto que, como ya se sabía, incluye la presentación de una Ley de Amnistía, pero que no se ciñe a la parte política del conflicto.

El Gobierno de Sánchez, de ser elegido, condonará el 20% de la deuda de Catalunya con el Fondo de Liquidez Autonómica. En este fondo, que fue utilizado en el pasado por el Gobierno del Partido Popular para intentar evitar el referéndum del 1 de octubre —del que ayer se cumplieron seis años—, la Generalitat de Catalunya tiene una deuda de 72.000 millones de euros, que será reducida gracias al acuerdo firmado hoy. Son 15.000 millones de euros y 1.300 millones en intereses. Otras comunidades podrán acogerse a la condonación prevista, aun no se sabe en qué términos.

Otra de las medidas cerrada con ERC ha sido el traspaso de Rodalies, las Cercanías de Catalunya, hasta ahora gestionadas por el Estado a través de Renfe. Se trata de una medida que acarreará costes para la Generalitat por la gestión de los trenes, las vías y las catenarias, que cambia el modelo establecido en el transporte ferroviario hasta ahora y que requerirá de una fuerte inversión —se ha estimado que de más de 4.000 millones— por parte de la Generalitat.

Junts se hace de rogar

Mientras se producía la fotografía de Junqueras y Bolaños en Barcelona, una reunión de la dirección de Junts en Bruselas ponía unas gotas de incertidumbre sobre el 'sí' de este partido a la investidura de Sánchez. El problema, al menos oficialmente, es la extensión de la Ley de Amnistía y si esta podrá o no aplicarse a casos que los exconvergentes consideran de lawfare producido durante la acción judicial-política contra el independentismo, como el del exconsejero de Interior Miquel Buch, condenado recientemente a cuatro años y medio de prisión por haber contratado a un Mosso para escoltar a Puigdemont hasta Bruselas, en su salida de España en octubre de 2017.

Junts estaría de acuerdo con las formas de mediación y seguimiento alcanzadas para el acuerdo, pero los detalles, y quizá las ganas de no quedar opacado por el acuerdo firmado entre ERC y PSOE han supuesto que se paren las máquinas para la presentación de la Ley de Amnistía en el registro del Congreso, el paso necesario para que la mesa, dirigida por Francina Armengol, ponga fecha a una investidura que, si todo sigue según lo previsto, tendrá lugar la próxima semana. 

Falta también la ratificación de un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, que sigue pendiente de cerrar la hoja de ruta para un traspaso parcial de transferencias de la Seguridad Social y de que los jeltzales conozcan la letra de la Ley de Amnistía. Otro de los requisitos del PNV sería el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales, una reserva de la Biosfera situada entre Navarra y Aragón, usada como polígono de tiro por parte del ejército español.