Patrimonio
Piden recuperar las apropiaciones indebidas por parte de la Iglesia en Montijo (Badajoz)

Tras la decisión tomada por el Pleno del Senado, el pasado 10 de marzo, de no revertir de oficio las inmatriculaciones de la Iglesia católica (propuesta rechazada con el voto de PSOE, PP, Vox y PNV) se certifica la intención por parte del Gobierno de España de dar carpetazo al asunto de las apropiaciones indebidas, por parte de la Iglesia, de lo que se consideran bienes de dominio público (aquellos que no constan de un título de propiedad privado) y del patrimonio municipal, autonómico y estatal.

A pesar de que la publicación del catálogo con las más de 35.000 inmatriculaciones hechas por la Iglesia entre 1998 y 2015, de modo anticonstitucional según sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, abre la vía a que particulares, consistorios y otros organismos administrativos reclamen la titularidad de bienes apropiados mediante certificación episcopal, considerada fraudulenta, es de esperar que muchas de las mencionadas inmatriculaciones queden sin reclamar, debido tanto a la desidia de algunas administraciones por salvaguardar su patrimonio como al trato de favor que muchas de estas últimas otorgan a la Iglesia católica, presente en la vida de los pueblos a través de las cofradías, órdenes religiosas y demás feligresía.

Inmatriculaciones: al pueblo lo que es del pueblo

Xabier Jiménez López

Opinión

Iglesia Inmatriculaciones: al pueblo lo que es del pueblo

Xabier Jiménez López

Un informe remitido por el Gobierno vasco en 2016 fijaba en 530 (442 más que un nuevo documento) las fincas captadas por la Iglesia Católica desde 1978 hasta 2015.

Así lo considera la Asociación Impulsa Montijo, una asociación vecinal que ha presentado al Ayuntamiento y al alcalde de este municipio de las Vegas Bajas, Manuel Gómez, del PSOE, un escrito solicitando, por una parte, que se indague sobre el carácter de las cuatro inmatriculaciones que aparecen en referencia al pueblo y se reclame su titularidad como dominio público que son —al carecer de otro título anterior a la certificación episcopal— y, por otra, que se informe sobre si se van a iniciar acciones en este sentido, con el fin de averiguar si el interés patrimonial del Ayuntamiento de Montijo se ve afectado por las inmatriculaciones. Esta iniciativa sería la primera en Extremadura en relación a este contencioso.

Impulsa Montijo reclama la titularidad del pueblo y de su Ayuntamiento sobre una gran explanada que rodea, como vía pública, al templo parroquial y que aparece de modo dudoso en la certificación episcopal, realizada de modo fraudulento tras las leyes que, bajo el mandato de José María Aznar,  permitieron a la Iglesia apropiarse indebidamente de numerosos inmuebles y propiedades ajenas. Para ello, la asociación vecinal acompaña un pormenorizado estudio documental e histórico con las intervenciones realizadas en dicha explanada por el Ayuntamiento de Montijo desde el siglo XIX, todas a cargo del erario público.

En caso de que el Gobierno municipal de Montijo decidiera no actuar o mantenerse pasivo ante lo que el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha calificado como de usurpaciones fraudulentas, podría estar incurriendo en un acto de prevaricación

Impulsa Montijo lamenta que, a diferencia de otras comunidades autónomas, donde muchos consistorios se han apresurado a iniciar el proceso de recuperación del patrimonio apropiado de modo fraudulento por la Iglesia (Ayuntamiento de Pamplona, Miranda, Valencia, etc.), “en Extremadura no se haya tomado dicha iniciativa aún, ni por parte de los consistorios ni por parte de los partidos que están en la oposición, sean del signo que sean”. Salvo asociaciones como Extremadura Laica o esta de Impulsa Montijo, que presentan solicitudes para que los ayuntamientos reviertan tales inmatriculaciones, no parece existir mucho interés en recuperar un patrimonio que es de todos y que, de no evitarlo, pasará a estar en manos de unos pocos.

Todo ello en una comunidad autónoma, la de Extremadura, que encabeza los índices en cuanto a la falta de laicidad en sus instituciones, según informes de la Fundación Ferrer i Guarda, y donde la Iglesia católica tiene aún un gran poder e influencia —casi secular— tanto en los gobiernos municipales y autonómicos como en la vida diaria de la gente.

Impulsa Montijo considera, por último, que “en caso de que el Gobierno municipal de Montijo decidiera no actuar o mantenerse pasivo ante lo que el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha calificado como de usurpaciones fraudulentas, podría estar incurriendo en un acto de prevaricación, al no salvaguardar, proteger y recuperar el patrimonio municipal del pueblo, a pesar de tener conocimiento de que ha sido usurpado por una entidad privada”.