Periodismo
Las instituciones penitenciarias de Perú se contradicen respecto a la entrevista a Castillo

La entrevista al presidente depuesto de Perú, Pedro Castillo, realizada por Julio Zamarrón para El Salto sigue teniendo hondas repercusiones en la vida política del país andino. Federico Llaque, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), compareció el viernes 10 de febrero para explicar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso las circunstancias del caso. 

Llaque ha negado que El Salto realizase la entrevista, que califica como una “fantasía” del autor, sin embargo, ha abierto un expediente sancionador a Castillo, algo incompatible con la presunción de que el exmandatario no contestó a las preguntas que este medio le hizo llegar. El castigo puede ir desde una amonestación a una suspensión de la comunicación que implica la suspensión temporal de visitas.

Según ha podido saber El Salto, Castillo ya sufre algunas represalias desde que el lunes la entrevista se impusiera en la actualidad informativa del país. A Castillo, explican desde su equipo legal, se le han decomisado libros; le quitaron su reloj para que no sepa la hora que es y le quitaron la antena de la tele durante dos días. Además, explican sus abogados, le hicieron una requisa a toda la celda, “algo que es completamente ilegal porque si se hace una requisa en un penal se tiene que hacer a todo el penal, es decir, también a la celda de Alberto Fujimori”, expresidente condenado por crímenes contra los derechos humanos y corrupción, y actualmente en el penal de Barbadillo.

Sin móviles

El máximo responsable de las instituciones penitenciarias se basa en la prohibición de acceso a ningún medio tecnológico por parte de Castillo para negar las declaraciones de este, cuando desde el momento de su publicación El Salto explicitó que, ante esa limitación, la entrevista se realizó sin apoyo tecnológico, ya sea de grabadoras o de teléfonos móviles. 

El director del Inpe defendió que no se recibió la solicitud de entrevista a Castillo y que, en caso de haberla recibido, esta no habría sido autorizada. “Negamos que se haya dado un encuentro con algún periodista. Si se hizo la entrevista de alguna otra manera, es materia de investigación”, reconoció Llaque.

En este caso, El Salto defiende el derecho a la libre expresión de Castillo y justifica en la relevancia informativa de la entrevista el modus operandi empleado para obtener esas respuestas, como muestra la enorme repercusión en Perú y Latinoamérica de la entrevista.

En contacto con el equipo legal de Castillo, este ha referido que si bien no tienen constancia de cómo se sacaron las respuestas del penal de Barbadillo, estas son ciertamente las declaraciones del mandatario depuesto el 7 de diciembre: “Las declaraciones son reales”, zanjan sus abogados. El Salto publica como información dos saludos, al autor y al propio medio de comunicación, enviados por Castillo junto con las respuestas al cuestionario preparado para este medio.

Los abogados de Castillo también refieren haber sufrido acoso tras la publicación de la entrevista. Han alertado de que están siendo intimidados por medio de seguimiento de la Policía Nacional de Perú (PNP) al salir de las instalaciones de Barbadillo. Tanto la familia como el equipo legal de Castillo denuncian que sobre ellos se emplea la acusación de “terruqueo”, consistente en generar alarma social sobre el presunto “terrorismo” de Castillo y su entorno.