Presupuestos Generales del Estado
#AndalucíaExiste: 15 reclamaciones andaluzas para los PGE

“Teruel existe, Cataluña existe, Valencia existe y nosotras los andaluces y andaluzas queremos existir. Poner a Andalucía en el centro del mapa político y de las políticas” Así anunciaba la portavoz parlamentaria de Adelante, Angela Aguilera, la presentación de propuestas andaluzas por parte de la coalición de cara al debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, que aún no ha comenzado al encontrarse en negociación interna en el ejecutivo de coalición.

Aguilera, de Anticapitalistas, estuvo acompañada por el coordinador nacional de Izquierda Andalucista, Antuan Vargas y la senadora de Adelante y portavoz de Primavera Andaluza, Pilar González. Ningún dirigente de IU o Podemos participó en el acto, evidencia de la situación de ruptura interna de la coalición.

A preguntas de El Salto Andalucía, Pilar González explica que estos 15 puntos persiguen “un objetivo político, que Andalucía cuente a la hora de la elaboración de los PGE”. “No se puede ningunear el peso de Andalucía en el conjunto del Estado, su peso demográfico, también político, aunque ahora se haya ido debilitando” lamenta. Para la senadora, que forma parte del grupo Izquierda Confederal “Andalucía tiene que recuperar ese pulso político que tenía que ver con la justicia social, los derechos de la gente. Recuperar esa presencia de Andalucía, en un momento en que territorialmente aparecen opciones, discursos, proyectos, que tienen que ver con izquierda y soberanismo”.

Sin embargo, Adelante Andalucía no tiene presencia como tal en el Congreso de los Diputados. Es por ello que la coalición trasladará estas propuestas a los diputados de Unidas Podemos porque “la guerra de trincheras no produce nada bueno para nadie” y se quiere “poner en conocimiento, en tono cordial, esta agenda andaluza” comenta González. También va a solicitar una reunión con la ministra de Hacienda.

Deudas históricas viejas y nuevas

El punto central de la propuesta de Adelante Andalucía es “el cumplimiento de la Disposición Adicional III del Estatuto de Autonomía, que establece una inversión para Andalucía equivalente a su peso poblacional en el conjunto del estado”. Es decir, un 18%. A pesar de aprobarse en 2007, este punto nunca se ha cumplido, tras el estallido de la crisis económica de 2008 y la aplicación de los planes de austeridad por Zapatero y Rajoy. La coalición calcula que esto ha provocado “una nueva deuda histórica cifrada en 6.000 millones”.

Las deudas históricas son un asunto recurrente en la política andaluza. La vieja deuda histórica fue señalada en el Estatuto de Autonomía del 81 como consecuencia del traspaso de competencias a la Junta en materia de vivienda, sanidad y educación con importantes deficits de estos servicios con respecto a la media del Estado. En 2010 Junta y Gobierno (ambas del PSOE en aquel momento) pactaron que esta se situaba en 1.204 millones y acordaron su resolución, si bien la mayoría de esa cantidad, 784 millones, fueron pagados a Andalucía en especie. Se traspasó la propiedad de varios edificios y solares abandonados por el Ministerio de Defensa. Tanto PP como IU, que reclamaban 3.500 y 7.000 millones para Andalucía respectivamente, se mostraron contrarios a aquel acuerdo.

Adelante Andalucía se marca como objetivo la creación de una hacienda andaluza propia, un modelo similar al existente con País Vasco y Navarra

La nueva deuda histórica, nace de un precepto legal muy concreto, la Disposición Adicional III del Estatuto de Autonomía, que reza “la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza en el conjunto del Estado para un periodo de siete años”. Andalucía utilizaba así su gran baza, su peso demográfico, para corregir el histórico déficit en infraestructuras. Un dato muy concreto que, sin embargo, arroja cifras muy distintas en función de quién las enuncie. En 2013, el entonces vicepresidente Diego Valderas, de IU, denunciaba que la nueva deuda histórica ascendía hasta los de 4.000 millones, y se apoyaba en que el Gobierno Zapatero reconocía que entre 2008 y 2009 esta deuda era de 1.504. El Partido Andalucista situaba en 2012 la deuda histórica en 2.179 millones, “Zapatero se fue dejando una deuda de 1.504 millones de euros y Rajoy la ha incrementado en 675 millones más” afirmaban. Sin embargo, todas esas cifras se enfriaron en 2018, cuando el último gobierno de Susana Díaz resucitó la reivindicación de la nueva deuda histórica frente al primer gobierno de Pedro Sánchez, que se encontraba enfrascado en negociaciones con los valencianistas de Compromís a cuenta de los problemas de financiación del País Valencià. Entonces el PSOE andaluz la cifró solo en 2.000 millones.

Por ello, en el horizonte, Adelante Andalucía se marca como objetivo la creación de una hacienda andaluza propia, que recaude los impuestos y pacte con el Estado mediante un concierto económico el cupo que le corresponde a la Administración Central de los tributos andaluces. Es decir, un modelo similar al existente con País Vasco y Navarra. En opinión de la coalición “el control de los recursos y una fiscalidad propia permitirán crear el marco óptimo para garantizar la financiación y establecer políticas fiscales destinadas a fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo”.

Tren y Guadalquivir

En la lista de propuestas de Adelante también hay espacio para históricas reclamaciones andaluzas. Precisamente se resucita la reclamación de la gestión andaluza de las aguas de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. En 2007, el Estatuto de Autonomía andaluz fue aprobado con un artículo 53 que reclamaba estas competencias para la Junta. Un artículo tumbado en 2011 por el Tribunal Constitucional, pues si bien el Guadalquivir y el 98% de su cuenca están integramente en territorio andaluz, sí existen algunos pequeños ríos de la cuenca que transitan por Extremadura, Murcia o La Mancha. Una batalla larga y jurídica a la que González reclama encontrar una “solución política” y plantea que una posible salida al conflicto de competencias podría ser crear un órgano donde las CCAA tengan un peso acorde a su participación en la cuenca hidrográfica. “Evidentemente el 90% es Andalucía, y aunque no fuese la única voz, sí tenga la voz cantante, para corregir que la sede del Guadalquivir esté en Madrid”. La senadora de Adelante considera fundamental esta reclamación dado el peso de la agricultura en la economía andaluza y la necesidad de que “uno de los vectores de futuro pase por este sector y transitar de la agricultura a la agroindustria para producir, transformar y comercializar desde el territorio”. Precisamente, la Política Agraria Común también se encuentra entre las reclamaciones de la coalición, que reclama que los fondos europeos “deben llegar a los trabajadores del campo y no quedarse en el bolsillo de los grandes terratenientes y los fondos de inversión”.

Los conflictos del agua en Andalucía

Alberto Otero

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Derecho al agua

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Alberto Otero

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Esquilmación de acuíferos, expansión de agricultura intensiva, resurgimiento de la minería, privatizaciones… Los recursos hídricos cuentan en Andalucía con decenas de puntos que son ejemplo de abuso y gestión deficiente.

La conexión ferroviaria, historicamente deficitaria en el territorio andaluz, es otro de los aspectos reivindicados. Adelante Andalucía propone un “plan 83” para unir por tren todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes. “Es un plan de máximos” reconoce Pilar González y “no se hace solo en una legislatura, pero si no comenzamos nunca nunca llegaremos”. La senadora destaca la necesidad de finalizar las obras del Algeciras-Bobadilla y reactivar la línea Guadix-Baza-Almanzora, cerrada hace 35 años, y tras la que hay un movimiento social especialmente activo. “Vertebrar el territorio, reactivar la economía y fijar población” son algunos de los beneficios que destaca González, que insiste en apostar por la media distancia y los cercanías, y no por el AVE. Lo cierto es que el tren andaluz sufrió importantes recortes en los 80 y 90, consecuencia de un abandono paulatino durante la dictadura, lo que ha provocado, como recuerda la portavoz de Primavera, que “muchos pequeños municipios estén con las estaciones cerradas, hay vías pero no hay tren”. Con respecto al Corredor Mediterráneo, González se muestra optimista en su progreso pues “el ministro está decidido y convencido, la apuesta política parece clara, aunque la ejecución material sí parece más complicada”.

Andalucía: periferia ferroviaria

Carmen Marchena Alfonso Torres

Servicios públicos

Andalucía: periferia ferroviaria

Carmen Marchena ,  Alfonso Torres

La trayectoria del ferrocarril en Andalucía ha sido tardía, centralista y de abandono progresivo por parte de las administraciones.

Destacan también medidas específicas para la investigación y la cultura, aumentar la red de escuelas infantiles que propicien la conciliación y una renta que compense las reducciones de jornada de, sobre todo, las mujeres. Así como un plan de choque contra el desempleo, como de hecho tiene Canarias específicamente. Medidas todas ellas encaminadas a “construir un nuevo modelo productivo autóctono capaz de mantenerse a salvo ante crisis económicas externas y generar empleo de calidad” explica la coalición. Pilar González lamenta que el principal problema de los andaluces es “la falta de empleo” y que para resolverlo es preciso “cambiar el modelo productivo, porque en el turismo, no hay salida”. Reconoce la senadora que es “un sector importantisimo y que los profesionales del turismo han hecho todos los esfuerzos por ofertar destinos seguros”, sin embargo opina que “es tan volátil, que en una coyuntura desfavorable, es el primero que cae. Por sentido común, cualquier persona en situación de retracción no se gasta el dinero en ocio o viajes”. El turismo representa más del 14% del PIB de Andalucía.

Además de cuestiones específicamente andaluzas, Adelante Andalucía también plantea políticas progresistas de carácter estatal como un impuesto a las grandes fortunas, el cierre de los CIES, un suelo de inversión en servicios públicos para blindarlos: 7% en sanidad, 5% en educación y 2% en servicios sociales, así como la derogación de las reformas laborales y encaminarse hacia una jornada laboral de 32 horas.