Presupuestos Generales del Estado
La contención y posible bajada de alquileres, clave del acuerdo de Presupuestos de PSOE y Unidas Podemos
Los dos partidos del Gobierno de coalición llegaron a un acuerdo en la noche del 25 de octubre para presentar conjuntamente los PGE 2021.

Tres meses para llevarlo al Consejo de Ministros y cuatro para presentarlo en el Congreso de los Diputados. El plazo para presentar una Ley de Vivienda es corto y, a buen seguro, habrá tensiones entre el titular de ese Ministerio y los ministros de Unidas Podemos, que en la noche del lunes al martes lograron un documento que compromete al Gobierno a la regulación de los precios del alquiler.
Se trata de implementar tres mecanismos que deben comprender dos objetivos: establecer “mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes” en zonas con un “mercado tensionado”, o, lo que es lo mismo, en zonas donde se haya producido un incremento abusivo de las rentas del alquiler, según determine el índice de precios puesto en marcha por el Ministerio dirigido por José Luis Ábalos y por las propias administraciones locales (Ayuntamientos)
Con carácter general, el segundo objetivo, es contener “las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda”.
Además, el PSOE y Unidas Podemos han presentado un segundo documento de acuerdo en el que desarrollan una serie de mejoras en el acceso al Ingreso Mínimo Vital. En este caso, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 junto con el Ministerio de Seguridad Social realizarán tres enmiendas al Decreto Ley vigente.
El Gobierno de coalición se compromete a tener en cuenta los ingresos del año en curso para la concesión del IMV y extenderlo más allá de 2021, haciendo esta renta de tipo permanente. Se reducen, además, de tres a dos los años de vida independiente para poder acceder al IMV (de manera que pueden salir beneficiados más jóvenes). Y, en tercer lugar, se capacita a Servicios Sociales para acredite los requisitos de acceso a esta renta, como vía para facilitar su tramitación.
A las 9h, aproximadamente, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentarán un proyecto de Presupuestos Generales que han rubricado tras la firma de estos dos acuerdos específicos. El acuerdo será ratificado en Consejo de Ministros para ser remitido a las Cortes, donde encontrará la oposición de PP y Vox y tendrá que ser negociado con el resto de grupos.
El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aspiran así a la aprobación de sus primeras cuentas generales, después de que en 2019 no consiguieran sacar adelante el proyecto de presupuestos. En esta ocasión, se proyecta un gasto récord de 196.097 millones de euros. 27.000 millones son un adelanto con cargo a los fondos europeos aprobados este verano.
Los Sindicatos de inquilinos, clave
La demanda de la regulación del alquiler como uno de los puntos calientes del acuerdo de Presupuesto surge del encuentro que el 15 de octubre, mantuvieron el vicepresidente social, Pablo Iglesias, y los sindicatos de inquilinos. Iglesias se comprometía ante ellos a trabajar desde dentro del Gobierno para que se apruebe la regulación de los alquileres en el marco de los presupuestos. “El camino a seguir”, señaló Iglesias tras la reunión, es la reciente ley catalana, producto de más de un año de trabajo del Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya.
El ministro de Vivienda y su secretario de Estado, David Lucas, se habían mostrado muy reacios en los últimos días a acelerar la ley antes de conocer en qué estado iba a quedar el mercado del alquiler tras el impacto de la pandemia.
Derecho a la vivienda
El movimiento por la vivienda consigue meter la regulación de los alquileres en la negociación de los presupuestos
El PSOE enfría las presiones de sus aliados políticos y aplaza la regulación a una futura Ley de Vivienda. ERC condiciona su inclusión en los presupuestos para apoyarlo y los sindicatos de inquilinos crean un frente de más de 9.000 organizaciones sociales para conseguir su tramitación urgente.
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