Privatizaciones
La Universidad de Alcalá deja las instalaciones deportivas en manos de una empresa en quiebra

Ilitia Mediterránea S. L., retrasos de meses en los pagos a sus trabajadores de las instalaciones deportivas de la Universidad de Alcalá (UAH) y una sentencia condenatoria por vulneración de derechos fundamentales tras haber despedido a la delegada del personal por parte de Comisiones Obreras (CCOO). Esos tres elementos componen el mejunje en el que se encuentran en torno a cuatro decenas de empleados que esperan con ahínco un dinero que parece que nunca llega. Lo peor: la empresa no da señales de vida, parece que ha desaparecido.

Begoña García es una de las protagonistas de esta historia. Desde el 4 de enero de este 2023, relata, Ilitia Mediterránea se hizo con la gestión de las instalaciones deportivas de la universidad alcalaína. “Lo pusieron todo patas arriba nada más llegar. Digamos que, rápidamente, nos dimos cuenta de que no venían con muy buenas intenciones”, en sus propios términos. A pesar de que la plantilla había sido subrogada al completo y que sus derechos adquiridos no podrían desaparecer, la compañía no lo respetó.

El primer mes ya les tardaron en pagar. “Poco después me dijeron que las nóminas se ingresarían entre el día 10 o 15, a lo que nos opusimos. Nosotros veníamos cobrando el 31 de cada mes y le ofrecí cobrar el día 5 del mes siguiente como máximo”, explica García. Cuando recibieron el primer pago, comenzaron las irregularidades: “Un compañero y yo estábamos justo de baja y nos lo ingresaron de una forma muy rara, nos lo pagaron como unos tres euros al día, así que todavía nos deben dinero de aquello”, en palabras la delegada sindical.

“Me echaron porque les estábamos rompiendo los planes que tenían para nosotros. Nuestras condiciones son bastante buenas para el sector que es y eso no les cuadró”

No fue lo único que no encajaba, pues la mayor parte de los trabajadores vieron en sus nóminas cómo el grupo profesional al que pertenecían había cambiado, degradándose. “Y también vimos que una mejora voluntaria que habíamos adquirido con las anteriores empresas se convirtió en un plus de productividad. ¿Cómo se mide la productividad aquí, si somos técnicos deportivos? Además, que si la UAH les dice que debe haber una clase con cinco alumnos, ellos deben darla, porque en teoría solo se dedican a cobrar por un lado y pagar por el otro”, se explaya la propia García.

Despedida tras denunciar a la empresa

Organizada, la plantilla decidió interponer una demanda colectiva por modificación sustancial de condiciones laborales a través de su representación legal, es decir, García. La denuncia se materializó el 29 de febrero y el 15 de marzo. Tanto ella como otro compañero fueron despedidos por Ilitia Mediterránea. La empresa aducía falta de confianza, pero García piensa que fue por otro motivo: “Me echaron porque les estábamos rompiendo los planes que tenían para nosotros. Nuestras condiciones son bastante buenas para el sector que es y eso no les cuadró, pero ellos firmaron un pliego en el que sabían de primeras las condiciones que había”.

La situación empeoraba muy rápido, por lo que los afectados decidieron ir a la huelga. Hasta el día de hoy, han realizado tres jornadas de paros de dos días cada una. “El primer día nos manifestábamos por la tarde en las propias instalaciones deportivas para que los usuarios del servicio público vieran las condiciones en las que se encontraban los trabajadores y trabajadoras, y al día siguiente por la mañana frente al rectorado de la UAH, porque en última instancia es la entidad responsable”, relata Hugo Carrasco, secretario de Acción Sindical y Juventud de CCOO Henares.

“Hemos ganado el despido nulo, así que le tienen que abonar los salarios de tramitación y una indemnización por vulneración de derechos fundamentales de más de 7.500 euros”

Tras una primera reunión con la compañía a finales de marzo, coincidiendo con la primera jornada de protestas, Ilitia Mediterránea no ha vuelto a dar señales de vida. Según la delegada sindical, tampoco responden a los requerimientos por parte de la propia Universidad, ni a Contratación. Lo mismo sucede con sus propios trabajadores en las instalaciones deportivas que reclaman el cobro de sus nóminas. Ni siquiera saben con quién tienen que hablar a la hora de comunicar una baja laboral.

La justicia avala a la trabajadora

Ahora, la justicia ha dado la razón a García. “Hemos ganado el despido nulo, así que le tienen que abonar los salarios de tramitación [los salarios que no ha percibido la trabajadora desde su despido hasta la fecha de su nueva incorporación] y una indemnización por vulneración de derechos fundamentales de más de 7.500 euros”, relata Carrasco. Él mismo confirma que la compañía no se ha presentado a las mediaciones obligatorias entre plantilla y empresa antes de la convocatoria de huelga, y lo mismo ocurrió en el juicio a García. 

“Es muy preocupante que una empresa que en 2021 estaba en quiebra técnica con unas pérdidas acumuladas de 100.000 euros, acabe siendo la responsable de un servicio que debería ser público”

“Yo tengo la sentencia ahí, imagino que alguien la tendrá que cumplir y que será a partir de septiembre porque pronto terminarán las actividades deportivas y ya me incorporaré con la siguiente empresa a la que se adjudique el servicio”, vaticina la afectada. Es ella quien sostiene que la UAH, por su parte, ya está en trámites de resolver el contrato con Ilitia Mediterránea. “Estamos deseando que nos digan que ya se han desvinculado de ella y que también la Universidad se hace cargo de los sueldos pendientes, que es lo que deberían hacer como empresa subsidiaria que son”, incide la sindicalista.

Empresas sin solvencia gestionando servicios públicos

Carrasco, en este sentido, apunta que “es muy preocupante que una empresa que en 2021 estaba en quiebra técnica con unas pérdidas acumuladas de 100.000 euros y un fondo de maniobra negativo de 70.000 euros de deuda a corto plazo y que tras una ampliación de capital en teoría sanee sus cuentas acabe siendo la responsable de un servicio que debería ser público”. A pesar de los intentos por contactar con Ilitia Mediterránea desde este medio, el número de contacto que aparece en su documentación legal no existe en la actualidad.

“Hasta donde sabemos, en Mejorada del Campo se le adjudicó la gestión de la piscina municipal y allí los trabajadores han estado hasta tres meses sin cobrar, y similar ha ocurrido con compañeros de Mataró, también con problemas similares de pago con esta empresa”, se explaya el secretario de Acción Sindical y Juventud.

En realidad, Ilitia Mediterránea está presente en diferentes municipios españoles. Es el caso de Calp o La Vila, en la Comunitat Valenciana; Los Llanos, en Albacete, donde se encarga de las actividades lúdicas y culturales en la base que allí tiene el Ejército del Aire; pero también la madrileña Universidad Rey Juan Carlos.

Según el mismo Carrasco, empresas sin solvencia ni capacidad económica no deberían gestionar un servicio de estas características. “Entendemos que el servicio deportivo de la UAH debería ser público y no gestionado por una empresa privada, pero dado el marco legal en el que eso se permite seguiremos luchando por el respeto y mejora de las condiciones de la clase obrera”, en sus propios términos.

La precariedad, un arma para la explotación laboral

Asimismo, el sector precario en el que se deben desenvolver estos profesionales también juega un papel determinante. “Observamos una parcialidad enorme. Hay gente que trabaja seis horas a la semana y dependen de tener diferentes contratos en distintos lugares para llegar a fin de mes”, añade el sindicalista. De hecho, el convenio del sector bloqueado por la patronal desde 2018 marcaba unos salarios tan bajos en las categorías profesionales que una gran parte de ellas aumentó con el incremento del SMI.

“Hemos detectado un incremento de la represión sindical desde finales de 2022. Hemos visto a cinco delegados o afiliados despedidos y siempre el mismo proceso de intentar fabricar un despido disciplinario"

“Es un elemento de presión que utilizan las empresas porque saben que si un trabajador cobra 400 euros y no le abonas un par de meses, ese trabajador seguramente no lo denuncie porque no le salga a cuenta iniciar un proceso judicial”, explica Carrasco, quien no se olvida de la dinámica que desde CCOO están observando en el Corredor del Henares, la zona este de la región madrileña: “Hemos detectado un incremento de la represión sindical desde finales de 2022. Desde entonces, hemos visto a cinco delegados o afiliados despedidos y siempre el mismo proceso de intentar fabricar un despido disciplinario para quitarse de encima a los trabajadores combativos”.