Repartidores
Uber Eats realiza un despido colectivo de 3.000 riders

Según denuncia Comisiones Obreras y UGT, con la excusa de la entrada en vigor de la Ley Rider, la plataforma de comida a domicilio ha extinguido la relación laboral con 3.000 trabajadores, algo que califican como un “despido colectivo irregular”.

Ante un “incumplimiento sistemática de la ley” estos sindicatos han presentado una denuncia en la Audiencia Nacional contra Uber Eats por el despido realizado el 12 de agosto de 3.000 repartidores. Cuando esperaban ser contratados por la empresa, según ordena la nueva ley, se encontraron que la empresa prescindía de sus servicios. Ese mismo día entraba en vigor la Ley Rider, que obliga a las plataformas digitales a contratar como asalariados a sus repartidores e informar sobre el funcionamiento de sus algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. La ley es producto de años de lucha de asociaciones de repartidores que llevaron diversos casos a la justicia. En septiembre de 2020 el Supremo sentenció que los repartidores no eran autónomos sino trabajadores por cuenta ajena.

Tanto CC OO como UGT consideran esta acción como un “despido colectivo que se ha realizado de manera irregular, sin garantizar los derechos respaldados por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio sectorial”

Tanto CC OO como UGT consideran esta acción como un “despido colectivo que se ha realizado de manera irregular, sin garantizar los derechos respaldados por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio sectorial”. No es la primera denuncia que recibe esta compañía ante la Inspección de Trabajo de Madrid y Barcelona. En todas ellas, las resoluciones determinaron que existía una relación laboral entre las personas trabajadoras y la compañía. Estos precedentes, junto con el caso Glovo y la nuevo Ley Rider obligan, según estos sindicatos, a contratar a todos los trabajadores. 

Según denuncian, para cumplir con la Ley Rider, Uber Eats se limitó a contratar a un “número muy pequeño” de repartidores a través de subcontratas. 

Dos semanas antes de entrada en vigor de la ley Deliveroo anunció el cese de sus actividades en España con la excusa de que no podía asumir los costes de contratación de sus 3.500 repartidores.