Residencias de mayores
La Rioja no multará a las empresas que gestionan residencias de mayores y no cumplen los pliegos

La Consejería de Salud y Políticas Sociales anuncia que ignorará el incumplimiento de ratios de todo el personal en centros de día y residenciales. La oposición denuncia que esto empeorará las condiciones de los mayores y de las trabajadoras de estos centros.
16 feb 2024 05:00

La Rioja es una de las comunidades autónomas donde menos fallecidos se registraron en lo peor de la crisis del covid, 361 contabilizados, y, reconocen, que esto en parte es al buen músculo del sistema antes de la pandemia. Un estado que, denuncian, puede empeorar debido a las últimas decisiones de la Consejería de Salud y Ciencias Políticas que ha anunciado que no multará a las empresas que incumplan el pliego de condiciones sobre el ratio de trabajadores. La consejera, María Martín, del Partido Popular, anunciaba a finales de enero que considera “prácticamente imposible” que las empresas puedan contratar a los suficientes gerocultores, médicos, enfermeros o auxiliares que hacen falta para atender tanto las residencias de ancianos como los centros de día y por eso no sancionará a las empresas que las incumplan.

“Se trata de una amnistía a las empresas”, explica a El Salto María Somalo San Juan, exconsejera de Salud de La Rioja y ex directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja por el PSOE. Precisamente Somalo dirigía este departamento en plena pandemia y por ello tuvo que anular de forma temporal durante cuatro meses también las sanciones por falta de personal. “Lo hicimos en un contexto que nada tenía que ver”, explica la ex consejera, que indica que en ese momento no había vacunas suficientes para el personal y tenían que cumplir con la cuarentena, lo que hacía imposible cubrir las bajas. “Además, solo lo hicimos con los perfiles sanitarios, medicina y enfermería”, explica, ya que la actual resolución del PP abre la mano a que falten personal en todos los puestos. También, señalan, esta resolución se hace de forma ilimitada y supone un desvío de la atención de los residentes “a terceros ajenos al centro, en concreto, a las propias familias y al sistema público de salud” y supone un aumento de trabajo considerado para las y los trabajadores.

“Se produce la paradoja de que las personas que están hoy día en las residencias y centros de día son las que más han hecho por la región, trabajando 12 o 14 horas diarias, devolviendo la democracia"

“Si hasta ahora había pocos incentivos para que las empresas cumplieran las condiciones de contrato, ahora hay menos”, comenta la socialista, que presentó junto al portavoz de su partido en el Parlamento riojano, Javier García, una petición al Defensor del Pueblo para que actúe contra esa medida. “Se solicita —dice el escrito— que realice cuantas actuaciones de oficio entienda necesarias y las recomendaciones, sugerencias, recordatorios o advertencias al Gobierno de La Rioja, a los efectos de garantizar una adecuada calidad de los servicios de atención residencial y atención en centro de día, calidad que resulta gravemente amenazada por la medida adoptada”. Pero esta no es la única vía que se ha tomado contra la decisión de Martín, ya que además de los movimiento de la oposición en el parlamento, los sindicatos mayoritarios han presentado recursos judiciales contra la resolución y la sociedad civil prepara manifestaciones.

Concentración el día 19 y manifestación unitaria el día 24

“Después de la endemoniada resolución aprobada, con movilizaciones, peticiones y recogidas de firmas, nos hemos dado cuenta de que el Gobierno sigue en la misma y no las va a anular”, explica a El Salto Javier Granda, de la plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Por eso, han convocado una gran manifestación el próximo día 24 de febrero a las 18 horas que saldrá de la Consejería de Salud para llegar al Palacio de Gobierno de La Rioja. Si no dan pasos atrás en sus intenciones el actual Ejecutivo, advierte Granda, se dará una manifestación “donde gran parte de la sociedad riojana saldrá en defensa de los intereses de las personas mayores”. “Se produce la paradoja —continúa— de que las personas que están hoy día en las residencias y centros de día son las que más han hecho por la región, trabajando 12 o 14 horas diarias, sacando adelante el país, devolviendo la democracia. No es posible que el Gobierno les pague con esta moneda, primando los intereses de las empresas al bienestar y la salud de los mayores”.

“Esto es una amnistía a las empresas para que hagan lo que les dé la gana, en perjuicio de los trabajadores y de los usuarios, porque no es cierto que no haya personal"

Dari Saiz, secretaria del sector sociosanitaria y dependencia de Servicios Públicos de UGT recuerda que las ratios que actualmente quieren incumplir son de 1998 y no se han actualizado desde entonces. “Son ratios de mínimos que tienen en cuenta la cantidad de contratos que hay, por lo que incluyen bajas, vacaciones, permisos que si no se cubren repercuten en las trabajadoras tanto física como psicológicamente”, explica. Esto hace que aunque en la realidad solo haya tres gerocultoras atendiendo a decenas de ancianos, sobre el papel parezca que hay seis porque sus contratos están en activo. “Los trabajadores no están bien —indica la representante de UGT—, la pandemia influyó muchísimos más y no ha mejorado la situación, con la diferencia que no hay una alerta sanitaria”.

De hecho, afirma, ha empeorado. “Hay residencias que si falla un auxiliar de mañana, alargan a una persona del turno de noche su horario. De 12 de la noche a 10 de la mañana pueden estar”. Otro punto peligroso es la toma de medicamentos ya que esto solo puede gestionarlo personal de enfermería y en muchos casos, por la falta de este, lo hacen las gerocultoras sin ningún tipo de supervisión. Preguntada por la falta de personal disponible que aluden las empresas, Saiz no duda: “Esto es una amnistía a las empresas para que hagan lo que les dé la gana, en perjuicio de los trabajadores y de los usuarios, porque no es cierto que no haya personal. Tenemos escuela de enfermería, el problema es que pagan fatal. Si aumentas los sueldos, seguro que encuentras personal”. Los salarios están congelados ya que el convenio sectorial está pendiente de renovarse desde 2020. Por eso, UGT anuncia una concentración el día 19 frente al Parlamento, además de unirse junto a CCOO y numerosas organizaciones a la manifestación del día 24.

Sentencias contra la patronal

“Da la casualidad que las empresas que han sido denunciadas son parte de conglomerados muy potentes que quieren aumentar su beneficio en detrimento de trabajadores y usuarios”, indican desde UGT. En ese mismo sentido, María Somalo señala que “son las empresas con más volumen de negocio, abriendo dos o tres residencias solo en 2023, las que han pedido que suspendieran la ley de penalidades. En la legislatura pasada también lo pidieron y les dijimos que fueran a un juzgado”. Eso hicieron algunas de las adjudicatarias pero no con mucha fortuna. Ya son cinco las sentencias que rechazan los recursos puestos por las empresas sancionadas por no cumplir los ratios. En las tres a las que ha podido tener acceso este medio, la Justicia entiende que está probado que la empresa incumplió el pliego y que la Administración ha actuado con las multas tal y como se indica en el mismo contrato público. Una de estas sentencias la emitió la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) desestimando el recursos de Serunión y ha avalado que le retengan 8.225,23 euros por incumplir el pliego en las 119 plazas residenciales que tiene y las 20 en centro de día en Arnedo.

Otra sentencia, quita la razón al Grupo Elteis y asegura que este reconoce el déficit de personal ATS y recuerda que la falta de este personal “no puede ser sustituido por una mayor adscripción de otros puestos de trabajo”. En otra sentencia al mismo grupo más reciente, en enero de 2023, además de rechazar su recursos explica que “la condición octava del pliego de prescripciones técnicas establece la relación de personal necesario”, este debe ser aportado por los contratistas y “en los casos excepcionales en que la entidad no pudiera encontrar personal con la titulación exigida” deberá acreditarlo aunque esto no le evitará la aplicación de penalidades tal y como indica el pliego.

“Resistimos estoicamente las presiones de la patronal durante estos años para que ahora se les de la cobertura que piden pese a las sentencias judiciales”, explica la ex consejera, que cree que es “escandaloso, es ceder a los intereses de las empresas”. Se trata de una medida que ha generado mucho revuelo en la población, por eso, desde el PSOE creen que la respuesta coordinada entre partidos, sindicatos, la Justicia y la sociedad puede hacer que rectifique el Gobierno. “Es la mayor vergüenza que hemos sufrido en La Rioja”, explica Granda desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. “Esperamos que rectifiquen, especialmente el presidente, y que abran un espacio de diálogo”, indica.

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