Salud laboral
El sindicato de enfermería SATSE denuncia a la Conselleria valenciana de Sanitat por el alto número de contagios en el mes de enero

El Sindicato de Enfermería SATSE presentó ayer una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la Conselleria de Sanitat que dirige la socialista Ana Barceló, al considerar que no se están aplicando todas las medidas de prevención de riesgos laborales a su alcance para atajar las infecciones de los casi 66.000 trabajadores sanitarios y, especialmente, de las enfermeras, que acumulan el mayor número de profesionales infectados —de los 17.150 profesionales contagiados en toda la pandemia, 6.099 son enfermeras (el 35%)—. por lo que las enfermeras se contagian un 204% más que la población en general, según la información ofrecida por el sindicato.

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En su denuncia, SATSE ha aportado “preocupantes datos” que demuestran que las medidas de prevención laboral aplicadas por la Conselleria para proteger a su personal “no son efectivas” ante la nueva variante Omicron. Al respecto, señalan que en las últimas diez semanas —del 18 de noviembre al 20 de enero—, se han producido 6.040 contagios de profesionales sanitarios, es decir, el 35% de las infecciones de profesionales desde el inicio de la pandemia, de los que 2.248 corresponden a enfermeras, o lo que es lo mismo, el 37% de las infecciones de enfermeras en esta sexta ola.

Según SATSE, solamente en la semana del 14 al 20 de enero se han infectado o reinfectado 1.722 profesionales, de los que 661 son enfermeras. En su denuncia ante Inspección de Trabajo, el sindicato hace hincapié en algunas deficiencias en el funcionamiento de los centros sanitarios que ponen en riesgo la salud de los trabajadores, tales como el protocolo obsoleto en los equipos de protección individual, pues mientras la OMS y el Ministerio de Sanidad recomiendan la mascarilla FFP2 ante la evidencia científica de la transmisión aérea del Covid, la Conselleria de Sanidad mantiene la mascarilla quirúrgica como opción cuando no hay contacto con pacientes contagiados. Frente a esto, solo la Conselleria de Educación y el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria IVASS proporcionan FFP2 a sus trabajadores. 

Desde SATSE denuncian que las consultas y salas de enfermería de los centros de salud, de las Consultas Externas, de los centros de especialidades y de los hospitales “no cuentan, en gran número de casos, con medidas de ventilación y renovación adecuada de aire”, entre otras carencias.

Por otro lado, las consultas y salas de enfermería de los centros de salud, de las Consultas Externas, de los centros de especialidades y de los hospitales “no cuentan, en gran número de casos, con medidas de ventilación y renovación adecuada de aire”, denuncian desde el sindicato añadiendo también que los accesos a los centros sanitarios no están controlados, ya que no se solicita habitualmente el pasaporte Covid a pacientes y acompañantes y solo se comprueba en los accesos a la zona de hospitalización. Tampoco se realizan pruebas PCR a quienes ingresan por patologías no Covid, salvo a quien ingresa por intervención quirúrgica, ni se solicita el pasaporte Covid en las cafeterías de muchos hospitales.

Por todo ello, el Sindicato ha solicitado a la Inspección de Trabajo que requiera a la Conselleria de Sanidad para que establezca medidas como un mayor control de acceso a centros sanitarios, tanto de pacientes, ingresos y acompañantes; la modificación del protocolo para garantizar la dotación de mascarilla FFP2 a los profesionales en cualquier ámbito sanitario; la instalación de aparatos portátiles con filtros HEPA en espacios cerrados y mal ventilados de los centros sanitarios, tal y como han hecho las consellerias de Educación y Justicia; además de reforzar los Servicios de prevención de riesgos laborales de los Departamentos de salud para que evalúen e implementen estas medidas.

Desde SATSE esperan que la Conselleria incremente las medidas de prevención y protección a sus trabajadores “en aras de disminuir las cifras de contagios actuales, cifras que evidencian un problema de prevención y de falta de seguridad laboral” que ya se ha traducido en condenas contra la Conselleria de Sanidad, como la impuesta a principios de enero en la que se condenaba a la autoridad sanitaria autonómica a abonar indemnizaciones de entre 5.000 y 50.000 euros a cientos de trabajadores sanitarios por no haber sido provistos de equipos de protección individual durante la primera ola de la pandemia, u otra sentencia también condenatoria contra la Conselleria por haber postergado la vacunación de los sanitarios de la privada.