Sanidad pública
Emigrados y reagrupados volverán a tener acceso a la sanidad pública

El Real Decreto-ley 7/2018, del 27 de julio sobre el “acceso universal al Sistema Nacional de Salud” contenía un agujero que el acuerdo anunciado esta tarde entre PSOE y Unidas Podemos está dispuesto a cerrar. Se trata de las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, es decir padres y madres de personas que tienen la nacionalidad a la que se les ha negado sistemáticamente el acceso a la Sanidad por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social pese a que más de 80 sentencias obligan al INSS a facilitar la tarjeta sanitaria a estas personas.

Yo Sí Sanidad Universal ha defendido el derecho a la sanidad de este colectivo frente a una práctica que daba la espalda a las recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Este colectivo, de hecho, acaba de terminar la primera ronda de una campaña de micromecenazgo con la que judicializar esas formas de exclusión sanitaria derivadas de un decreto que el Gobierno salido de la moción de censura de 2018 presentó como la restitución de la Sanidad Universal.

Sin embargo, el acuerdo presentado hoy se refiere explícitamente a los reagrupados e incluye también un punto que reconoce “la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida”. Además, el nuevo Gobierno se pone la tarea de trabajar para que el alcance de la sanidad universal sea inmediato —que no haya un periodo de indefinición entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria— y que sea armónico entre las distintas Comunidades Autónomas.

En el ámbito sanitario, también, se anuncia la eliminación del copago farmacéutico planteado en 2012, la ampliación de servicios a la Salud Bucodental en el sistema nacional de salud y una apuesta por “la gestión pública directa”. En este marco, se pretende crear una comisión que en seis meses defina la estrategia para la revisión de la Ley 15/1997, que abrió la puerta ese año a la privatización progresiva del sistema público de salud. El acuerdo no habla de derogar la ley, sí de revisarla.

Además, el texto presentado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez promete un aumento del porcentaje del PIB dedicado por España a Sanidad hasta lograr el 7% del PIB en 2023 y una mejora de las condiciones del personal sanitario.