Sevilla
La Asamblea de Vivienda de Sevilla señala a un grupo empresarial como responsable del desahucio de una familia

Carla, nombre ficticio para salvaguardar el anonimato de la fuente, lleva viviendo junto a su hija más de siete años en su casa del centro de Sevilla. Tras la pandemia el antiguo dueño del edificio vende el inmueble a los dueños de diversos grupos empresariales de restauración, construcción e inmobiliarios que manifiestan su objetivo de echar a todos los vecinos de la entidad. “Justo me había quedado sin paro, estaba sin trabajo y me iba a quedar sin techo”, recuerda el inicio de este periplo Carla.

La vecina es actualmente la última inquilina de ese edificio y expone que ha intentado llegar a un acuerdo con la propiedad “les dije que debían esperar a que mejorara mi situación laboral y además pagarme un año de alquiler para poder mudarme”. Una propuesta que los empresarios se negaron a aceptar. Tras ello, Carla expone que ha sufrido amenazas y presiones para abandonar el edificio.

En julio de 2023 según relata la propiedad “manda a unos matones a reventar la puerta” y como añade “yo estaba dentro con mi hija mientras escuchábamos golpes”. Tras este episodio la inquilina puso una denuncia, “en septiembre volvieron a aparecer haciéndose pasar por policías para preguntarme acerca de la denuncia”, desde entonces la propiedad ha cortado toda comunicación con la vecina hasta que en octubre de este año ha recibido la orden de desahucio aun sin concretar fecha, y eso que según afirma “yo he estado pagando mi alquiler todo este tiempo hasta hace dos meses”. A pesar de que la situación de Carla le impide tener otra alternativa habitacional, según explica a El Salto Andalucía, “me han denegado toda la los informes de vulnerabilidad”.

Tras este desahucio que, si nada lo impide, tendrá lugar próximamente se encuentran los empresarios dueños de varias compañías hosteleras así como de construcción y del ámbito inmobiliario según denuncia la Asamblea por la Vivienda de Sevilla. Los propietarios del inmueble donde aún hoy vive Carla son además propietarios de una decena de empresas dedicadas a la hostelería como La Vida en Tapas o Gigante Bar SL, a la construcción Modo Obra S.L. y a la gestión de inmuebles como Compañía La Vida Fortuna S.L.

Desde la Asamblea por la vivienda en Sevilla denuncian “cómo el capital, los propietarios y el turismo amenazan, violentan y echan a las vecinas de sus casas” y que empresas como esta “compran y presionan a vecinas y compañeras en su avance en la especulación y la acumulación de las viviendas de Sevilla”. El colectivo señala “las persecuciones y amenazas” que lleva años viviendo esta vecina y señala a las administraciones públicas: “hasta ahora, ninguna ley ha protegido a nuestras compañeras y vecinas, todas aquellas leyes y protecciones son papel mojado frente a la propiedad privada”.

Muchas de las compañías en las que la Asamblea de Vivienda de Sevilla ha puesto el foco están detrás de restaurantes y locales de ocio muy populares en la capital hispalense. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial en Sevilla durante el tercer cuatrimestre de 2024 se han realizado 264 procedimientos de desahucio.