Sevilla
La Junta de Andalucía cierra 163 aulas en los colegios públicos de Sevilla

En la comunidad autónoma se cerraron en 2024 un total de 706 aulas, según USTEA. Colectivos en defensa de la educación pública además denuncian la baja calidad de los comedores y la falta de inversión en educación especial.
colegiojunta
El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla de visita en un colegio andaluz

El recorte en la educación y en otros servicios públicos es el eje cotidiano de las políticas de Juanma Moreno Bonilla como cabeza del gobierno andaluz. 

Desde la llegada del PP-A al Palacio de San Telmo se han eliminado un total de 2402 aulas en todo el territorio, según apunta el sindicato educativo USTEA. Tan solo en el curso 2024-2025 se han cerrado 706 aulas en Andalucía. Una de las provincias más afectadas por estos recortes ha sido Sevilla, que ha perdido en este último año 163 aulas de sus centros públicos; le sigue Cádiz con una pérdida de 120 aulas y Málaga con 88.

Las supresiones, publicadas en el BOJA, pertenecen a los niveles educativos de educación infantil y educación primaria; los datos en torno al cierre de líneas en educación secundaria no son publicados por la Junta de Andalucía. Según el sindicato educativo, con respecto a 2023 las supresiones han aumentado un 45,27%. “El número de supresiones prácticamente iguala la suma total de las registradas en los tres cursos anteriores”, puntualizan desde USTEA.

“La comida es escasa para los niños, la gran mayoría se basa en purés fríos y con grumos, pescado con raspas o fruta en mal estado” son algunas de las quejas recogidas por el buzón anónimo Comedores dignos.

En las aulas que aún quedan, como denuncia el colectivo Escuela de Calor, los alumnos se enfrentan al frío en invierno y al calor extremo en verano sin los recursos necesarios para poder garantizarles las condiciones óptimas para enfrentar los extremos en las temperaturas debido a que el presidente de la Junta “lleva cinco años sin cumplir con la Ley de Bioclimatización en los Centros Educativos”.

Comedores dignos

“Mis hijos salen esmallados, aún habiendo comido” o “La comida es escasa para los niños, la gran mayoría se basa en purés fríos y con grumos, pescado con raspas o fruta en mal estado” son algunas de las quejas recogidas por el buzón anónimo Comedores dignos, impulsado por Adelante Andalucía, que busca recabar información sobre el estado deficiente de los comedores escolares en el territorio.

“Se encontraron larvas de gusano el pasado mes de diciembre, y se compone de ultraprocesados”, se queja otra madre en el buzón. Jose Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, denuncia que los comedores escolares están gestionados por ”caterings de línea fría que llevan la comida uno o dos días en semana, la recalientan y provoca que los niños y niñas coman mal y poca cantidad".

Por si fuera poco la calidad deficiente de este servicio, la Junta de Andalucía ha aumentado su precio en los dos últimos cursos. En agosto de 2024, el BOJA publicaba una subida del 11% en el precio de los comedores, un incremento que se sumaba al de 2023 en el que el servicio aumentó un 4,2%. Es decir, actualmente lo que pagan las familias por tener alimentados a sus hijos dentro de los centros educativos es un 19,2% más caro que en 2022.

El maltrato de las PTIS a Fiscalía

Desde 2023, los inicios de curso andaluces comienzan con el déficit de personal técnico de integración social (PTIS) esencial para poder brindar el derecho a la educación al alumnado con necesidades específicas. 

La situación de las PTIS tiene como causa la subcontratación de este servicio público a entidades privadas, por lo que el colectivo de trabajadoras, además de denunciar la precariedad de sus empleos, exige la municipalización del servicio. Unas peticiones que llevan realizando durante años.

CGT Andalucía ha denunciado ante la fiscalía de Málaga la concesión de los contratos públicos a empresas privadas del servicio de apoyo y asistencia escolar al alumnado con necesidades especiales (PTIS) en la provincia. Una denuncia  contra la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). El sindicato considera que la agencia está cometiendo “un delito continuado de prevaricación por adjudicación arbitraria de contratos públicos”. Unas decisiones que afectan finalmente al bienestar de todo el alumnado.

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