Turismo
Huelga en la Costa del Sol: 180 trabajadoras exigen la permanencia de sus puestos de trabajo en un hotel

Al amanecer del pasado jueves 11 de julio la policía nacional irrumpía en las instalaciones del hotel de lujo Guadalpín Banús y clausuraba varias dependencias del complejo turístico: cocinas, baños comunes, comedores y decenas de habitaciones. La operación se realizaba frente a la mirada atónita de los huéspedes más trasnochadores que volvían al enclave y 180 trabajadoras que se manifestaban frente a la puerta de su puesto de trabajo. La diferencia se notaba en el gesto, los primeros con cara de sorpresa ante un pequeño, y extraño, contratiempo que pronto será anécdota, los segundos con la preocupación y la rabia adherida a la piel por la puesta en peligro del sustento de sus familias.

Se tratan de “unos profesionales que están siendo víctimas de guerras económicas y de poder entre poderosos”, como exponen desde el sindicato CGT, cuyos empleos están puestos en jaque por las disputas entre varias de las 40 empresas propietarias de las instalaciones y la empresa explotadora. El Gran Hotel Guadalpín Banús es uno de los símbolos de la cultura del ladrillazo en la Costa del Sol, que cambió el territorio a base de proyectos urbanísticos y corrupción, impulsada en los años 90 por Jesús Gil y continuada por figuras como Julián Muñoz.

La empresa está encantada con que las trabajadoras estén dando guerra por el hotel, pero es una malinterpretación, no defendemos a ninguna empresa solo los puestos de trabajo”, sostiene Miguel Montenegro Secretario General de CGT sindicato mayoritario en el hotel e impulsor de las protestas

El desalojo de las distintas estancias hoteleras se debe a la resolución de una demanda interpuesta a la empresa explotadora Grisoma Hotelera S.L. por dos de las 40 empresas que ostenta la propiedad del complejo: Caja Rural de Granada, una entidad bancaria con más de 68 millones de euros de beneficios durante 2023 y la empresa inmobiliaria Spv Spain Project 17 Sl vinculada al empresario de salones de juegos Luis María Gallardo Rodríguez. La sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Málaga exponen que las estancias desalojadas deben pasan “a ser entregadas” a ambas empresas eliminando el derecho de explotación a Grisoma. Las compañías demandantes se hicieron con parte del accionariado tras la caída en 2014 de la impulsora del hotel, la promotora Aifos, que a pesar de su desmoronamiento sigue debiendo a Hacienda 15 millones de euros.

En medio del conflicto empresarial, vigente desde hace varios años y que ya tuvo amenazas de desalojo en 2023, han quedado centenares de trabajadoras que llevan una semana de continuas movilizaciones para defender sus puestos de trabajo. “La empresa está encantada con que las trabajadoras estén dando guerra por el hotel, pero es una malinterpretación, no defendemos a ninguna empresa solo los puestos de trabajo”, sostiene Miguel Montenegro Secretario General de CGT sindicato mayoritario en el hotel e impulsor de las protestas.

Las trabajadoras del resort han exigido durante estos días a la Junta que reabran el Hotel siguiendo la Ley de Turismo y ordenen la reapertura de las zonas clausuradas. Desde el pasado jueves 11 la plantilla lleva movilizándose frente al establecimiento y en otras estancias para exigir que la Junta de Andalucía tome responsabilidades en torno al conflicto. El pasado sábado las trabajadoras se presentaron en la inauguración del exclusivo Chiringuito Laguna Village en Estepona donde se encontraban Juanma Moreno Bonilla y miembros de su gobierno. El pasado lunes 15 de julio, la Secretaria General de Turismo del gobierno andaluz se reunía con el comité de empresa de las trabajadoras del hotel que ha prometido que el hotel estará en pleno funcionamiento y se mantendrán los puestos de trabajo. “Tiene que pasar de las palabras a los hechos”, expone Montenegro. La representante de IU en Málaga, Toni Morillas, ha insistido en la responsabilidad de la Junta en esta situación: “no puede mirar hacia otro lado cuando les corresponde a ellos mantener una planta hotelera en funcionamiento y no troceada por intereses particulares“.

Sin embargo, la empresa tiene como objetivo realizar un ERTE que deje la continuación de centenares de trabajadoras en el limbo. “No es la solución”, sostienen las trabajadoras. Desde CGT sostienen que la solución pasa por la autogestión, ya que “el hotel funciona gracias a las personas trabajadoras que lo sostienen” y llama a la empresa explotadora “se haga a un lado”. Un modo de solventar que asumen, es el ideal, pero “complejo en una sociedad donde el capital prevalece sobre el trabajador”.

Las trabajadoras por ahora mantienen sus próximas movilizaciones para el próximo 22 de Julio en el Ayuntamiento de Marbella y el 29 de julio frente a la sede de Caja Rural de Granada.