Universidad
Suspenso a la nueva ley universitaria por la pérdida de poder del estudiantado

Veinte años después de la última reforma de la ley universitaria, el nuevo anteproyecto tan solo suscita críticas entre el alumnado. Los puntos fuertes de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que más afectarán al estudiantado, defienden, menoscaban su representatividad en los órganos de gobierno de los centros de estudio, permiten la entrada desmedida de la empresa privada en la institución académica y dejan de explicitarse algunos de sus derechos, como el de tutoría. Lo único positivo es la introducción de la perspectiva feminista en el anteproyecto de ley orgánica, aunque también critican que no será suficiente para crear un clima completo de igualdad al dejar de lado a las personas con necesidades especiales, racializadas y del colectivo LGTBI.

Si uno empieza a leer el documento que pronto pasará a debatirse en el Congreso de los Diputados, se encontrará con una exposición de motivos para enmarcar. Lucha contra la desigualdad, mayor democratización de la Universidad y aumento de la calidad docente son algunas ideas que abren el texto. Unas ideas que se quedan en deseos, según denuncia el estudiantado, si se analiza el desarrollo de la Ley. Varios estudiantes de distintas universidades del Estado esgrimen sus críticas respecto al articulado de la norma.

Un rector cuasi omnipotente

El rector, la máxima figura en una universidad, pasa a tener un mandato de cuatro a seis años improrrogables. ¿Qué supone esto? “Muchos estudiantes terminarán su vida académica sin haber podido elegirlo”, responde Marc Artigas, representante estudiantil de la Universidad de Barcelona (UB). Este mismo estudiante de Derecho y ADE, en quinto año, denuncia que la LOSU, además, abre la puerta a que el rector sea elegido mediante un “órgano específico” en el que se prevé una participación del estudiantado del 10%, cuando anteriormente ésta se situaba en el 30%. 

La LOSU abre la puerta a que el rector sea elegido mediante un “órgano específico” en el que se prevé una participación del estudiantado del 10%, cuando anteriormente ésta se situaba en el 30%

“En ese órgano específico también añaden una parte opaca que tendrá derecho de elección al rector y cuya ponderación se sitúa en el 30%. O sea, que personas externas a la Universidad tendrán el triple poder de decisión que el estudiantado”, completa Andrés Fernández, coordinador de la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Valencia (UV). Asimismo, “al igual que sucedía en las facultades franquistas”, en términos de este estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, el rector tendrá la potestad de designar de forma directa a los decanos de entre tres candidatos propuestos por el Consejo de Facultad: “Aquí los estudiantes, una vez más, no tendremos nada que decir. El rector elegirá al decano que más se ajuste a su perfil, cuando hasta ahora los decanatos tenían un poder de oposición muy importante frente al rectorado”, agrega el estudiante de 22 años.

Se trata de algo que a Fernández le llama la atención, pues todos los equipos de gobierno serán elegidos directamente por el rector, al igual que sucederá con más de la mitad de aquellas personas que compongan el Consejo de Gobierno y el claustro. “Es llamativo porque esto ni siquiera lo han pedido los rectores. De hecho, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) no ha hecho ni una sola declaración pública analizando el anteproyecto de Ley”, afirma.

El Consejo Social de la universidad sin la universidad

Hasta el momento, una pequeña parte de la representatividad del Consejo Social de cada universidad estaba reservada para el alumnado. Ahora ya no. La democratización de los centros de estudio y la potencialización de la actividad estudiantil en los mismos parece que pasa por eliminar su figura dentro de este Consejo. “En la UB, hasta el momento, había personas que procedían de la universidad y otras que pertenecían a instituciones políticas, como la Generalitat o el Ayuntamiento, pero también empresas privadas, como La Caixa. Con la nueva ley, aumentan el número de personas del Consejo y establecen que ninguna de ellas puede tener relación con la universidad o entrarían en conflicto”, explica el estudiante barcelonés de 22 años.

La democratización de los centros de estudio y la potencialización de la actividad estudiantil en los mismos parece que pasa por eliminar su figura dentro de este Consejo

Fernández, por su parte, recuerda que las personas que conforman el Consejo Social son asalariados que ellos mismos deciden su propio sueldo: “Nos encontramos con un Consejo Social en el que desaparece la comunidad universitaria y con importantes funciones, como aprobar o no los presupuestos y opinar sobre cualquier actividad económica”, determina el valenciano. 

La Universidad como escaparate

Las empresas privadas también verán suculenta la nueva norma. La LOSU establece el patrocinio en los centros de estudios, “lo que se materializará en que la universidad se convierta en una valla publicitaria”, critica Fernández en referencia su artículo 43. Otra figura peligrosa, tal y como la analizan desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), es el mecenazgo, que se aborda en el artículo 42: “Aquí sí que hablan de contraprestación, una especie de chantaje que se podrá ver en la composición de los planes de estudios, en las prácticas formativas en determinadas empresas que antes han puesto dinero en la universidad y, sobre todo, en los títulos propios”, comenta el estudiante de la UV.

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En este sentido, el estudiante de Derecho y ADE afirma que hay muchos conceptos jurídicos indeterminados. “En la parte del mecenazgo dicen que, a cambio de la participación económica en la universidad, las empresas podrán realizar actividades con finalidad propia sin definir qué es exactamente este último concepto, lo que se debería regular para mantener la autonomía universitaria”, propone.

El estudiantado, con mucho que decir y sin poder decirlo

Los buenos deseos esgrimidos en la exposición de motivos de la nueva norma chocan frontalmente con las necesidades de representación estudiantil. Además de eliminar su capacidad de decisión en cuanto a la elección del rector y, por ende, del decano, Artigas subraya que también se reducirá el tamaño del claustro con fatales consecuencias para el estudiantado. Así lo explica: “Ahora, el claustro se compone de un máximo de 300 personas. De ahí, 90 son representantes estudiantiles en proporción al alumnado de cada Facultad o Escuela. La nueva ley dice que el claustro pasa a ser de 100 personas como máximo, así que aunque se vea mermada nuestra representatividad en el mismo porcentaje que las demás, lo que sucederá es que habrá facultades que incluso se queden sin representación”. Una peculiar forma de entender la participación democrática por parte del alumnado que también se traslada al Consejo de Gobierno de cada centro: “Actualmente, en él, hay cinco plazas para estudiantes, y se vería reducida a tan solo una”, ejemplifica teniendo como referencia el caso de la UB.

“Por mucho que digan, la universidad no existe sin los estudiantes. Tendrán sus facultades y centros de investigación, pero que nos quieran quitar de esta forma el poder de decisión nos parece cuanto menos penoso”

Paula Gil, representante estudiantil de la Universidad de Vigo que cursa Ingeniería Biomédica lo tiene claro: “Por mucho que digan, la universidad no existe sin los estudiantes. Tendrán sus facultades y centros de investigación, pero que nos quieran quitar de esta forma el poder de decisión nos parece cuanto menos penoso”. 

Una igualdad incompleta

Esta gallega de 21 años tampoco se olvida de una de sus grandes demandas: que la Ley contemple la salud mental del estudiantado. “Nuestra universidad es de las pocas que tienen un gabinete psicopedagógico en el que durante la pandemia han experimentado un repunte muy grande de casos. Queremos que esto se normalice en aquellos centros que aún no cuenten con este apoyo, y que lo recoja como algo obligatorio la propia norma”, aduce la universitaria.

Ella misma reconoce que la LOSU sí tiene grandes avances en lo que a perspectiva de género se refiere, pero se queda extremadamente corta si se trata de otro tipo de discriminaciones. “El texto refleja la igualdad de condiciones una y otra vez, pero al mismo tiempo eliminan el cupo de plazas reservadas para aquellos estudiantes con necesidades especiales, aunque sí las mencionan para el profesorado”, critica Gil. Tal y como ella dice, “en ningún momento será correcto hablar de igualdad atendiendo a la diferencia entre hombres y mujeres, porque la igualdad no es solo de género, sino también por cuestiones de raza o por pertenecer al colectivo LGTBI”. “Para nosotros es primordial que en todas las universidades exista una normativa para que las personas transgénero puedan cambiarse su nombre sin ningún problema, aunque solo fuera en el ámbito educativo, como ya se hace en la de Vigo”, concretiza.

Aquí, lo que no se dice sí existe

A todo ello se suma lo que la normativa no recoge, al mismo nivel de importancia que aquello que sí explicita. “Dejan en el aire derechos del estudiantado como la tutoría, la asociación y la actividad deportiva. Si ya habiendo normativas internas de las universidades nos encontramos con problemas para llevar a cabo las tutorías, ahora como para que no se recoja en la ley”, comenta Gil. Ella misma también echa de menos un artículo en la LOSU que aborde las prácticas universitarias: “Nos merecemos que sean de calidad. Es nuestro primer acercamiento a la vida laboral que nos espera, y necesitamos que se recoja la obligatoriedad de una atención específica por parte del profesorado”, reclama la estudiante de la Universidad de Vigo.

“Es una Ley Orgánica que necesita de un consenso muy amplio, al igual que para su modificación, así que esperamos que Castells escuche nuestras propuestas”

“Hemos tenido 20 años para prepararnos, así que no merece la pena hacer esta ley rápido y corriendo. Es una Ley Orgánica que necesita de un consenso muy amplio, al igual que para su modificación, así que esperamos que Castells escuche nuestras propuestas”, reflexiona Artigas, el estudiante de la UB. Y concluye: “He visto una ley con un tono muy arcaico, conservador, también a lo que a gobernanza se refiere. Sorprende que esto venga de un ministerio propuesto por Unidas Podemos, porque como se apruebe con esta redacción los estudiantes veremos mermado el poder que sí nos otorgaban leyes anteriores”.