Urbanismo
El Ayuntamiento de Madrid indigna a miles de familias afectadas por el Plan 18000

Desde la formación del nuevo gobierno de Almeida, tras las elecciones de mayo, la Asociación Plataforma de Afectados por el Suelo del Plan 18000, que ya cuenta con más de 3.300 asociadas, ha mantenido durante este tiempo tres reuniones con el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. La última fue el pasado 12 de diciembre con el objetivo de “consensuar determinados puntos del nuevo pliego para la compra de nuestras viviendas”, contó Ángeles Toribio, presidenta de la Asociación y vecina de San Blas-Canillejas.

En el encuentro, Carabante trasladó la intención del Ayuntamiento de publicar el nuevo pliego para enero de 2024, donde los precios a aplicar serían los máximos vigentes en el momento de la formalización de la solicitud de compra. Una decisión que ha preocupado “enormemente” a las familias afectadas “teniendo en cuenta que el consejero de Vivienda ha anunciado una subida del 30% más incrementos anuales al IPC de los precios de la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid”, denunció la Asociación. 

“Siempre han puesto por delante el agravio para echarnos para atrás las soluciones que les proponíamos y ahora resulta que no les importa”, afirma Ángeles Toribio, presidenta de la Asociación y vecina de San Blas-Canillejas

Otro de los desencuentros que tensionó la reunión entre el Ayuntamiento y representantes de las familias afectadas fue una de las condiciones del pliego previsto que “tienen intención de añadir” y que consideran “excesiva y un agravio”, se trata de una cláusula que les impediría vender sus viviendas a precio libre en 15 años. Toribio denunció que desde el Ayuntamiento “siempre han puesto por delante el agravio para echarnos para atrás las soluciones que les proponíamos y ahora resulta que no les importa”. 

Para Esther Colás las nuevas condiciones también son un perjuicio para sus padres de 80 y 83 años, que tienen la intención de vender su casa en el distrito de Hortaleza, “para poder comprar una cerca de la mía y sin escaleras, mi madre apenas puede subir ni bajar. No pretenden especular con su piso y no pueden esperar 15 años a venderlo”.

Desde la Asociación rechazan algunas de las condiciones del pliego previsto y reivindican que los precios del suelo de sus viviendas sean como los de 2008. Toribio, que estuvo presente en la reunión con Carabante, consideró que “hay buena intención y el hecho de tener un pliego para nosotros es un éxito, pero todavía consideramos algunos puntos insuficientes”. 

Las nuevas condiciones provocarían el “desalojo de miles de familias” que no tendrían la posibilidad de comprar sus viviendas, por lo que desde la Asociación no descartan “la vía judicial”

Las nuevas condiciones provocarían el “desalojo de miles de familias” que no tendrían la posibilidad de comprar sus viviendas, por lo que desde la Asociación no descartan “la vía judicial”, como ocurrió el 14 de abril de 2023, cuando presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el último pliego y que consiguió que a los seis días el Ayuntamiento lo anulara.

Por estos motivos decidieron convocar una concentración este domingo en la Plaza de la Villa para “reclamar un pliego justo, a los precios protegidos actuales y sin condiciones que supongan un agravio comparativo con vecinos que sí pudieron comprar en años anteriores”.

El Plan 18.000

A finales de los años ochenta se puso en marcha en una decena de distritos de la capital madrileña el Plan 18.000, que consistió en la construcción de viviendas sociales en régimen cooperativo en diferentes modalidades, según el nivel de ingresos. Este plan urbanístico se basa en dos fechas fundamentales desde su inicio. A los 75 años termina la cesión del suelo para pasar a manos del Ayuntamiento, salvo que este sea comprado. A su vez, a la hora de pagar por el suelo es necesario tener en cuenta que a los 30 años estas casas son descalificadas y por tanto terminan valorándose a precio de libre mercado. 

Con estas características el suelo de algunas viviendas de 20.000 o 30.000 euros podía llegar a costar en el peor de los casos hasta 220.000 euros, según el pliego aprobado en enero de 2023 que multiplicaba por cinco el precio y que finalmente fue retirado in extremis, justo antes del inicio de la campaña electoral de las municipales y tras un recurso presentado por las familias afectadas.

Según la Asociación, una gran parte de las cerca de 10.000 personas perjudicadas por el Plan 18.000 son jubiladas que han terminado de pagar su hipoteca recientemente y con pocas esperanzas de que les concedan otra. Por otro lado, también hay un gran número de afectadas que acaban de comprar su primera vivienda y no pueden añadir “otra carga a su actual hipoteca”. 

“Mi vivienda se descalifica en diciembre de 2024, si no soy capaz de comprar el suelo antes, me quedaría sin ella y va a ser complicado que me den un préstamo" cuenta Emilia Gómez, vecina de Moratalaz

Emilia Gómez de 58 años, vecina de Moratalaz, entró en el Plan 18.000 en segunda promoción en el año 2000, y denunció que “ni siquiera el notario” le avisó de que la cesión del suelo vencería a los 75 años. “Mi vivienda se descalifica en diciembre de 2024, si no soy capaz de comprar el suelo antes, me quedaría sin ella y va a ser complicado que me den un préstamo. Yo no tengo hijos ni estoy casada, si en algún momento necesitara hipotecar mi casa para pagarme una residencia no sé en qué situación me quedaría”, señaló Gómez.

Un vecino de Carabanchel, que no quiere revelar su nombre, contó que tras el fallecimiento de su hermano, que no estaba casado ni tenía hijos, su piso fue heredado por los padres de más de 80 años, “mi hermano lo terminó de pagar hace pocos años, por eso no pudo comprar el suelo antes”. Aureliana también es una mujer mayor, jubilada y viuda, que compró la casa junto a su marido hace 30 años con sus ahorros, “ahora nos encontramos en la situación de cómo afrontar el pago de lo que es suyo”, contó Esther, su hija.

En 1994, Pilar López era una mujer obrera y madre soltera que se metió en la cooperativa de Moratalaz para entrar en el Plan 18.000. Ahora está jubilada y cobra una pensión de 700 euros. Su piso también se descalifica el año que viene. “Pensaba que me iba a quedar sin casa cuando salió el nuevo pliego a principios de este año. A mi edad no puedo meterme en un préstamo. Estuve muchas noches sin dormir y hablando con vecinos que estaban en la misma situación que yo o peor. Espero que Borja Carabante haga las cosas mejor aunque no te puedes fiar de los políticos, porque siempre nos tienen que apretar a los que no podemos”.