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La incierta ecología del gobierno Sánchez

En el marco de una moción de censura que nadie preveía y una situación política enormemente volátil, Pedro Sánchez ha aterrizado en La Moncloa. Probablemente, ni él ni su partido hubieran pensado que esto era posible apenas diez días antes, pero aquello de romper el bipartidismo – que la nueva política agitaba como la bandera de la revolución – ha acabado llevándonos a este escenario, en el que el bipartidismo no acaba de romperse y los mejores jugadores en mitad de la tormenta parecen ser precisamente aquellos a quienes se despreciaba. Sánchez ha montado un gabinete de urgencia que parece cumplir con todo lo necesario para alargar su supervivencia en Moncloa y volver a presentarse como una alternativa de estado, con concesiones al centro derecha, a la derecha y a la ortodoxia europea. Para los demás, guiños, gestos, y anuncio de guerras culturales: la política de la posmodernidad que, como decía Eagleton, tiene alergia a la materialidad de la vida.

En este contexto, el nombramiento de Teresa Ribera parece ser una de las apuestas más audaces, tal vez el único espacio en el que Sánchez para dispuesto a sacar los pies del tiesto, y no con poco revuelo. En primer lugar, ha sorprendido porque más allá de recuperar el desaparecido – y siempre irrelevante – ministerio de Medio Ambiente, ha incluido la competencia de energía, una vieja reivindicación del ecologismo; y en segundo lugar, porque ha adelantado un puñado de decisiones drásticas y muy necesarias en materia ambiental. Aparentemente, volvemos al modelo Zapatero: reconversión energética, eliminación del carbón como fuente de energía eléctrica, renovables y otras operaciones para “verdear” la economía, esta vez con el desmantelamiento de las nucleares como medida estrella. Ciertamente, no parece poca cosa.

Sin embargo, hay varios aspectos que analizar para entrar más en detalle. El más inminente, el económico. ¿Cuál es el nivel de gasto que se va a dedicar en lo que queda de legislatura? Pese a las ideas y vueltas del teatrillo parlamentario, lo que parece evidente es que no habrá un incremento del techo de gasto. Hagamos un poco de memoria: los gobiernos de Zapatero invertían miles de millones de euros anuales para lanzar el mercado de las renovables. Se nos dirá que precisamente por eso, la inversión ya no será alta, puesto que en ese periodo se instaló una potencia suficiente como para cubrir con renovables el vacío que dejen la nuclear y el carbón. El asunto, sin embargo, no es tan evidente. Aunque es cierto que parte de las inversiones del periodo de Zapatero ya no serán necesarias, los siete años de gobierno Rajoy han dejado al sector tocado y no es factible una transformación que catapulte las renovables sin invertir cantidades importantes, a lo que se añade una cuestión: ni el periodo Zapatero, con su reconversión energética a bombo y platillo, obtuvo beneficios reales para las clases populares. De aquello polvos, estos lodos: la pobreza energética se disparó y hoy es un fenómeno que acompaña y hasta anuncia una de las lacras sociales más prototípicas de la España de después de la crisis, los desahucios.

Esto tiene un aterrizaje muy concreto en las energías nucleares. Si las grandes eléctricas pueden aceptar su cierre es a costa de que haya inversiones públicas en otros ámbitos en los que compensar la ganancia que les daban las nucleares. Endesa, por poner un ejemplo, obtuvo un beneficio neto de 1.411 millones de euros en 2016, similar, por ejemplo, al de Fenosa (según informe Energía 2017, del Foro de la Industria Nuclear Española, la patronal del sector). Por supuesto, si el nuevo gobierno está en la vía de poner coto al beneficio de las grandes eléctricas, hará una gran servicio tanto al conjunto de la población como a nuestro escenario ecológico. Pero tendremos que reconocer que es algo que los gobiernos socialdemocrátas no han hecho hasta ahora, ni siquiera cuando disponían de una relación de fuerzas mucho más favorables que la actual.

A esto se añaden los enormes costes de desmantelamiento de cada reactor. Fuentes cercanas al gobierno dejan caer que serán las eléctricas quienes paguen, pero eso, siendo justo, sólo repercute el coste al sector privado, no lo hace desaparecer. Volvemos a insistir en que sería imprescindible poner coto al negocio de las eléctricas pero hagamos el análisis desde la perspectiva macro: si el sector energético privado empieza a pinchar, ¿qué efecto tendría eso en el PIB? ¿Estaría el gobierno Sánchez dispuesto a asumirlo?

La respuesta a todo esto no pasa por Teresa Ribera, flamante ministra de Transición Ecológica. Pasa más bien por Nadia Calviño, aún más flamante ministra de Economía. Se ha dicho y se ha repetido en estos días: es la garantía de que Sánchez no va a improvisar con el escenario económico. Ante una Unión Europea que tiene a punto el rodillo neoliberal, el nombramiento de Calviño no es una cuestión de competencia técnica, sino una forma de simbolizar la sumisión de Sánchez a la ortodoxia ordo-liberal. Y es que el “imposible capitalismo verde” (Tanuro dixit) no sólo es imposible por su dinámica expansiva que imposibilita cualquier encaje ecológico, es que además exige una enorme inversión. No obstante, si alguien aún cree que la voluntad política de transformación social puede imponerse a las normas del capitalismo que encabeza la Comisión Europea (alguien tal vez que no sepa qué cosa es Grecia), entonces tendremos que recordar un hecho que han circulado abundantemente en redes estos días: Ribero, como Secretaria de Estado, ya fue responsable de dar el visto bueno al informe de impacto ambiental a las exploraciones gasísticas en Doñana y al Proyecto Castor. Entre capital y medio ambiente, la banca gana.

Ni el medio ambiente ni las clases populares tienen nada que esperar, porque la lógica del capital es la razón última de unos gobiernos neoliberales que piensan en gestos pero funcionan como agentes de las grandes inversiones. En este escenario, la alternativa es la movilización: agarremos las promesas y hagámoslas buenas mediante la presión popular, uniendo a esto una batería de propuestas ecosociales que no se queden en marketing verde sino en proyectos de transformación ecológica para las mayorías: nacionalización progresiva del sector energético, repoblación rural, urbanismo de cercanía e inversiones socialmente decididas para una transición.