Violencia machista
Miles de mujeres se movilizan contra la violencia machista: así te hemos contado este 25N

“Hacer sensacionalismo de las agresiones sexuales es violencia. Revictimizar es violencia. Llamarnos desde algunos medios para arrinconarnos y que hablemos de penas, cuando nunca ha sido el foco de nuestras demandas, es violencia”. Marta Carramiñano, integrante de la Comisión 8M de Madrid, denuncia el ruido mediático de las últimas semanas en este artículo en El Salto Madrid.

Nora Miralles y Susanna Ligero, de la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, denuncian los mecanismos que arman el terror sexual en este artículo de El Salto País Valenciá.

En el Salto Andalucía, Acción en Red denuncia la dificultad para garantizar una educación sexual de calidad en este artículo de Belén González Paredes.

La Asamblea Feminista de Valencia realizó en la noche del 24 de noviembre una performance en un barrio de ocio donde se han venido desarrollando situaciones de violencia hacia mujeres y personas LGTBI. En el suelo de la plaza del Cedro —epicentro de este barrio de bares y pubs— las activistas dibujaron la silueta de una llama y fueron poniendo velas y escribiendo con tizas situaciones de violencia que habían vivido.

Medio centenar de mujeres protagonizaron en la noche del 24 de noviembre una marcha del Parlamento de Andalucía a la Alameda, en Sevilla. APDH, una de la organizaciones convocantes, denuncia que no se está impartiendo educación sexual en los ciclos formativos así como los recortes presupuestarios en políticas de igualdad mientras se destinan casi 600.000 euros de la Consejería de Igualdad a financiar un teléfono de información disuasiorio del aborto.

Fotografía: APDH

Mujeres de la Plataforma Feminista de Carabanchel se han concentrado esta mañana a mediodía en la Plaza de Oporto, en una de las más de veinte convocatorias de la Plataforma de Barrios y Pueblos surgida en torno a la Comisión 8M de Madrid.

A ritmo de tambor se ha recibido a las manifestantes que se han reunido hoy en el Jardí Berta Cáceres: velada contrahegemónica por la eliminación de la violencia contra las mujeres. En ella, más de medio centenar de activistas han leído manifiestos y han puesto en valor historias de mujeres valientes que fueron asesinadas. Se trata de una de las múltiples acciones han resonado por toda Valencia en contra de la violencia machista. 

Con cada intervención, se ha encendido una vela en honor al feminismo y se ha recordado a Berta Cáceres, la feminista que da nombre al jardín donde la concentración ha ocurrido: “Vos tenés la bala. Yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse”. Lágrimas de fuerza e impotencia han hecho tangible la sororidad que, hoy se evidencia en palabras críticas. Palabras, que hablan sobre las distintas prácticas estructurales que sustentan la opresión a las mujeres. Entre ellas, la violencia que ejerce la Ley Mordaza, y la de Extranjería, sobre la putofobia, la violencia institucional y la represión policial, dentro de un discurso trans inclusivo. 

“Estamos hechas de memoria”, han asegurado varias feministas, haciendo referencia a las mujeres homenajeadas. Vivir sin miedo, la canción inspirada en las víctimas del feminicidio, ha servido para concluir la emotiva concentración: “Hoy a las mujeres nos quitan la calma. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”, han cantado las activistas. Tras finalizar, han empezado su marcha hacia la manifestación unitaria convocada a las 19.30h en el centro de Valencia. Informa Joanna Giménez i Garcia

La Comisión de Investigación sobre la evasión fiscal y el blanqueo de capitales ha votado un documento que, gracias a la alineación en los votos de los socialistas europeos (PSOE), populares europeos (PP) y liberales (Ciudadanos), ha dejado fuera puntos tan importantes como los nuevos criterios para considerar a Luxemburgo, Andorra o Gibraltar como paraísos fiscales. El informe final se deberá votar en el Parlamento Europeo (PE) en los próximos meses, pero las votaciones de hoy evitan que muchas de las medidas de lucha contra la evasión propuestas lleguen al PE.

El resultado de la investigación realizada por la Comisión sobre las infracciones y la mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el blanqueo de capitales, la evasión y la elusión fiscal, que toma nombre del escándalo de los Panama Papers, se presentó en forma de un informe y una serie de recomendaciones que plantean propuestas para abordar la cuestión de los paraísos fiscales, la evasión, la elusión fiscal y el lavado de dinero. A los textos presentados inicialmente, los diferentes grupos políticos europeos, han presentado más de 1.400 enmiendas y 100 acuerdos que han sido votados hoy. 

Los acuerdos y votaciones finales han dejado fuera muchas de las propuestas encaminadas a denunciar la poca e ineficiente regulación interna de la Unión Europea (UE) para luchar contra la elusión fiscal, la crítica a los tratados de doble imposición -que al final hacen que no se pague ni en un país ni en otro- o la crítica al movimiento no regulado de capitales en la UE.

Pero sin duda, una de las principales decepciones de la votación ha sido la eliminación de enmiendas encaminadas a la identificación de jurisdicciones no cooperativas fiscalmente, los paraísos fiscales. Las normas actuales dejan fuera a países que se encuentran en el mismo seno de Europa y que son considerados paraísos fiscales por gran parte del planeta. “El grupo socialista cede a las presiones de los lobbies y, arrastrado por el ALDE, se alinea con los populares para evitar que salgan enmiendas tan importantes como la identificación de paraísos fiscales dentro de la UE, Aquí tenemos a Luxemburgo, Liechtenstein, Gibraltar, Mónaco, Andorra, Las Islas Madeira, sin olvidarnos de los semiparaísos de Holanda o Irlanda”, ha declarado a este periódico el eurodiputado de Podemos e integrante de esta comisión, Miguel Urbán, a lo que ha añadido que: “El Parlamento Europeo tenía una oportunidad para mostrar su utilidad en la defensa de los derechos de los ciudadanos, sin embargo la tendencia del grupo Socialista a buscar acuerdos con los populares pueden dejarnos con un informe aguado que no aporte nada sustancial a los anteriores informes”. 

Las normas actuales dejan fuera a países que se encuentran en el mismo seno de Europa y que son considerados paraísos fiscales por gran parte del planeta

En cambio, el documento se centra en criticar a jurisdicciones fiscales de fuera de la UE, especialmente del tercer mundo, y a reclamar la autorregulación como solución a todos los problemas. Mientras bancos en territorios del corazón de Europa siguen funcionando con legislaciones que les permiten mantener el secreto bancario o negarse a intercambiar información fiscal referente a sus clientes, la UE sigue haciendo la vista gorda y apelando a la responsabilidad de los propios países para que combatan con sus propias legislaciones las prácticas de evasión y lavado de dinero. “Para nosotros la ‘responsabilidad de la autorregulación’ no basta, es necesario una regulación fuerte y dejar de culpar a terceros países, sobre todo dejar de poner la carga sobre países en desarrollo”, lamenta Urbán. 

Los Whistleblowers olvidados

Esta negativa llega solo dos días más tarde de que la periodista Daphne Caruana fuera asesinada mediante una bomba colocada en su coche. La periodista maltesa había sido una de las denunciantes que sacaron a la luz los Panama Papers, que salpicaron de lleno a varios ministros y a la misma esposa del Primer ministro Joseph Muscat. La votación de hoy ha empezado con un minuto de silencio para recordar a la periodista, pero el documento final no contemplará ninguna medida de protección a personas como ella.

La Comisión Europea (CE) votará en las próximas semanas un informe realizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, para elaborar una nueva directiva para proteger a los filtradores. Casos como el filtrador de los Luxleaks o del informático del HSBC que filtró documentos sobre los clientes del banco en Suiza, Herve Falciani, siguen esperando que la legislación europea les proteja de ir a la cárcel y de amenazas como las que sufría Caruana antes de ser asesinada. El informe resultado de la Comisión PANA y los bloqueos de socialistas y populares, deja en manos de la CE el futuro de los Whistleblowers.

La zona de Passeig de Gràcia se ha ido llenando cuando faltaban pocos minutos para que empezara la marcha contra las violencias machistas. Las activistas, de toda las edades, se ponen en marcha al grito de “no estás sola” y “visca visca visca la lluita feminista” mientras denuncian el hermanamiento de Barcelona con el estado se Israel. Informa Bárbara Boyero

El Passeig de Gràcia se encuentra a rebosar en un ambiente muy animado a su paso por La Milla de Oro de Barcelona. Se escuchan gritos de “cap agresió sense resposta”, “Ni víctimas ni pasivas”, “mujeres combativas y “las vidas trans también importan”. Una activista de Regularización Ya hace un llamamiento a denunciar las expulsiones racistas y a firmar la ILP Regularización Ya. Desde el camión que ve en la cabecera se denuncia a la violencia vicaria y la persecución a las madres protectoras, así como la utilización del falso síndrome de alienación parental contra las mujeres. Informa Bárbara Boyero

En España se consumen anualmente 144 bolsas de plástico por persona: 6.800 millones. A nivel europeo la cifra asciende a 177 por habitante, más de 100.000 millones puestas en circulación por la industria, según los datos que maneja la Comisión Europea. El tiempo medio de utilización de cada una de ellas es de 15 minutos. 8.000 millones acaban en el medio natural cada año y, según Greenpeace, solo se recicla un 7%. Esta inmensa cantidad de residuo plástico tarda en descomponerse entre 50 años y cuatro siglos.

El informe Plastics - The facts 2016 de Plastics Europe, la asociación que engloba a las empresas del sector, muestra un incesante incremento global de la producción de estos materiales. De 230 millones de toneladas en 2005 se fabricaron 322 en 2016, 58 de ellas en Europa. Esta patronal afirma que, en 2014, solo se recicló el 29,7% de la producción, una cifra que las ONG ambientales ponen en duda.

Lo que nadie pone en cuestión es que entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico, en su mayoría productos de usar y tirar, llegan a los océanos cada año. En el caso del Mediterráneo, el 96% de las muestras de basura recopiladas son de este material. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2050 habrá más plástico que peces en los mares y el 99% de las aves marinas habrán tenido este material en su aparato digestivo. El mar de plástico es una realidad, no solo en Almería.

Costa Rica marca el rumbo

Ante la magnitud del problema, hay países que han decidido tomar cartas en el asunto, una vieja demanda de los ecologistas que no obtiene el apoyo institucional que quisieran. El más adelantado es Costa Rica, que quiere ser la primera nación del mundo en eliminar los plásticos de un solo uso declarándose “zona libre de plásticos”.

No hablamos solo de bolsas. Pajitas, bastoncillos para los oídos, botellas de agua, tenedores, cuchillos, removedores de café, cucharas, platos y vasos están en la lista negra. Y el gobierno costarricense quiere tener hacerlo en un tiempo récord: el año 2021. Para ello ya ha puesto en marcha una estrategia nacional para la sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables marinas –deben degradarse en menos de seis meses en el medio marino–, con un enfoque multidisciplinar y con múltiples actores implicados, de empresas a gobiernos locales.

Pero para encontrar otros ejemplos de estrategia para atajar el problema no hay que irse tan lejos. De hecho, como explica Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, “estamos rodeados de países que han sido más valientes”. Francia aprobó en septiembre de 2016 el veto a platos, vasos, tazas y cubiertos de plástico para 2020, productos que tendrán que estar fabricados en un 50% de material biodegradable, cifra que aumenta al 60% en 2025. A ello hay que sumar la prohibición que realizó meses antes de la distribución de bolsas de plástico gratuitas en los supermercados.

También Marruecos decidió actuar el año pasado, prohibiendo la comercialización, exportación, importación y producción de bolsas de plástico, un problema que en África tiene especial relevancia y que ha hecho actuar a otros países como Kenia, Ruanda, Senegal o Sudáfrica.

aquí a la cola

¿Y en España? El Gobierno presentó el mes pasado un proyecto de Real Decreto que pretende prohibir la distribución gratuita de bolsas de plástico convencionales en tiendas y supermercados para 2020, fecha desde la cual solo se podrán distribuir reutilizables y compostables mediante procesos industriales. Impone además un precio mínimo para las de un espesor igual o superior a 50 micras –desde el 1 de marzo de 2018–, aunque deja fuera de cargo a las de uno menor a 5 micras, habituales en pescaderías y fruterías de supermercados, que deberán ser compostables.

Se trata del segundo borrador que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente presenta tras el que planteó a principios de verano, al que organizaciones ecologistas alegaron en su contra por considerarlo “insuficiente” y por “no cumplir la directiva del 2015 sobre bolsas de plástico que exige un porcentaje de reducción”, tal como expone Arribas. En concreto, la Directiva 2015/720 exige una disminución de 190 a 90 unidades de un solo uso por persona al año en 2019, una disminución de en torno al 50% respecto a los niveles de 2010, que debe aumentar al 80% en 2025.

Por el momento, en el Estado español solo se va a atacar a las bolsas de plástico ligeras, sin una prohibición real

Sin embargo, el nuevo borrador tampoco convence a los ecologistas. “Se habla de sustitución, pero lo que nosotros pedimos es la prohibición, no queremos que la problemática se traslade a otros materiales como los biodegradables o el papel”, expone Diana Osuna, responsable de Residuos de Amigos de la Tierra en Madrid, quien plantea que lo que hay que conseguir es “un cambio de hábitos, reducir la necesidad de consumir este tipo de productos e insistir en el reciclaje y la reutilización”.

También para Ecologistas en Acción el proyecto de real decreto es poco ambicioso. “Las bolsas compostables no son biodegradables en el medio natural, son compostables en plantas de tratamiento industrial, con lo que nos vamos a encontrar con los mismos problemas que tenemos ahora con las bolsas abandonadas en el medio”, denuncia Arribas.

Para este experto, “cobrar a estas alturas, cuando ya todo el mundo lo está haciendo, no es muy exigente”, e indica que lo efectivo sería “adoptar medidas de prohibición”.

Al futuro real decreto, hay que sumar el Programa Estatal de Prevención de Residuos, en el que una de las líneas de trabajo es disminuir los productos de un solo uso, aunque, tal como apunta Osuna, “no ha tenido medidas muy efectivas para llegar a ello”. También existen planes de prevención de residuos de comunidades autónomas y entidades locales, como es el caso del Consell Insular de Formentera, que prohibió en 2013 la distribución de bolsas de plástico en los comercios de la isla.

El SDDR no llega

Una medida que va directamente a una de las vías de solución, el incremento de la reciclabilidad de los envases, no acaba de arrancar en la primera comunidad autónoma que lo ha proyectado en serio: el País Valencià. El sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) que planteó la Generalitat a finales de 2016, cuyo proyecto de ley lleva preparado meses, está paralizado. Se trata de un sistema adoptado en más de 40 países y regiones del mundo que aumenta de forma importante la tasa de reciclabilidad. La última nación en adoptarlo ha sido Escocia, cuya primera ministra, Nicola Sturgeon, anunció el mes pasado su implementación.

La iniciativa, por la cual el ciudadano paga un canon por cada envase de un solo uso que luego se le retorna cuando lo devuelve al establecimiento, es defendida al unísono por todos los grupos ecologistas. Pero tiene un enemigo claro y poderoso en España: el lobby de la gestión de envases de plástico, latas y bricks, personificado en la entidad que tiene su monopolio, Ecoembes.

"En Valencia el proyecto está en stand by porque el PSOE no quiere llevarlo a cabo”, explica Arribas. “La consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrían, está haciendo caso a Ximo Puig y al Partido Socialista, aunque esa consellera fue elegida por Compromís. Había un compromiso de presentar el proyecto de ley este año que ya se ha incumplido, porque no se va a presentar, y no sabemos si se presentará el año que viene, la última oportunidad para que sea en esta legislatura".

Otras comunidades están barajando introducir el SDDR. Es el caso de Baleares, Catalunya o Navarra. Esta última realizó una experiencia piloto en Cadaqués en 2013 con resultados muy positivos, multiplicando por cinco la recogida selectiva de envases ligeros. Pero hasta que nadie rompa la baraja el sistema no podrá expandirse, según plantea el responsable de residuos de Ecologistas: "Si una comunidad lo desarrolla es posible que el pressing que está haciendo Ecoembes para que ninguna comunidad lo adopte se rompa".

Mientras tanto, la acumulación de residuos y su abandono en el medio ambiente prosigue. Por el momento, en el Estado español solo se va a atacar a las bolsas de plástico ligeras, sin una prohibición real. "Es muy ridículo que utilicemos cosas de usar y tirar a estas alturas, porque estamos tirando recursos naturales a la basura, más toda la problemática que conlleva la gestión de residuos", plantea Diana Osuna. "Habría que insistir en la prohibición y no solo concentrar las medidas en el último eslabón de la cadena de producción de un residuo, como una bolsa de plástico de un solo uso".

Si se quiere atajar el problema, la ecologista expone que habría que "aplicar la responsabilidad ampliada del productor y que se penalice o que tenga mayor implicación aquel productor o distribuidor que genere un producto con más envoltorio o con un plástico de usar y tirar". Precisamente uno de los principios en los que insiste la directiva europea de 2015 que ha obligado al Gobierno español a tomar cartas en el asunto.

El colectivo Tamborililas Batuka Transfeminista de Compostela se prepara para la manifestación que comenzará a las 8:00 en la plaza 8 de Marzo. En otro punto, han aparecido pintadas que critican el lema de la campaña de la Xunta que, con el lema “No debería pasar, pero pasa”, responsabiliza a las mujeres de las agresiones machistas. Informa Sofía Caamaño

La ministra de Igualdad de suma a una de las convocatorias de los colectivos integrados en la Comisión 8M en la semana en la que la violencia política contra su persona ha conseguido una respuesta sólida de las izquierdas.

50.000 personas, según las organizadoras, han participado en la marcha contra las violencias machistas de Barcelona convocada por Novembre Feminista. La manifestación termina a esta hora con la lectura de un manifiesto que ha sido elaborado durante el Tribunal Popular Feminista que tuvo lugar el 12 de noviembre en Barcelona con el que las activistas visibilizaron la violencia vicaria y el acoso laboral. La marcha ha hecho especial hincapié en el apoyo a las madres proyectoras y en la denuncia de las leyes de Extranjería. Informa Bárbara Boyero

Cargas con pelotas de goma, patadas, porrazos… contra gente de todas las edades. Un informe detalla las cerca de 900 agresiones policiales sufridas durante el pasado 1 de octubre en toda la Catalunya y las vulneraciones de derechos sociales y políticos que han tenido lugar, en general, en relación al Procés catalán.

Desde la campaña #Somdefensores han trasladado el informe a Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges. También han pedido a los relatores especiales de la ONU que soliciten una visita oficial a las autoridades españolas y catalanas para abordar las agresiones contempladas en el informe.

El informe, titulado ‘Violación de derechos civiles y políticos’, ha sido elaborado por el abogado Jordi Palou-Loverdos en el marco de la campaña #Somdefensores, en la que participan de Iridia, Novact, el Institut de Drets Humans de Catalunya, lafede.cat y el Grup de Periodistes Ramón Barnils. El texto se centra en las posibles violaciones de derechos civiles y políticos a la población civil por parte de las autoridades e instituciones públicas durante el mes de septiembre y hasta el 7 de octubre, sobre todo en Catalunya, dando continuidad al informe previo presentado el 29 de septiembre en una cita en la que anunciaron la campaña de más de 70 observadores de derechos humanos que vigilaron el desarrollo de la jornada de referéndum. A lo ya retratado se añade ahora los cierres de colegios electorales del 1 uno de octubre y las cerca de 900 agresiones policiales sufridas este día.

Explica cómo, hasta las 9,30 horas los Mossos d'Esquadra habían clausurado 90 centros de votación. Durante la jornada, siguiendo la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra clausuraron hasta 160 centros de votación sin incidentes remarcables. Por su parte, la Guardia Civil y la Policía Nacional cerraron otros 90 centros de votación con uso desproporcionado de la fuerza, causando 893 heridos, cuatro de ellas hospitalizadas y dos en estado grave, según los partes médicos recogidos en los centros de salud. Para ello usaron porras extensibles, agresiones con manos y botas de seguridad, balas de goma y gases lacrimógenos –en el municipio de Aiguaviva–.

En el informe se detalla que la mayoría de partes médicos fue por agresiones sufridas en la ciudad de Barcelona (302). También que, a día de hoy, hay procedimientos judiciales abiertos sobre las agresiones policiales sufridas en 26 colegios electorales de Barcelona. Uno de ellos es el colegio Tomás Moro, donde El Salto fue testigo de cómo los vecinos pudieron esquivar a la Policía Nacional, que se llevó urnas y votos falsos.

Sin embargo, la dinámica habitual en los colegios fue la de la violencia, según detalla el informe. A la escuela Ramón Llull, la policía llegó a las 8,45h, abriéndose paso violentamente entre las decenas de personas que bloquearon la puerta pacíficamente con una sentada, según se ve en los vídeos de lafede.cat. Al salir del colegio con las urnas, la Policía Nacional disparó con balas de goma, causando varios heridos, uno ellos sufrió un impacto en un ojo y tuvo que ser intervenido de urgencia y un no se sabe si recuperará la vista.

En la escuela Mediterrània, la Policía Nacional cargó a las 9,10h, según fueron testigos algunas de las más 70 personas observadoras de derechos humanos que participaron en la vigilancia de la jornada en el marco de la campaña #Somdefensores. Fueron identificadas nueve víctimas, algunas de ellas con el labio roto, otra con heridas en la cabeza. Algunos afirmaron haber recibido golpes por parte de los agentes de policía con la culata de la escopeta. Diez minutos antes, en la escuela de adultos Freire, 20 agentes de policía entraron en el centro, dejando heridas al menos a tres personas. Una de ellas, de 75 años, recibió un golpe de porra que le dejó una brecha en la cabeza.

En el resto de Catalunya, se han abierto procesos judiciales por los hecho ocurridos en otras 34 escuelas, la mayoría de ellas en Lleida y Girona.

Informe DDHH_1OCT by El Salto on Scribd

“Irene, hermana, aquí está tu manada” o “esta ministra sí me representa” son algunos de los cánticos que se han podido escuchar en el grupo de mujeres con el que ha acudido Irene Montero, ministra de Igualdad, a la manifestación convocada en Vallecas con motivo del 25N. Informa Susana Albarrán

La plaza del 8 de marzo en Compostela se ha llenado de gritos de “Non debera pasar pero pasa por ter un goberno facha”. El malestar contra la reciente campaña de la Xunta de Galicia se percibe en la ciudad, que hoy a amanecido con pintadas aludiendo a la campaña. La manifestación ha transcurrido por una de las calles principales del centro de la ciudad con personas de todas las edades. Se han escuchado gritos contra la Ley de Extranjería y lemas transfeministas con un coro de aplausos de fondo. Informa Sofía Caamaño

La manifestación de Vallecas hace una parada frente a la Junta Municipal para guardar un minuto de silencio por la mujeres asesinadas por la violencia machista antes de seguir hasta Puentea de Vallecas. Informa Susana Albarrán

¿Qué es la deuda pública? Es el dinero que las Administraciones piden a los bancos para acometer los gastos de gestión. ¿Qué deuda pública tenemos en Navarra? En el periodo 2008-2015 UPN quintuplicó la deuda pública en Navarra, pasando de 660 a 3.300 millones de euros.

¿Cómo generó UPN esta deuda? La mayor parte se debe al despilfarro en proyectos megalómanos, de escasa rentabilidad económica y social, pero de grandes ganancias para los bancos y empresa privadas: Circuito de los Arcos, Pabellón Reino de Navarra Arena, Ciudad Agroalimentaria de Tudela, Psis de Aroztegia, venta de acciones de Iberdrola, contratos Swaps, desaparición de la CAN, etc, etc. 

¿Qué significa esto? Que cada habitante de esta comunidad debemos a los bancos 5.150€ por la herencia envenenada que nos ha dejado UPN. ¿Y me los van a quitar de mi cuenta? Pues no. Esos 5.150€ que pagas al Gobierno con tus impuestos para que se empleen en educación, sanidad y bienestar social… el Gobierno los emplea en pagar la deuda pública a los bancos. Así es como la ciudadanía paga esta deuda.

¿A qué bancos se debe esta millonada? Principalmente a: La Caixa (721 millones), BBVA (552 millones), Santander (389 millones), Banco Europeo (300 millones), Bankia (165 millones), Sabadell (125 millones) y Caja Rural (66 millones).

¿Cuándo y cómo se les paga? Anualmente se les va pagando intereses y en fechas concretas se les abona de golpe el dinero que UPN solicitó a estos bancos (amortizacion). El 17 de febrero de este año el Gobierno de Navarra pagó 293 millones de euros, y el año que viene en los meses de junio y octubre se pagarán 240.

¿A qué interés estamos pagando esta deuda? El interés de la deuda correspondiente a los 240 millones del año que viene es del 5,8%, mientras que el tipo de interés que el Banco Central Europeo pone a estos bancos es en estos momentos del 0%.  

¿Por qué el Gobierno de Navarra no pide directamente dinero al Banco Central Europeo? La CEE prohíbe a las Administraciones Públicas financiarse directamente a través del Banco Central Europeo. Son las consecuencias del "txiringito" capitalista que nos tienen montado en esta vieja Europa.

¿Qué es la deuda ilegitima? Es la deuda contraída, creada y utilizada en contra de los intereses de la ciudadanía.¿Cuál es el importe de deuda ilegitima Navarra que se va a amortizar en esta legislatura? El importe de deuda ilegitima calculada en Navarra es de 171 millones de euros.  

¿De dónde salen esos 171 millones? Del abuso de las entidades financieras a la hora de fijar los tipos de interés, de cláusulas abusivas a la hora de formalizar los contratos, y de préstamos realizados por los bancos para proyectos empresariales de nula rentabilidad social fracasados, que fueron devueltos en su integridad por el Gobierno de Navarra (avales fallidos).

¿Qué bancos nos deben esos 171 millones? Principalmente: La Caixa (42 millones), BBVA (38 millones), Sabadell (16 millones), Bankia (11 millones), Santander (9 millones), Caja Rural (2 millones).

¿Cómo se los podemos cobrar? El año que viene el Gobierno de Navarra tiene que pagarles 240 millones de euros. En ese momento tendría que descontar la cantidad que nos deben.

¿Lo va a hacer? En estos momentos el Gobierno de Navarra no considera factible el realizar ninguna acción tendente a recuperar esa deuda ilegitima usurpada. Es más, entiende que los estudios, acciones y reivindicaciones de este tema no se pueden considerar más que un “brindis al sol”.

¿Entonces, qué hacemos?

Toca que la ciudadanía navarra se informe y movilice de cara a presionar, tanto al Gobierno de Navarra como a los bancos, con el fin de iniciar un proceso que culmine con la devolución de esa deuda ilegítima, y su utilización en beneficio de toda la sociedad. Si todo el sistema financiero ha supuesto un trasvase de dinero público a manos privadas, los intereses abusivos y la deuda ilegítima son un robo en toda regla. Cuando estamos planteando reivindicaciones sociales en materia de vivienda, renta garantizada, sanidad, educación, cultura… tendríamos que preguntarnos cómo podríamos repartir y qué usos dar a esos 171 millones de euros. Seguro que podrían aliviar en mucho el mucho malestar social.

Desde hace ya muchos años (a grandes rasgos, unos treinta), una pesada batería de conceptos, imágenes, expresiones y vocablos se ha estado filtrando en el lenguaje popular cotidiano desde los lugares donde se fabrican las visiones del mundo destinadas a permear sobre el imaginario colectivo. Comprar un armario es una “inversión”. Gastar más dinero en un producto equivale a obtener “calidad”. Fuera del lugar de trabajo, facturas, tarifas, y hasta oscilaciones bursátiles de índices hipotecarios adquirieron importancia creciente en la vida diaria, así como los “gastos” y los “beneficios”, y en general las nociones de “interés” y de “deuda”, omnipresentes en los discursos públicos, pero también en los juegos de apuestas online o en las plataformas digitales de compra-venta de productos. En el ámbito laboral, todo el mundo se acostumbró a que se valorase su trabajo según los criterios de oferta y demanda, según los índices de productividad, el grado de competencia que puede soportar, la importancia capital del cliente con quien tiene que tratar, el grado de eficiencia que es capaz de alcanzar. Por mucho que diéramos por supuesto que vivimos en una democracia, se entiende, como idea del “sentido común”, que en el lugar de trabajo esa democracia no existe ni debe existir. Se hace lo que dice el jefe.

Porque de eso se trata. El capitalismo en su fase neoliberal, con sus características particularmente picantes en España, ha consistido en una colonización del inconsciente colectivo de larga duración, que ha constado, entre otras cosas, de una invasión lingüística, conceptual, imaginaria, que imprimiera en las mentes de la gente común el principio de valorización capitalista de los objetos y los deseos, la naturalización del aprecio por el beneficio económico en las mentes de todos y todas las que, medio siglo atrás, sostuvieron la cultura antagonista al capitalismo. ¿Para qué? No sólo para hacer lo que dice el jefe, sino para pensar y sentir como él. Para desear un coche lujoso con el que circular, solos, por carreteras lejanas; para desear maquillajes caros o aparatos de aire acondicionado de alta calidad; para desear la propiedad de un inmueble como algo “natural”. Y de este modo, naturalizar el dominio, a través, ya no de una creación de lenguaje, sino de una supresión del mismo, dirigida a mantener el tabú del dominio. Éste queda protegido, así, cada vez que un compañero o compañera tratan de espolearnos para que nos movilicemos contra las malas prácticas y tratos de un jefe o compañía y el resto nos quedamos callados; pero es sólo un ejemplo. Habría que buscar, y no sería difícil encontrar, las situaciones en las que, desde la escuela, el dominio se instala dentro de nosotros como un cáncer con el que deberemos convivir “desde la cuna hasta la sepultura”. No estamos hablando de teoría, sino de la práctica diaria y de la relación que establecemos (o que nos dejamos establecer) entre nosotras mismas, el lenguaje y el poder.

Todo esto tiene algo que ver con el concepto de autogestión. Gerentes de toda ralea han invadido los ayuntamientos y otros entes públicos y privados, haciéndose “responsables” de las vidas y recursos de otros y otras. Hasta las pequeñas asociaciones de comerciantes o de vecinos, y muchas cooperativas sin una vocación clara de transformación social (que las hay y muchas, aunque por fortuna esto está cambiando), se ven obligadas, cuando no lo hacen de buen grado, a dilapidar una enorme cantidad de energía y capital social en la “gestión económica” de sus entidades, de modo que en multitud de casos contratan a terceros que realizan ese trabajo (las famosas “gestorías” inmobiliarias que se han apropiado de la gestión de las comunidades de vecinos, por ejemplo). De tal manera que mucho dinero va a parar a las manos de estos “intermediarios” que hinchan precios y cuentas corrientes. La vida de barrio, que no hay que mitificar ni mucho menos, pero antaño tan llena de actos y lenguajes que no pertenecían al universo de la “gestión”, también se ha “financiarizado”: todo el mundo se ve obligado a prestar una atención inusual a sus “equilibrios presupuestarios” (léase “llegar a fin de mes”, en una versión profana de los libros de cuentas de las élites económicas).

La observación diaria de todos estos fenómenos, mediante los cuales el lenguaje y los actos de la “gente común” han perdido originalidad, creatividad y fuerza moral y material (lo que el historiador E. P. Thompson llamaba “economía moral” del pueblo), nos puede llevar a contraponerlos a otra alternativa existencial posible, y de hecho, real: la autogestión. A mucha gente no familiarizada con la tradición libertaria, con el lenguaje de los “comunes”, con la economía cooperativa e incluso con el marxismo más popular de los años 60 y 70, la palabra podrá sonarle a concepto meramente económico. Pero resulta que la autogestión es un concepto principalmente antropológico, es decir, a medio camino entre lo ideal y lo real, entre lo que pensamos y lo que hacemos: es una práctica y una teoría al mismo tiempo, es una cultura y es una acción, que se opone, punto por punto, a cualquier sistema social basado en la dominación desde arriba: económica, social, racial, patriarcal, e incluso, según se mire, también especista.

Existe la costumbre de utilizar el lenguaje de los economistas “profesionales” (léase “capitalistas”), costumbre tan arraigada que incluso llegamos a “gestionar” nuestras emociones, tal y como hacen los psiquiatras (y muchos psicólogos) que trabajan para las administraciones públicas. Utilizamos la palabra “gestión” como sinónimo de administración, dirección, es decir, dominio, ejercicio de autoridad. El gestor siempre es una especie o sub-especie de cargo. Si la miramos de determinada manera, la autogestión podría no significar sino un auto-dominio, es decir, un “ser uno mismo su propio jefe”. Es así como la definen algunos teóricos capitalistas. Pero esa es también la noción de “autónomo” que los gobiernos, y las grandes empresas, han promocionado, y no expresa el significado de transformación social que lleva adherido, desde sus primeros usos allá por los años 50, el concepto de autogestión. Para los teóricos capitalistas, autogestión tiene el sentido del “self-control”, en el sentido puramente individual, que le daría la ética protestante; también, a veces, encontramos una variante del “yo me lo guiso, yo me lo como”, un poco como pretenden que nos sintamos esos empresarios suecos que nos ofrecen que nos montemos, alegremente, nuestros propios muebles. Gobiernos y grandes empresas no necesitan la autogestión en sentido colectivo, pues quieren tener la certeza de que no nos vamos a organizar; de que no nos vamos a quejar, de que no tendremos convicciones políticas ni compromisos éticos más allá de los “tolerables” (familia, amigos…), sentido comunitario ni vocaciones que impliquen algún tipo de transformación en sentido social. De que no exigiremos un trato digno ni una excesiva voluntad de “pensar por nosotros mismos”. De que seremos “flexibles” y podremos desplazarnos por autopistas y rotondas allí donde nos necesiten (las rotondas son al tráfico rodado lo que las ETTs, llegadas en los años 90 a nuestro país, al mundo laboral: una forma de envolvernos en una rueda que nunca deja de girar, de acomodarnos a lo imprevisible, a lo que no podemos calcular, una forma de generalizarnos la ansiedad, de tratarnos como fichas de Monopoly sujetas a contratos temporales y turbulencias constantes). Por eso, de autogestión colectiva, no, ni hablar; ya quedó dicho en los pactos de la Moncloa que nunca podríamos pasar de largo de las instituciones existentes, preocupadas siempre por prevenirnos de actuar por nosotras mismas.

“Colin Ward recuerda que no existe ninguna teoría técnica que demuestre que la autogestión resulta imposible; lo que sí es una realidad, y que constituye un obstáculo para practicarla, son los intereses de privilegio creados en la distribución del poder y de la propiedad”. Como el mismo Ward afirmaba, cargado de una fina y juguetona ironía, las guerras, el poder económico, la explotación y el autoritarismo son “pequeños contratiempos” para la autogestión. Ésta ha existido, probablemente, desde siempre. El antropólogo Pierre Clastres, estudiando a las sociedades mal llamadas “primitivas” del Amazonas en los años 60, llegó a la conclusión de que la guerra fue inventada no por corporaciones burocráticas, o Estados, para conquistar más territorio o reafirmarse, sino por la propia población, para evitar que surgieran, dentro de las comunidades, estas corporaciones de individuos parasitarios cargados de privilegios que pretendían “gestionar” a personas y recursos desde sus aulas secretas. Lo cual nos lleva a la, tal vez, algo temeraria conclusión, de que debería existir algún tipo de contra-poder que haga posible la autogestión, alguna forma social primigenia que esté encargada de prevenir la emergencia de grandes concentraciones de poder como son los Estados, las multinacionales, los imperios, las monarquías, las dictaduras e incluso casi todas las repúblicas. El concepto que podríamos proponer es el de la autogestión entendida como el ejercer un control sobre todos los aspectos de nuestras vidas, en tanto que individuos-que-formamos-parte-de-una-comunidad, sin contar con ninguna autoridad superior, y sin convertirnos nosotras mismas en una autoridad superior. La autogestión no es, no debería ser, la absurda negación del poder y del liderazgo; implica, de forma diferente, la idea de dispersar el poder, como diría Raúl Zibechi, en múltiples “nódulos” o “nudos”. Ante la objeción que dice que siempre habrá un gran poder central dispuesto a aplastarnos en nuestras prácticas autogestionarias, debemos concluir que es una objeción más que razonable; la libertad para las comunidades de organizarse como mejor les convenga siempre será una libertad en peligro; y sin embargo, la autogestión se reproduce insistentemente: “El mundo contemporáneo está lleno de esos espacios anárquicos, y cuanto más éxito tienen, menos oímos hablar de ellos. Ni tan solo cuando se acaba violentamente con ellos nos llegan noticias de su existencia”.

La autogestión no sólo niega y combate la propiedad privada o estatal de los medios de producción. Marx puso demasiado énfasis en su idea de que la propiedad de los medios de producción era el origen de la dominación. La dominación reside, más profundamente, en la propiedad privada o estatal de los medios de decisión. Lo cual, en los regímenes más conocidos de inspiración marxista de la guerra fría, condujo inevitablemente a una dictadura de los dirigentes por encima de los ejecutantes y los productores. Es decir, que se re-creó la sociedad de clases en un nuevo sentido (lo que ya estaba contemplado en la teoría marxista como primer paso para el establecimiento de una sociedad sin clases). Por lo tanto, la expropiación de los medios de producción de las manos de sus poseedores burgueses no conduce por ella misma a una sociedad igualitaria. La revolución social en la Barcelona del 36, con sus errores, excesos y lacras, fue una revolución social que no se jugó sólo en la expropiación de los medios de producción, sino, y sobre todo, en el intento de expropiación obrera de los medios de decisión. Es curioso constatar cómo el proceso “estatalizador”, mediante el cual las instituciones burguesas republicanas y los nuevos partidos creados al calor de la situación se rehicieron y retuvieron el poder en sus manos haciendo frente a los avances revolucionarios, se jugó en gran medida en retener (o no) los medios de decisión: los medios de producción, colectivizados al principio de la guerra, fueron recuperados paulatinamente, mediante los decretos que iban un paso atrás respecto de las colectivizaciones. Debemos tener claro que la autogestión implica no sólo la posesión de unos medios para satisfacer necesidades humanas colectivas, sino la posesión de la toma de decisiones por parte de los y las mismas que producen y que consumen.

“¡Cómo!”, nos dirán nuestros jerarcas, “¡eso no es posible! Y de hecho, ya votáis cada cuatro años para que nosotros os gestionemos la vida”. David Graeber ha explicado la historia del voto en el siglo XIX como la de un mecanismo mediante el cual, de forma aparentemente paradójica, las élites europeas capitalistas despojaron el voto de su implicación realmente democrática mediante la idea de la representación política en lugares como los parlamentos. Despojar a la gente de la posibilidad de tener voz, y voto, en todo lo que les afecta. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podríamos votar en todo lo que nos afecta? A través de instituciones cercanas a la población. Antiguamente existieron los concejos abiertos; pero las asociaciones de vecinos, las cooperativas, las empresas y las tierras colectivizadas, incluso los municipios, concebidos no como delegaciones del poder estatal sino como su antítesis, son, hoy en día, posibilidades de acercar a la gente la gestión de los recursos locales. Actualmente, con una nueva y mucho más devastadora crisis del sistema estatal-capitalista asomando por el horizonte, las propuestas autogestionarias parecen las únicas que aportan aire al sofocante destino de las generaciones venideras. Las únicas que pretenden acostumbrar a la gente a pensar y actuar por sí misma, a organizarse sin contar con todos aquellos y aquellas cuya responsabilidad en la situación actual es palmaria y evidente. Que, como sabemos, son los menos. Para ello, hay que empezar por reapropiarnos del lenguaje, por abrir perspectivas socio-psicológicas para el común de las gentes. Derribar hábitos de pensamiento (y, por tanto, de acción, o de in-acción) instalados en el inconsciente colectivo desde las guerras europeas de 1936-1945.

Las costumbres mentales de la guerra fría persisten, pues, muchos años después de la caída de la URSS. La burguesía occidental sigue creyendo (o haciendo ver que cree) que la historia sólo tiene dos salidas: o la burguesía propietaria, es decir, ella misma (tratando, como hemos visto, de que todo el mundo la imite al moldear el lenguaje y los deseos humanos a su imagen y semejanza), o una improbable burocracia de partido y “dictatorial”. “O yo, o el abismo”, parece decirnos. El neoliberalismo como expansión cultural de la burguesía triunfante ha “confirmado” que la primera opción es la que vale (aunque también la ineficiencia de los partidos comunistas de todo el globo durante los años 70 y 80). La autogestión, como la entiendo aquí, viene a decirnos que este dilema es falso. La autogestión (con otros nombres) fue la gran derrotada de la guerra española y de la segunda guerra mundial. En aquellos tiempos estaba representada, en nuestro país, por la amplia adhesión del movimiento obrero español al anarquismo y al anarcosindicalismo en todas sus facetas. Hoy en día no podemos mirar a otro lado, fingiendo que no sabemos cuál es la palabra mágica que empieza por A. Es un paso para poner en evidencia cada vez para un público más amplio, que una práctica de la autogestión empieza por imaginar las posibilidades que se nos abren si optamos por reapropiarnos de los mecanismos de toma de decisiones. Pero eso no será posible si antes no nos reapropiamos del lenguaje, poniendo cabeza abajo el imaginario que nos han dictado, desde sus aulas secretas, los publicistas del régimen mundial.