Violencia machista
Dos años de cárcel para la presidenta de una asociación que ayuda a mujeres que sufren violencia machista

“Condenan a dos años de cárcel a la presidenta de la asociación de mujeres maltratadas Carla Vive por quedarse con dinero de las víctimas”. Con este titular el diario asturiano El Comercio anunciaba el pasado 18 de enero la sentencia dictada contra Paz Rodríguez, presidenta de la asociación Carla Vive, que atiende a víctimas de violencia machista en riesgo extremo en Asturias y allá dónde es requerida. Pero Rodríguez, que lleva cinco años ayudando a mujeres a comenzar una nueva vida lejos de sus maltratadores, quiere dejar claro que no se ha quedado con el dinero de nadie para beneficio particular. Y así se lo relata a El Salto, mientras insiste en que la condena por apropiación indebida que se refleja en la sentencia de la Audiencia Provincial de Gijón, que es firme, responde a la urgencia de ayudar a otras mujeres. Pero, para entenderlo, hay que retroceder hasta antes de la pandemia, en unos años en los que se disparan los casos de mujeres que necesitan ayuda y a las que hay que prestar socorro de manera inmediata.

Rodríguez, que preside una asociación que ha ayudado a más de 2.000 mujeres acompañándolas en todo su recorrido policial, judicial e institucional, relata que llegaron a un acuerdo con una promotora para obtener pisos provisionales para las mujeres que huyen de la violencia machista, que pasan un corto periodo hasta que son desplazadas hacia otros sitios, y para las víctimas que necesitan un hogar, debido a lo complicado que es obtener una ayuda institucional. Es así como llegaron a gestionar un paquete de pisos que, en las épocas en las que estaban vacíos, alquilaban a familias vulnerables. 

“En el 2017 y 2018 hay un repunte de casos de violencia de género en el que nos vemos obligadas a desplazar a muchas mujeres con una serie de gastos que hay que cubrir y nosotras lo cubrimos con ese dinero”

“En el 2017 y 2018 hay un repunte de casos de violencia de género en el que nos vemos obligadas a desplazar a muchas mujeres y buscarles la accesibilidad a la vivienda en otros lugares, dejarles la despensa llena… una serie de gastos que hay que cubrir y nosotras lo cubrimos con ese dinero”, explica mientras se ampara en un documento que demuestra que ninguno de los inquilinos sufrió ninguna consecuencia por esta decisión y que en 2019 ella se hizo responsable de esta deuda con la inmobiliaria. “No estuvo bien hecho pero yo reconocí la deuda y me comprometí a devolver el dinero. Los inquilinos estaban al corriente de pago, ninguno tuvo ninguna repercusión. Llegó la pandemia, fue imposible hacer frente a ese pago, y la promotora me denuncia por lo penal”, explica Rodríguez, quien relata que durante la pandemia fue imposible encontrar ninguna fuente de financiación ni ninguna ayuda para devolver ese dinero.

Gastos que no se pueden justificar

Según los datos del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGen) 1.017 mujeres viven en situaciones de riesgo alto o extremo a enero de 2023. Y esto son solo los que tienen registrados la policía y que, por tanto, cuentan con protección. La actuación de la asociación Carla Viva se centra en este tipo de casos, algunos sin ningún tipo de protección. “Cuando salimos de Asturias, salimos para sacarlas de donde están y llevarlas a otros sitios”, cuenta Rodríguez. La naturaleza de estos gastos, de los que por seguridad de las víctimas no se puede hacer pública más información, y su dificultad a la hora de justificarlo ante el juzgado es el principal obstáculo que se ha encontrado Rodríguez en este proceso judicial.

“No se podía acreditar porque se podía poner en peligro a las víctimas. No tuvo nunca ningún elemento de defensa, desde el minuto cero ella lo reconoció pero no se quedó con dinero de las víctimas, no perjudicó a nadie”

“No se podía acreditar porque se podía poner en peligro a las víctimas. No tuvo nunca ningún elemento de defensa, desde el minuto cero ella lo reconoció pero no se quedó con dinero de las víctimas, no perjudicó a nadie”, insiste la abogada de Rodríguez, Alejandra Soto quien explica que la sentencia, de dos años de prisión, implica además el abono de la cantidad de 17.000 euros. Todo esto fruto de un acuerdo de conformidad al que llegaron las partes “ante la posibilidad de que Paz pudiera entrar en prisión. El acuerdo fue de solicitar la suspensión de la pena a cambio de que ella vaya pagando la deuda, 400 euros al mes. Si ella no puede pagar esa deuda le van a quitar la suspensión de la pena", advierte Soto.

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Paz Rodríguez, presidenta de una asociación que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género en pareja, ha sido condenada a 20 días de arresto domiciliario.

Se da la circunstancia de que Paz Rodríguez ya fue condenada a 20 días de arresto domiciliario en octubre de 2018 tras una declaración en sede judicial, por tanto cuenta con antecedentes.  “Nos estáis dejando pocas soluciones a las mujeres y las pocas que nos quedan no os van a gustar” dijo Paz a la jueza, durante la declaración por videoconferencia en un juicio contra la activista, denunciada por un presunto agresor por injurias en las redes sociales.

“Nosotras ayudamos a mujeres y lo vamos a seguir haciendo”, asegura la activista quien denuncia que en un contexto de un movimiento antifeminista y negacionista de la violencia machista en auge, “todo esto lo utilizan como arma arrojadiza contra nosotras pero yo personalmente tengo la conciencia tranquila, sigo creyendo en la labor que hago y lo voy a seguir haciendo”, zanja.