Derecho a la vivienda
Una leyenda del fútbol, un desahucio y un vacío legal: cuando la ley no te protege pero tus vecinas sí

Son las 9h y los vecinos del casco viejo de Barcelona se amontonan en el portal número 32 de la calle Portal Nou. Desenrollan dos grandes pancartas y comienzan a gritar que se producirá un desahucio inminente. Hay ánimos, pero también mucha tensión. “Lo más probable es que hoy se ejecute”, le comenta un joven a otro. Ambos llevan los petos rojos del sindicato de vivienda del barrio, del que la familia afectada forma parte.

Izza Astati entró a vivir en el piso pendiente de desalojo en 2021 junto a su hija, menor de edad, y su hermana, con un trastorno mental grave. La vivienda, de apenas 20 m2, sin ventilación y con la estructura gravemente afectada por grietas y humedades, había sido ocupada dos años atrás: “Entré buscando un hogar para mí, mi hermana y mi hija. Yo no quiero ocupar, quiero alquilar, llevo meses buscando un acuerdo pero el propietario no quiere, todo este tiempo he estado luchando por algo mejor”, cuenta la afectada.

El Sindicat de Habitatge del Casc Antic le ha acompañado desde el inicio del caso y se encontraba a su lado en su segundo lanzamiento, que ha tenido lugar este pasado jueves: “Cuando Izza entró en el piso ya había un procedimiento abierto, así que llamamos a la abogada de la propiedad y le propusimos hacer un alquiler social, pero querían deshacerse del piso y venderlo”, señala su portavoz. En este sentido, la situación de extrema vulnerabilidad acreditada por Astati no ha sido suficiente para que el arrendador cediese: “El propietario se ha negado en todo momento a negociar una salida pactada y que Izza tuviera tiempo para tramitar un piso de Servicios Sociales después de entrar en la Mesa de Emergencia. Tampoco han aceptado un pago de cuotas por parte del Ayuntamiento”, añaden.

La vivienda es propiedad de Inversiones Angeland S.L., una empresa dedicada al alquiler de bienes inmuebles administrada por Albert Ferrer Llopis desde 2013, cuyo objeto social reside en la organización, realización y producción de todo tipo de actividades relacionadas con la imagen “deportiva o no deportiva” de sí mismo

La vivienda es propiedad de Inversiones Angeland S.L., una empresa dedicada al alquiler de bienes inmuebles administrada por Albert Ferrer Llopis desde 2013, cuyo objeto social reside en la organización, realización y producción de todo tipo de actividades relacionadas con la imagen “deportiva o no deportiva” de sí mismo. Ferrer, apodado ‘Chapi’, es una leyenda del Barça, conocido por su pasado en el ‘dream team’ de la década de los noventa. Sin embargo, en los últimos años se ha dedicado al negocio inmobiliario, registrando también bajo su nombre la entidad Alfellop Inmobiliaria S.L.

La revocación de su cargo a favor de Maria Eugenia Saez —anteriormente apoderada— en Inversiones Angeland S.L se produce en 2021, año en el que se inicia el procedimiento judicial contra los convivientes de la propiedad. Aún así, el Sindicat de Habitatge de Casc Antic señala su participación durante el proceso de negociación. Ante estas afirmaciones, la propiedad no ha realizado declaraciones a El Salto sobre el papel de Ferrer en el procedimiento ni sobre el caso en general y tampoco se ha presentado en esta última convocatoria de desahucio.

Vacíos legales para los propietarios o cómo esquivar la moratoria de desahucios

No es el primer intento de desalojo de la familia que se suspende gracias al movimiento vecinal: el anterior tuvo lugar el pasado 4 de julio, momento en el que fuentes municipales aseguraron en la mediación con los colectivos sociales que la propiedad “habría realizado una ‘triquiñuela’ para pasar como pequeño propietario a ojos de la justicia”, haciendo referencia a algunas estrategias habituales de los grandes propietarios para esquivar requerimientos legales que protegen a los ocupantes del inmueble. En este caso, la normativa autonómica reclama a los grandes tenedores —aquellas personas jurídicas con más de diez viviendas en el territorio estatal— ofrecer un alquiler social si la adquisición o compraventa de la vivienda afecta a los ocupantes en riesgo de exclusión sin alternativa residencial propia.

Sin embargo, Laura J. Díaz, técnica jurídica de vivienda en Barcelona y asesora en el caso, señala la evasión de estas obligaciones y sus derivadas garantías sociales en este caso: “Aquí [Ferrer] tiene unos cuantos pisos en una empresa que está a su nombre, otros que está a una empresa a nombre de su mujer… Desmembrar estas propiedades en grupos más pequeños les permite hacer como si no fueran grandes tenedores, aún recibiendo los beneficios propios de serlo”. Otra práctica señalada por Díaz y generalizada en el sector, es la creación de sociedades cuyas características no se incluyen en los supuestos aplicables de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Fuentes municipales aseguraron en la mediación con los colectivos sociales que la propiedad “habría realizado una ‘triquiñuela’ para pasar como pequeño propietario a ojos de la justicia” en el anterior intento de desahucio, también frenado por el movimiento por la vivienda

A pesar de su polémica efectividad, otra de las vías de protección destacada es la moratoria de desahucios estatal, vigente hasta el próximo 31 de diciembre. En ella, se contemplan medidas urgentes para la población en situación de vulnerabilidad derivada de la crisis del coronavirus. Sobre el papel, se prevé la suspensión de los desahucios en varios supuestos, como el cuidado de una persona dependiente o menor de edad, aplicable al caso de Izza. Sin embargo, en la práctica no siempre se materializan estas garantías. “Existe una disparidad de criterios muy amplia a la hora de aplicar la moratoria, algunos jueces pueden decirte que sí y otros que no. En el caso de Izza, no se lo han aplicado porque entró al inmueble ya después del Estado de Alarma”, indica Díaz. 

La imposibilidad de acceso una vivienda digna: la punta de iceberg de un problema estructural

¿Qué alternativas reales tiene alguien que se encuentre en la situación de Izza? Aunque diversos colectivos sociales han denunciado esta semana las actuaciones del departamento municipal de Habitatge debido a la falta de recursos residenciales, el colapso del sistema de realojamiento en Barcelona y la costumbre de “reclamar a las vecinas la entrega de llaves antes de ser desahuciadas” —como ha denunciado públicamente la CUP—, el Ajuntament ha indicado a El Salto que las afectadas tendrán “un recurso municipal disponible” cuando se ejecute su lanzamiento. “El Ayuntamiento está permanentemente actuando con casos de desalojos desde su servicio de la Oficina Antidesahucios y desde los Servicios sociales”, afirman.

“Aquí [Ferrer] tiene unos cuantos pisos en una empresa que está a su nombre, otros que está a una empresa a nombre de su mujer… Desmembrar estas propiedades en grupos más pequeños les permite hacer como si no fueran grandes tenedores”

El problema, de acuerdo con los movimientos sociales convocados este pasado jueves, reside en la calidad del recurso ofrecido en sí, pues en el caso de la familia afectada, esta cuenta con un informe médico al que ha tenido acceso El Salto, que destaca la necesidad de permanecer en un ambiente estable y familiar. “Lo único que nos ofrecían era una pensión y no lo consideramos una alternativa digna porque suelen ser habitaciones compartidas con más familias. Si tienes suerte puedes conseguir una habitación para ti y tus hijos, pero solo con una cama para todos. Además, estas pensiones tienen horas de entrada y salida, por lo que no puedes pasar el día ahí, no tienes cocina… y puedes compartir el espacio o bien con otras familias o también con personas con problemas con las drogas o problemas para relacionarse”, señalan desde el Sindicat de Habitatge del Casc Antic. 

Una precarización sostenida de los servicios públicos que otros colectivos presentes en el desalojo vinculan a la saturación de las administraciones, la crisis de refugiados ucranianos y las limitaciones de las políticas de vivienda. “En general, las instituciones se sitúan del lado de la propiedad, ofreciendo alternativas cada vez más precarias y menos opciones a largo y medio plazo. Se obliga a las personas a pasar por un laberinto burocrático que las victimiza y las obliga a demostrar sus niveles de precariedad al máximo para acceder a alternativas indignas”, señalan desde el Sindicat de Habitatge del Raval. “La única herramienta que tenemos como clase para garantizar que todo el mundo tenga una vivienda es organizarnos en el sindicat, ya que las instituciones están sometidas a la lógica capitalista y tienen unas políticas que no cuestionan el sistema y, por tanto, tampoco lo pondrán cambiar”.

Finalmente, la comitiva judicial ha decidido suspender el desahucio de Izza y su familia hasta el 20 de septiembre, tras una convocatoria que ha reunido a más de 50 personas en pleno mes de julio. Una victoria del movimiento por la vivienda en Barcelona que evidencia su capacidad de resiliencia tras meses donde las medidas represivas se han acentuado, llegando a acumular más de 206.000 euros en multas por la Ley Mordaza.