Derecho a la vivienda
El Constitucional tumba la regulación catalana de alquileres

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al recurso presentado por el PP contra la ley catalana de alquileres y ha tumbado varios de sus artículos principales. La medida supone para el Sindicat de Llogaters de Catalunya, impulsor de la medida junto con 4.000 entidades sociales, “una bomba para miles de familias que ahora quedan desprotegidas”.

Según todos los miembros del alto tribunal, siete artículos y dos disposiciones adicionales de la ley son inconstitucionales al determinar que invaden competencias estatales. Una posición que choca con el dictamen reciente del Consejo General del Poder Judicial, donde atacaba la Ley de Vivienda que hoy entra en el Congreso por legislar sobre vivienda, una materia en su opinión exclusivamente autonómica. 

Los artículos tumbados son el núcleo de la ley catalana de alquileres, ya que regulan la calificación de zonas tensionadas, condición imprescindible para poder congelar los precios de los alquileres y obligar a bajar las rentas que superan el índice catalán de referencia. 

Última llamada para salvar la Ley de Vivienda

Martín Cúneo

Ley de Vivienda

Especulación inmobiliaria Última llamada para salvar la Ley de Vivienda

Martín Cúneo

La Ley de Vivienda llega al Congreso con un texto duramente criticado por la PAH y los sindicatos de inquilinos. Los partidos del bloque de investidura asumen parte de las demandas sociales para mejorar la ley a las puertas de una nueva crisis social de consecuencias imprevisibles.

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La norma, que en septiembre cumplió un año, se aplicó en un principio en 60 municipios catalanes, aquellos más afectados por la especulación inmobiliaria, y se renovó en 57 de ellos, entre ellos Barcelona (BComú), Badalona (PP) y L’Hospitalet de Llobregat (PSC). Al mismo tiempo otras 25 localidades se adhirieron a la norma.

Esta experiencia de vanguardia en la regulación de los alquileres había demostrado, según varios estudios, ser eficiente no solo para contener los precios —que bajaron más del doble que en los municipios no adscritos a la ley—, sino que la oferta de pisos subió desde su aplicación.

Según el Sindicat de Llogaters, más de 160.000 inquilinos se ha favorecido de la medida y la caída del precio de los alquileres en los municipios afectados llegó al 5%.

Uno de los puntos clave de la Ley de Vivienda que comienza este 10 marzo su viaje parlamentario es precisamente buscar fórmulas que permitan proteger la ley catalana frente a la arremetida de la derecha judicial y el lobby inmobiliario. Con los apoyos contados para aprobar el proyecto de ley, este tema será clave en el periodo de enmiendas parciales, donde ERC y otros partidos del bloque de investidura exigirán una ley que ampare los avances conseguidos en territorios como Catalunya.