Derecho a la vivienda
El dictamen de la ONU que puede allanar el camino a la ley madrileña por el derecho a la vivienda

El 26 de junio la asamblea de Madrid validó las 76.000 firmas recogidas por las organizaciones que impulsan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) madrileña que pretende blindar la vivienda pública frente a su compra por parte de fondos buitres y obligar a los bancos a ofrecer un alquiler social antes que desahuciar. Tras el parón de agosto, el grupo promotor (formado por las Plataformas de Afectados Por la Hipoteca, la Asociación Libre de Abogados y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) espera que el texto de la ley llegue al Parlamento regional para ser discutido (y aprobado). Para ello cuentan con un reciente aliado: el dictamen de la ONU contra los desahucios sin alternativa que ha sido tenido en cuenta parcialmente por el Ayuntamiento de Madrid.

El texto superó un primer escollo que los promotores temían especialmente: la mesa de la Asamblea de Madrid, que debía tener en cuenta el informe del Gobierno regional de Cristina Cifuentes (PP) valorando la compatibilidad de la ILP con el proyecto de Presupuestos regionales para 2018. Dicho informe no ha sido emitido, ni en un sentido ni en otro, y al equipo de Cifuentes se le ha pasado ya el plazo para presentarlo a la mesa. Pero el Gobierno regional todavía tiene hasta el 29 de septiembre para emitir otro informe sobre la viabilidad jurídica de la propuesta y su adaptación a las competencias regionales en materia de vivienda. Es aquí, fuera del debate técnico presupuestario, donde el dictamen de la ONU puede ayudar.

Dada la relación de fuerzas parlamentaria, descontado el rechazo del PP para que la ILP pueda aprobarse tienen que estar de acuerdo los otros tres grupos representados en el Parlamento autonómico. Podemos y PSOE ya han anunciado su apoyo a que el pleno de la Asamblea tome en consideración la iniciativa. Ciudadanos ha anunciado que no se pronunciará hasta que se conozca la visión del Gobierno regional sobre el encaje legal de la ILP. Ante un previsible 'no' del PP, los impulsores están preparando el contrainforme, para el que el toque de atención de la ONU a España puede ser especialmente útil para convencer a Ciudadanos.

Las organizaciones impulsoras de la campaña han convocado una manifestación por el derecho a la vivienda para el 7 de octubre

En declaraciones a El Salto, Alejandra Jacinto (PAH), una de las portavoces de la campaña, deja claro que “la iniciativa tiene pleno anclaje jurídico, no nos hemos sacado las cosas de la manga”. Aún así, Jacinto teme que las observaciones del PP afecten “a conceptos básicos de la ILP como la consideración de la vivienda como un derecho humano”. El 20 de junio, el Comité Desc (Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas) de la ONU no sólo se pronunciaba sobre el caso concreto motivo del litigio (una familia madrileña desahuciada en 2013 sin ninguna alternativa por parte de las administraciones), sino que establecía claramente que la obligación de proporcionar una alternativa adecuada y digna correspondía a todas las administraciones, incluidas las regionales y las locales. Hasta ahora, los argumentos del Gobierno central del PP para llevar ante el Constitucional las leyes de vivienda que la PAH ha impulsado de diversas formas en los parlamentos autonómicos (como la 24/2015 catalana) han aludido a la supuesta falta de competencias de las autonomías para regular aspectos relacionados con el acceso a la vivienda.

Como explica en El Salto Javier Rubio, también abogado de la PAH y letrado que preparó el litigio estratégico que ha provocado el posicionamiento de la ONU, “el Comité DESC de Naciones Unidas es competente desde 2013 para resolver sobre casos de violación de los derechos sociales recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-DESC)”. Sus dictámenes son de obligado cumplimiento para los Gobiernos, algo que refuerza la posición de la ILP. Por último, la reciente resolución del Ayuntamiento de Madrid, que acatará el dictamen de la ONU en los desalojos de viviendas de propiedad municipal, da un pequeño espaldarazo a la ILP al citarla expresamente como una alternativa legal que permitiría actuar a las administraciones para acabar con los desahucios. “Que la decisión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) otorgue legitimidad a una fuente de derecho que todavía no existe, que es la ILP que tenemos en marcha, le da carta de naturaleza. Tiene visos de ser un instrumento jurídico para no continuar desahuciando”, señala Jacinto.

La otra pata para impulsar la ILP será la calle. Las organizaciones impulsoras de la campaña han convocado una manifestación por el derecho a la vivienda para el 7 de octubre que culminará en un concierto en la plaza de las Vistillas, con las actuaciones de Nacho Vegas, Javier Álvarez y Criaturas del Aire y El Coleta, entre otros. Para mañana jueves tienen previsto entregar a los diputados regionales cartas personales con el testimonio de hogares que han pasado o están pasando por un proceso de desahucio. “El precedente de la EMVS es que las movilizaciones están teniendo resultados, no sólo en torno al texto mismo de la ILP sino también parando desahucios todas las semanas”, concluye Jacinto.