Derecho a la vivienda
Una nueva resolución judicial cuestiona la legalidad de los desalojos exprés

Desde hace más de 20 años Francisco López vivía en un piso de Telde (Gran Canaria) con sus dos hijas de 14 y 16 años. El piso siempre había pertenecido a la familia, pero problemas económicos hicieron que lo perdiera y fuera vendido en una subasta por 72.000 euros este verano.

Los nuevos propietarios intentaron negociar con López y le ofrecieron dinero, pero su situación de precariedad le impidió encontrar otra vivienda que pudieran pagar con los cerca de 500 euros que ingresaba al mes. Entonces fue cuando los propietarios contrataron los servicios de Power Seguridad para intentar echar a la familia, según el relato de Canarias7.

Según las denuncias que presentó Francisco López tras el desahucio extrajudicial del 24 de enero, la compañía, que incluye un servicio de “desalojos express”, los expulsó de “malas formas”, con insultos, extorsiones, engañando a su hija pequeña para entrar en la vivienda y cambiar la cerradura. 

El juez ha permitido que la familia desahuciada vuelva al piso y ha dictado una orden de alejamiento al propietario,  que podría ser responsable de allanamiento de morada y coacciones por contratar una empresa de desalojos express

El pasado 5 de febrero el juez del caso permitía la vuelta de la familia desahuciada y obligaba al propietario a abandonar el piso. De no hacerlo, señaló la justicia, estaría cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad. El juez también ha interpuesto una orden de alejamiento al propietario, quien no podrá acercarse a la vivienda ni a la familia de López hasta que concluya el proceso judicial. El propietario, al contratar los servicios de desalojo extrajudicial, podría ser responsable de allanamiento de morada y coacciones. 

“Un hito aquí en Canarias. Hemos sentado precedente dado que este tipo de casos se suelen archivar”, decían los abogados de la familia. “Yo sé que me tengo que ir porque ya no es mía la casa, pero que las cosas se hagan por ley”, decía en Teldeactualidad López, ya de vuelta en el piso que le había dejado su tía en usufructo.

Desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canarias (SIGC) criticaban que la empresa señalada como responsable, Power Seguridad, reciba contratos de las administraciones públicas. Según reconocen en su web, esta empresa de seguridad trabaja con el Cabildo de Gran Canaria, la Manconunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, entre otras instituciones públicas, algo que desde el SIGC califican de “poco ético”. Desde este sindicato acusan al tripartito canario, formado por PSOE, Unidas Podemos y Nueva Canarias, de “firmar contratos con empresas de desokupación”.

Para el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria resulta “poco ético” que empresas que realizan desalojos express firmen contratos con las administraciones públicas para tareas de seguridad

La polémica ya había estallado la semana pasada cuando este sindicato de inquilinas denunció públicamente que otra empresa del sector, Desokupa Canarias, recibía dinero europeo a través del Gobierno canario.

“No es sólo que los propietarios se salten la Ley contratando a empresas que emplean métodos que pueden ser constitutivos de delito y que dejan a muchas familias sin garantías legales. Es que el propio Estado y partidos supuestamente de izquierda los financian. Es gravísimo”, denuncian desde el SIGC.

El Gobierno canario subvenciona con dinero europeo a Desokupa

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda El Gobierno canario subvenciona con dinero europeo a Desokupa

Martín Cúneo

El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria denuncia que la empresa de seguridad privada ha recibido dinero del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, gestionado por el tripartito de PSOE, Podemos y Nueva Canarias.

Derecho a la vivienda Un extrabajador denuncia que Desokupa es una organización criminal “que delinque para enriquecerse”

Esta sentencia que cuestiona los desalojos express extralegales se produce apenas unas semanas después de que la Fiscalía Provincial de Valencia decidiera imputar con dos delitos de allanamiento de morada, cuatro de coacciones, uno de abuso sexual y cuatro de lesiones por echar por la fuerza a cuatro personas que vivían en dos viviendas en Valencia sin tener contrato. La justicia pide 12 años de cárcel para tres ‘desokupas’ y 14.000 euros para el propietario que contrató los servicios de la empresa.