Referéndum del 1 de octubre
Giro constituyente frente a la involución democrática

Estamos a menos de una semana del referéndum del 1 de octubre en Catalunya que, se celebre o no y sea o no un referéndum o una movilización, va a marcar un antes y un después en la estructura del Estado a la cual no somos indiferentes el resto de la ciudadanía.

En primer lugar porque los últimos acontecimientos, así como la respuesta judicial y represiva amenazan con retrotraer nuestros derechos y libertades a épocas anteriores. En el clima de derechización progresiva visible en otros países europeos de nuestro entorno, ¿por qué no pensar que estamos en una deriva hacia una mayor derechización, que seguiría a la merma de derechos sociales y a la precarización que han impuesto las políticas neoliberales?

En este momento el conflicto se centra básicamente en la “cuestión nacional” pero podría ampliarse a los conflictos sociales que siempre, querámoslo o no, van ligados a los nacionales. Si las medidas funcionan, ¿desaparecerán inmediatamente después del 1-O o se mantendrán hasta que la situación en Catalunya esté completamente pacificada?, ¿recobrará la Generalitat las competencias perdidas o entraremos en una fase de dilatación del conflicto en espera de que las gentes se cansen de las movilizaciones y vuelvan a sus casas?, ¿dudará el Gobierno del PP en utilizar esos mismos medios ante conflictos de orden social donde pudiera haber desobediencia institucional por parte de otras instituciones?

Todas esas preguntas, de respuesta incierta, nos avisan de que podemos estar ante un giro de restricciones democráticas por parte de un Gobierno en minoría que usará todas las armas a su alcance para mantenerse en el poder.

No estamos siendo conscientes de este envite. A los ciudadanos de Madrid como a tantos de otras partes de España, el tema catalán les pilla a contrapié. La independencia suena a algo exótico a principios del siglo XXI. Parece que cualquier población debería tener derecho a hacer un referéndum “dentro de la ley” pero como la ley o la Constitución no lo permiten, muchos conciudadanos se quedan tranquilos con el argumento de que “las leyes están para cumplirlas”.

Deberíamos ser capaces de entender que instituciones reforzadas de autonomía en Catalunya y en otras partes del país no es una medida que atente contra los derechos de la población del resto de España

Que eso lo diga un Gobierno que se caracteriza por hacer la ley a su medida es especialmente sangrante. Pero retrocedamos un poco.

El derecho de autodeterminación, que ampararía la realización de un referéndum, estaba incluido en todos los programas de la izquierda durante el anti-franquismo y es un derecho colectivo ampliamente reconocido. Derecho de autodeterminación no sólo en el caso de las antiguas colonias sino en el de territorios anexionados en épocas pretéritas; un caso paradigmático sería Irlanda. Las nacionalidades históricas españolas tales como País Vasco, Catalunya o Galicia entrarían en esa categoría, incluso posiblemente una región tradicionalmente maltratada como Andalucía.

Pues bien, en las negociaciones pactadas que dieron lugar a la Constitución, ese derecho no se incluyó. Podría haberse hecho pero no se hizo, invocando para ello la premura de sancionar una Constitución que diera por finalizada la Transición y proporcionara cierta estabilidad. Desde entonces han pasado casi 40 años y el tema no se ha resuelto. Acudir ahora a que la Constitución no lo reconoce es una obviedad, pero hay que preguntarse por qué. Y la respuesta está en las transacciones y debilidades de la Transición, no en que de suyo sea inconstitucional.

La otra crítica suele ser que antes de convocar un referéndum unilateral hay que buscar un cambio en la Constitución. Aparentemente la objeción es correcta pero también aquí no tiene en cuenta la relación de fuerzas. Si la mayoría de la Cámara se niega reiteradamente a esta reforma, es imposible que salga adelante. Y eso no es debido a que la Constitución no pueda reformarse. La prueba la tenemos en la reforma del artículo 135 que se aprobó en pleno verano y a marchas forzadas. La cuestión es que la estructura territorial es un tema complicado, que los grandes partidos del régimen están de acuerdo en no tocar. Sin el concurso de alguno de ellos es imposible sacarlo adelante.

Ese bloqueo ha producido un efecto indeseado, el de que una mayoría de la población catalana se despegue cada vez más de un Estado al que no ve capaz de enfrentar un problema que para ellos es capital: la necesidad de aumentar las competencias de un gobierno autonómico que ha sido hábil en cargar sobre la Administración central todas sus deficiencias.

Verdad o mentira, los ciudadanos catalanes están convencidos de que si los trenes son un desastre es porque Renfe no se ocupa de ellos, que si el corredor del Mediterráneo no avanza es porque desde Madrid se bloquea, que si hay recortes es porque el Gobierno central y el Parlamento, donde los nacionalistas están en minoría, se lo imponen. En fin, que si en este país hay una monarquía borbónica es porque las oligarquías nacionales, incluidas las catalanas, muchas de ellas de origen franquista, la sostienen. La república, aunque reducida a Catalunya, les parece una solución mejor que el régimen actual.

A ello se une un giro oportunista de la derecha catalana que intenta hacer olvidar de ese modo sus corruptelas y su dominio indiscutido durante los últimos veinte años. El PdCat, antigua Convergència, pretende que su adhesión al nacionalismo haga olvidar su ejercicio del poder en beneficio exclusivo. Su desplome no beneficia a la derecha, porque no hay otra derecha catalana, ni tampoco a una derecha españolista como Ciudadanos, –el PP es irrelevante en Catalunya– sino que aumenta la brecha entre aquella parte de la población que se alinea en la defensa de sus instituciones propias, una mayoría de catalanes y catalanas, y aquella otra que sigue a las Instituciones del Estado y del Gobierno central, una mayoría de españoles del resto de la península.

Como ciudadanos y ciudadanas de Madrid, ¿en qué nos beneficia la intransigencia del Gobierno de Mariano Rajoy?

Con lo que la divergencia es manifiesta: el PP que gobierna en el Estado es minoría en Catalunya, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) que tiene allí gran predicamento y que es tan republicana como nacionalista, no existe en el resto. La CUP tampoco se parece a Podemos. A excepción de los socialistas, y cada vez menos, no hay ningún partido fuerte en el conjunto del Estado que lo sea también en Catalunya y a la inversa, lo que acentúa su diferencia e incrementa el enfrentamiento. Sin embargo deberíamos ser capaces de romper esa dinámica y entender que generar instituciones reforzadas de autonomía en Catalunya y en otras partes del país no es una medida que atente contra los derechos de la población del resto de España. Si va acompañada de medidas democratizadoras puede incluso ser un acicate para transformaciones más amplias.

Desde Madrid todo esto puede parecer una locura colectiva pero no lo es menos que la de tantos conciudadanos que consideran que debemos hacer piña con el Gobierno simplemente porque Madrid es la capital del Estado y la sede del Gobierno.

Como ciudadanos y ciudadanas de Madrid, ¿en qué nos beneficia la intransigencia del Gobierno de Mariano Rajoy?, ¿por qué no han abordado nuestros políticos la situación en los muchos años desde la aprobación de la Constitución y en los últimos más de diez desde la aprobación por referéndum en Catalunya de la reforma del Estatuto?, ¿acaso piensan que los tres millones de catalanes y catalanas que se están movilizando en las calles van a desaparecer después del 1-0?, ¿por qué debemos alinearnos con la defensa de una postura intransigente que no tiene en cuenta los derechos individuales y colectivos de una parte importante de la población y celebrar las medidas restrictivas en curso?

Se dice también que en Catalunya los ciudadanos y ciudadanas que no están conformes con el programa nacionalista están silenciados y amordazados. Tal vez sea así pero también en el resto de España la minoría republicana está silenciada y amordazada con el agravante de que el debate sobre la forma de Estado nunca se puso sobre la mesa. ¡Parece que ha llegado el momento de hacerlo!

Es tiempo de que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid y otras zonas del Estado dejemos de ser espectadores e intervengamos en el sentido de exigir más democracia y no menos. Se impone abrir un proceso constituyente que ponga a debate la forma de Estado y el contenido social del mismo. Lo peor que podría pasarnos es que estas medidas coyunturales se transformaran en duraderas y se generalizara el uso de medidas intervencionistas para acallar cualquier desobediencia. Y que, por reacción, una parte de la población española defendiera posiciones autoritarias por miedo a la crisis y al caos. No nos lo podemos permitir, especialmente en un momento en que enfrentamos una fuerte derechización de otros países europeos y una más que previsible continuación de una crisis que lleva más de diez años. Se impone un giro constituyente frente a la involución democrática.