Referéndum del 1 de octubre
Setenta observadores vigilarán el respeto a los derechos humanos en torno al 1-O

Detenciones e identificaciones injustificadas, intervención de envíos de correos y registros son algunas de las violaciones de derechos civiles y políticos sufridas por los ciudadanos, especialmente en Catalunya, a raíz de la convocatoria del referéndum del próximo 1 de octubre.

Desde la campaña #SomDefensores, en la que participan las organizaciones Novact, Iridia, el Institut de Drets Humans de Catalunya, lafede.cat y el Grup de Periodistes Ramón Barnils han recopilado en un informe de 29 páginas, elaborado por el abogado Jordi Palau-Loverdos, los distintos episodios de violaciones de derechos que han tenido lugar desde el 9 de septiembre.

El informe será entregado ante la Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el presidente del Parlamento Europeo, la Defensora del Pueblo Europeo, el Defensor del Pueblo español y el Síndic de Greuges.

“Es un informe muy exhaustivo de hechos muy graves, hemos visto que era imprescindible dada la magnitud de los hechos que están sucediendo”, explica a El Salto la abogada Anais Franquesa, quien subraya que este informe no está aún cerrado. “Hemos presentado lo sucedido en las últimas semanas, pero vamos a seguir monitorizando todo lo que suceda hasta el 7 de octubre”. Entonces, desde Som Defensores entregarán un nuevo informe a las instituciones internacionales.

El informe cataloga los distintos ataques a derechos entre los relacionados con el derecho a un proceso justo y equitativo, y a la tutela judicial efectiva; el derecho a la vida privada y a la correspondencia; a la libertad de pensamiento y manifestación de convicciones; a la libertad de expresión, opinión, de recepción y comunicación de informaciones e ideas; y al derecho a la libertad de reunión pacífica.

Relata las violaciones de derechos ocurridas desde que el pasado 9 de septiembre la Guardia Civil se personó, por primera vez –seis días después volvería a registrar el mismo local: en la imprenta Indugraf, en Constantí, y en el semanario El Vallenc en busca de material propagandístico del referéndum hasta que, el pasado 27 de septiembre, el Ayuntamiento de Barcelona denegó el permiso para la celebración de un acto público solicitado por la Asociación de Vecinos Vallvidera-Mont d’Orsà, relacionado con el referéndum, el mismo día de su celebración.

Según ha señalado hoy en la presentación del informe Eli Borreda, del Grup Ramón Barnils, en el último mes se han recogido 64 agresiones al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Desde Som Defensores han anunciado que también se ha preparado un dispositivo de más de 70 observadores que vigilarán en Barcelona más posibles violaciones de derechos humanos. También un grupo de 60 abogadas y 25 psicólogas organizará la asistencia legal y psicológica a personas que durante la jornada puedan sufrir violencia institucional.

“Ya hemos informado a Delegación de Gobierno de este dispositivo para que garanticen que puedan realizar su tarea con seguridad”, anuncia Franquesa, quien resalta que el rol de observadores viene avalado por la ONU desde 1979.